Nos
encontramos en la actualidad en una sociedad en conmoción, donde se tergiversan
sus principios y valores éticos, sociales, políticos y jurídicos esenciales
para su viabilidad, la conservación de su equilibrio, su racionalidad y su
sentido colectivo, propio de cualquier nación civilizada y que, en nuestro
caso, se define en lo político, como republicana, democrática y basada en el
derecho y que aspira, según el Preámbulo de la Constitución, a la
libertad, la independencia, la solidaridad,
el bien común y la paz, para asegurar: "la convivencia y el imperio de la
ley para esta y las futuras generaciones".
Igualmente,
proclamamos ser un país soberano, defensor de su: "integridad
territorial" y garante de los derechos ciudadanos, que además reconoce
formalmente el derecho a la vida, a la cultura, a la educación, a la justicia
social y a la igualdad: "sin discriminación", entre otros.
El
drama de la sociedad venezolana es que no obstante la categórica declaración de
fines, objetivos, derechos y deberes, la
realidad es muy distinta en virtud del rumbo equivocado hacia donde se
dirige a la nación.
Se
ha perdido la noción de fundamental de las responsabilidades públicas y los
deberes ciudadanos, para salvaguardar los principios éticos y políticos
indispensables que se vinculan con los bienes sociales más estimables.
Si
se atenta contra la independencia y la soberanía del país en todas sus
manifestaciones, contra nuestra integridad territorial y moral, se desconoce la
esencia misma de la forma política republicana, el deber de un gobierno en
materia de defensa nacional y el acatamiento a los intereses nacionales, todo
lo cual puede configurar actos de traición contra la patria misma y otros males
de imprevisibles consecuencias para nuestro país.
Además,
se observan peligrosas actitudes que pueden llegar a tipificar distintas formas
de delitos contra la sociedad y en cuya realización se perturba y destruye, en
consecuencia, el orden económico y social, afectando el bienestar del país.
La
ofensa, la amenaza, el odio destructor como formas de expresión política, son
actos propiciatorios de situaciones que fomentan la alarma y la zozobra
colectiva que puede degenerar en gravísimos hechos.
La
vulneración del derecho de propiedad, que no obstante su contenido individual,
tiene un importante alcance y estrecha vinculación con otros igualmente
previstos, repercute seriamente en la estabilidad del régimen económico y
social que se fundamenta en la iniciativa privada, la justa distribución de la
riqueza, la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de
la población, en el derecho y la libertad de trabajo, de empresa, de comercio y
de industria, y, en suma en: "la promoción de la prosperidad y el
bienestar", en el derecho y el deber de impulsar el desarrollo, como bien lo
señalan los artículos 3 y 112 de la Constitución, respectivamente, y que se
concatenan con todo el régimen protectorio que corresponde al individuo, a la
sociedad, a la empresa y al trabajo, que debe procurar el: "desarrollo
armónico de la economía nacional",
la producción y el fortalecimiento de: "la soberanía económica del
país", contemplados en el artículo 299 ejusdem.
Los
saqueos, la violencia, la corrupción, entre otros, constituyen una vergonzosa
evidencia de nuestra alarmante descomposición social. Nos encontramos ante
sectores que prescinden fácilmente de límites morales y legales, que han
perdido la noción de respeto propio y ajeno, de autoridad y de sociedad, y que
creen encontrar apoyo en doctrinas y consignas
políticas para ejecutar actos condenables e ilícitos.
Enfrentamos,
cada vez más, la irresponsable destrucción del sistema de derechos en virtud de
la adopción de equivocadas decisiones, la carencia de control institucional, la
ausencia de sentido de juridicidad, la pérdida de legitima autoridad, la
incultura de ciudadanía y la ruptura del equilibrio social, al haberse
distorsionado el derecho, las finalidades y objetivos de la Nación, estimulado
el enfrentamiento y la agresión, aludiendo a creencias políticas, sociales y
económicas mal concebidas y aplicadas, y que, en definitiva, vulneran de manera
integral los derechos y las garantías de todos, desnaturalizándose al Estado,
las responsabilidades del gobierno y las obligaciones ciudadanas, sin las
cuales se conduce a la anarquía, como forma de retroceso histórico, político y
social en un país cuyo tránsito institucional ha sido tan difícil para alcanzar
la estabilidad, la armonía social, la aplicación de adecuados modelos de
desarrollo, pero sobre todo, el sostenimiento de la democracia y la virtud
republicana, sin las cuales comprometemos a la patria y su sentido de verdadera
trascendencia y dignidad.
Entre
todos los males, el mayor es la destrucción ética, moral y social de un país.
jfd599@gmail.com
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