Lejos de intentar crear un clima de paz y
tranquilidad, el régimen de Maduro insiste en el espinoso camino de la
confrontación, expresada en la brutal persecución e intimidación que se realiza
en contra de los medios.
Un ejemplo, el periódico 2001,
al que por cumplir con su deber de informar se le ha abierto un
procedimiento dirigido por la misma Fiscal General, una amenaza que ahora se
extiende a otros medios como El Universal y El Nacional que según Nicolás
Maduro estarían implicados en la “guerra económica” para justificar el precio
del dólar fantasma; en el acoso a los diputados de la oposición a quienes se
les pretende despojar de la inmunidad inherente a su cargo que ocupan en
representación del pueblo, Juan Carlos
Caldera, “respetado y apreciado”, según
palabras de Maduro; y, la diputado Aranguren, del Estado Monagas,
representativa del numero 99; y, en el acorralamiento de que son víctimas los
Gobernadores de las fuerzas democráticas;
Capriles, sentenciado por el envalentonado teniente Cabello quien ha
también decidido arbitraria e ilegalmente suspender el derecho de palabra de
decenas de miles de electores representados por Julio Borges y Nora Bracho y
Falcón quien tenía que “retractarse” en menos de 24 horas, según pedido de
Maduro, grosero ultimátum express.
La intimidación en práctica por el régimen
bolivariano ataca directamente a todos los venezolanos quienes resultamos
objeto de abominables medidas de control: entrega de divisas en forma de
dádiva; inspecciones intimidatorias en fabricas y sitios de trabajo;
dificultades para la obtención de documentos; férreo control de precios y
sanciones por “acaparamiento” y “especulación”, entre muchos otros, innecesarias todas, pero útiles, según ellos,
para acorralarnos y mostrar que el poder rojo no cede ante encuestas ni
derrotas.
Para afinar la persecución y el dominio, los “revolucionarios”, ignorando
deliberadamente la Ley de 2003, promulgada por su eterno Chávez, preparan una
ley habilitante que poco tiene que ver con la lucha contra la corrupción que
los venezolanos exigen ahora más que nunca. El régimen prepara a la medida de
la oposición un conjunto de leyes para afianzar su dominio.
El “ataque” a la corrupción que anuncia el
régimen excluye actos que evidentemente constituyen delitos graves contra la
cosa pública y la moral, cuya interpretación fiel pondría a más de uno
vinculado a régimen, desde dentro o fuera del Ejecutivo, en serio
aprietos.
Los revolucionarios separan
hábil y deliberadamente la “corrupción” de otras prácticas delictivas evidentes
como el “tráfico de influencias”, el “soborno”, el “enriquecimiento ilícito”
evidente este último por la “situación patrimonial” del investigado y por la
forma de vida no cónsona con sus ingresos, simplemente, por el “incremento
patrimonial desproporcionado” que no se
puede justificar.
También ignoran el abuso de funciones; el peculado,
especialmente de uso; la concusión, cuando al funcionario público, abusando de
sus funciones, constriñe o conduce a alguien a que dé o prometa, para sí mismo
o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
Parece que a los “investigadores” y
“contralores” del régimen no les interesa la Declaración Jurada del Patrimonio,
común en épocas de democracia, menos aún compararla con la riqueza evidente de
algunos. Tampoco ven a los funcionarios y familiares que usan los bienes
públicos en forma indebida, simple peculado de uso; menos a los candidatos del
PSUV que utilizan los recursos del Estado, las instituciones, los medios todos,
para hacer campaña cuando la Ley contra la corrupción de 2007 señala muy
claramente que no se podrán usar los recursos públicos para favorecer partidos
o proyectos políticos.
Lamentablemente quienes mandan hoy en el país
insisten torpemente en dividir y perseguir con el solo fin de afianzarse en el
poder, fundándose en la destrucción del país y de las instituciones y del
empobrecimiento de los venezolanos.
Pero en vano, como lo veremos el 8D, otra fecha memorable en este proceso, cuando agotados por las falsas promesas y el fracaso de un régimen corrupto, entre colas humillantes para abastecerse y sobrevivir, como en tristes periodos de postguerra superados en otras partes, los venezolanos castigaremos a los candidatos impuestos por la cúpula roja y confirmaremos que la dignidad ni se compra ni se vende.
victor
rodriguez cedeño
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