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lunes, 28 de mayo de 2012

EDISON CHIRINOS CHIRINOS, LA CRISIS DEL SISTEMA DE JUSTICIA Y ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL PAÍS. ANTE LA CONFESIÓN DEL SICARIO JUDICIAL APONTE, APONTE, ELADIO MAGISTRADO REVOLUCIONARIO BANANERO DEL SIGLO XXI. (CUARTA PARTE DE CUATRO)

                                       PUNTO PREVIO
¿QUE ES UN FUNCIONARIO PUBLICO Y CUALES SON SUS ATRIBUCIONES?
Es un ciudadano venezolano que está investido de autoridad en nombre de la República y por Autoridad de la ley, este funcionario no puede en función de la autoridad de la cual está investido actuar a su libre arbitrio, ya que el mismo está obligado a realizar lo que taxativamente le señala la Constitución y las leyes. Si sus actuaciones se salen de los esquemas procedimentales establecidos en estos instrumentos, incurren en los delitos de desvió de poder público o abuso de poder público. No es posible que estos ciudadanos utilicen la autoridad como patente de corso, para violentar el estado de derecho, usurpando atribuciones de otros poderes públicos. Sin embargo se observa, como el Poder Judicial cuando mejor le parece, deroga una norma legal y legitima hechos criminales, esto a pesar de que una ley tiene que ser derogada por otra ley tal como lo expresa la Constitución Nacional en su artículo número (218) que determina: Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente, la ley que sea objeto de reforma parcial, se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

            En este orden de ideas no se entiende lo ocurrido con instituciones como el desalojo, la usurpación de tierras y la de los términos legales de los procedimientos judiciales, que se alteran en perjuicio de los débiles jurídicos y de la propiedad privada. La ocurrencia de estas acciones se van presentando con mucha frecuencia sobre todo en los casos emblemáticos donde la revolución tenga interés, esto a pesar de que existe el principio legal que determina a la ocurrencia de un hecho que esté tipificado como delito en una ley vigente, no puede ser omitido para exonerar al delincuente de los hechos criminales que se le imputa, por una disposición creada a futuro, ya que se estaría pisoteando la majestad del principio “NULLUM CRIMEN, NULA POENA, SINE LEGE”. Si existe este mandato legal, porque no se actúa ante el clamor del Justicia del los Comisarios: HENRY VIVAS, LARAZO  FORERO  y IVAN SIMONOVIS, VICTIMAS del SICARIO JUDICIAL APONTE; APONTE; Eladio, quienes vienen clamando una medida Humanitaria y no han sido oídos por los órganos competentes, estos funcionarios fueron  condenados  a treinta (30) años de prisión, es decir, a la pena capital en un juicio oscuro lleno de ambigüedades e imprecisiones, quienes en la actualidad llevan en prisión siete años de purgatorio en los macabros calabozos de SEBIN, donde ha adquirido patologías de enfermedades graves según diagnóstico médico forense, con las cuales los letrados defensores solicitaron una medida Humanitaria que por derecho le corresponde, pero para sorpresa de la sociedad de manera expedita la Fiscalía del Ministerio Público se la negó, esto a pesar de que existe la jurisprudencia Patria, cuando el Presidente de la República Rafael Cardera indultó a los golpistas del cuatro (4) de febrero de (1992), donde fueron beneficiados los sujetos activo del golpe de Estado fallido, donde murieron más de un centenar de venezolanos inocentes sin culpables, que en la actualidad la mayoría de estos próceres  ocupan cargos públicos.

            Esta decisión crea un estado de incertidumbre, oscurantismo y convirtiendo esta acción, el estado de derecho, en una herramienta de persecución y exterminio, olvidándose esta Institución Republicana la cruda realidad de los tribunales del terror y los jueces de horror de la Alemania Nazi ya expuestos. La historia emplaza al ciudadano a tener  que revisarla por todo funcionario público y en particular a los  del Poder Judicial y aprendérsela de memoria como el Himno Nacional estos macabros hechos para no repetirlos.
LA FACHADA DE TODO FUNCIONARIO HABIDO DE PODER ES QUE SUS ACTUACIONES SON REALIZADAS EN NOMBRE DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.
ADOLFO HITLER al tomar el poder (A través del voto del pueblo Alemán) en el año 1933, utilizó este mecanismo democrático para encumbrarse en el poder. Una vez consolidado el mismo se fue desmarcando para tratar de imponer su macabro poder hegemónico; en este orden de ideas fue demoliendo en nombre de su revolución paso a paso todos los vestigios del estado de derecho, los medios de producción existentes, maniobras que puso en marcha después de decretar la prohibición de todo medio de comunicación que opinara diferente a la revolución, eliminó toda organización política diferente a su organización de exterminio para tratar de imponer un partido único, eliminó la autonomía de los Estados federales y concentró todo el poder en su puño bestial.
Este orate demolió el Poder Judicial, heredero de WEIMAR, creador del “Tribunal del Pueblo” Imponiendo una Justicia paralela que operaba con colosal impunidad para cumplir con los mandatos del déspota, este esquema lo fue imponiendo con paciencia y salivita como la cohabitación del elefante y la hormiguita, en pocos años desplazó a los Juzgados Penales de casi todas sus esferas de actuación, algo parecido a las tribu de los enanos. Estos Tribunales del pueblo estaban regentados por Jueces provisorios y serviles a la revolución se diseminaron por todas las ciudades Alemanas, convirtiéndose en otro órgano Estadal por medio del cual, la revolución nazi, imponía el terror en la población. Tal esquema le permitió al carnicero Adolfo Hitler a los pocos años de asumir el poder establecer un aberrante control, que al final se convirtieron en los tenebrosos campos de concentración y exterminio gestionado por estos sanguinarios Gorila con birrete.
ESTABLECIMIENTOS CARCELRIOS El RODEO I Y RODEO II, LA PLANTA,  DEPOSITOS DE CIUDADANOS  VENEZOLANOS.
Los motines que ocurren y son perpetrados en los establecimientos carcelarios constituyen un nuevo episodio de la violencia del conflicto de baja intensidad urbana que se ha venido cultivando en el país. La violencia que se ha estructurado sin espavientos ni controles gubernamentales ha ocasionado angustia y terror en los ciudadanos familiares de estos ciudadanos que purgan sus penas en esos sitios tenebrosos estén implicados en estas acciones o no estén y el proceso de escalamiento del mismo ante la parálisis del Poder Ejecutivo  han creado incertidumbre sobre su posibles soluciones, por la apatía asumida por los organismos responsables de su solución. En este orden de ideas se observa, la violencia como una variable inherente a la naturaleza humana desde el punto de vista de la competencia por la vida. Este proceso va escalando y minando el estamento social del  país y le ha dado paso  a  la cultura del crimen.
La infraestructura criminal está conformada por una serie de eventos que van siendo articulados por los sujetos activos del crimen, conformando así unas organizaciones criminales tal como las señaló el Criminólogo Inglés SUTHERLAND, en su teoría del delincuente de cuello blanco en concordancia con la teoría del delincuente nato del ilustre Doctrinario y Criminólogo  LOMBROSO, y otros aspectos de la delincuencia organizada. Estos hechos y organizaciones en este continente no han sido estudiados y analizados por expertos en la materia, todo lo contrario se han designado inexpertos a gestionar estos complejos hechos sociales entre los cuales se observan Militares expertos en el arte militar, con cultura para hacer la guerra para destruir, haciendo de la violencia una herramienta muy importante para su industria personal, activando operativos como forma de dar la apariencia de que se está actuando, de que se está atendiendo el asunto, cuando en realidad lo que se está aplicado es la típica acción retardatriz para ganar tiempo y espacio para obtener a cambio la  instauración de  la cultura del crimen y darle paso a sus buenas intenciones.
Para poder enfrentar la industria criminal se debe tener voluntad política, la cual en nuestro país ha brillado por su ausencia, lo que no ha permitido estructurar una organización con capacidad, medios y recursos que estudie y analice, diagnostique las causas de la inseguridad Pública y asuma la planificación de las acciones de las potenciales soluciones que pueden dar al traste con esta pandemia que azota a la sociedad.
En Venezuela se ha venido incubado un antagonismo social de tal irracionalidad que ha afectado a las Instituciones Republicanas que tienen la misión de garantizar la Seguridad Pública y Ciudadana. La violencia ha venido escalando posiciones recalcitrantes que ha emplazado a los organismos responsables del orden a tener que reaccionar para tratar de detener al crimen organizado desbordado; sin embargo, las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional han sido ramplonas y desarticuladas y disminuidas han permitido que la agenda en esta actividad pública la imponga el hampa, que han transformando el territorio pacifico de la República en un teatro de operaciones de la violencia criminal.
La situación delictiva en el País es dramática, los entes públicos encargados de velar por esta garantía constitucional han permanecidos apacibles e inmutables sin capacidad ante la ocurrencia de esta barbarie revolucionaria. El crecimiento de este flagelo criminógeno de la delincuencia y la violencia ha sido colosal, su crecimiento exponencial es abierto, una muestra son los hechos ocurridos en el rodeo evidencian la potencialidad de la ocurrencia de hechos de igual naturaleza de mayor gravedad en cualquier momento. Resulta aberrante e insólito lo que ocurre semana tras semana los partes de guerra que presenta la Morgue de los venezolanos muertos a manos del crimen, en su mayor número jóvenes útiles a la Patria.
            Ante esta realidad los organismo competentes siguen inmutable sin dar respuesta a esta barbarie a sabiendas estos funcionarios públicos, que estas garantías constitucionales no son dadivas que están bajo la discrecionalidad del príncipe, son mandatos constitucionales que tienen que cumplir los funcionarios públicos que tengan asignadas estas competencias, sin embargo, el populismo reinante ha permitido que la criminalidad se acreciente dramáticamente.
Los niveles de pobreza y la reducción de la actividad laboral, ha minimizado las oportunidades del bienestar social de un sector bastante importante de la sociedad. A tales efectos, el populismo rentista reinante ha sido utilizado por el gobierno para imponer su agenda política a través de unos servicios públicos deficitarios.
            El estamento público y la sociedad como un todo, tiene que reaccionar ante el caos reinante y someter esta barbaría  a un proceso de reingeniería para adecuarlo a la realidad y no sustituirlo por una relación demagógica éticamente inhumana que derivan de la irresponsabilidad asumida por los gobernantes de turno, a sabiendas estos gorilas de que estos hechos no prescriben según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, recinto donde más temprano que tarde todo Esbirro Público rendirán cuentas de sus omisiones, dolos y barbaridades.

            En este espejo  deben verse los funcionarios Públicos Bolivaristas y a diario cada vez que le vean los ojos de sus hijos retumba el campanario de de sus conciencias,  la ética y de la moral que los acusó de sus acciones perversas y macabras en que incurren cuando a diario como auténticos serviles traiciona su conciencia y cumplen las órdenes    de los  DANTES Revolucionarios, olvidándose de valores Bíblicos, y éticos y de su consolidación familiar su formación y lo más importante de la  máxima que  establece que: “Verdugo es verdugo y verdugo no pide clemencia.” Muere con la carroña en el buche. El autor de este escrito se fundamenta en la declaración Universal de los derechos humanos que determina: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirla sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo número (19) de la declaración Universal de los derechos Humanos.
Finalmente, es importante recordar: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un ciudadano  en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él se acostumbra a mandar fuente de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad Republicana; y nuestro ciudadanos deben temer con sobrada justicia que mismo magistrado que los ha  mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”.  
        SIMON  BOLIVAR (DISCURSO DE ANGOSTURA (15) DE FEBRERO 1819.
Doctor Edison chirinos chirinos
Magister en Casación Penal.

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