En su informe “Ataques a la prensa en 2010: Análisis de Américas”, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) resalta una triste realidad que ya desde hace un tiempo sufre el continente y que cada vez es más evidente y difícil de disimular: esto es, que la censura y los ataques a la libertad de prensa en América Latina ha alcanzado los niveles más altos en los últimos 30 años, tras el retorno a la democracia. El informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), además de consignar el alto número de periodistas asesinados y la impunidad imperante para estos crímenes y condenar el crimen organizado, resalta y señala otras vías de censura que se aplican, especialmente a través de la justicia, para acallar a los medios y coartar la información.
En el informe, por ejemplo, se señala a la Justicia brasileña, a la “censura judicial” concretamente, como el gran obstáculo al trabajo periodístico en Brasil. Pero esa realidad de Brasil es la misma o hasta mucho peor en Venezuela, ya que es más grotesca y ordinaria –que menos se puede esperar del Comandante, quien da las órdenes a los jueces y a sus Ministros por TV– y se da en muchos otros países del continente donde los magistrados incluso se adelantan y no esperan las órdenes. Y cuando la censura no es por la vía judicial, recurren a la persecución fiscal y sueltan a jaurías de inspectores, o salen a la compra de prensa complaciente con publicidad oficial, con créditos blancos y plata dulce.
Dicen voceros del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ que los niveles de censura no alcanzan aún a los de la era de las dictaduras militares, aunque igual es muy preocupante. Es difícil hacer una comparación, pero seguramente es así solo en términos absolutos. Aquellas eran dictaduras y ahora se habla de democracias. En aquella época se sabía que había censura y que se estaba en dictadura. Hoy, ¿es posible seguir hablando de democracia cuando se sabe que la libertad de prensa, como en Venezuela, está limitada, y que la independencia de poderes, como ha sido afirmado por el propio presidente de la Asamblea Nacional el Diputado Soto Rojas en una entrevista reciente, no existe, aunque la OEA no se anime a encararlo?
El presidente ecuatoriano Rafael Correa se apresta a hacer un plebiscito para concentrar más poder, del que ya abusa. La propuesta de consulta popular aparentemente cae en varias inconstitucionalidades que, como corresponde, analiza la Corte Constitucional. La prensa informa al respecto, como también informa sobre un caso de corrupción que involucra a dos diputados del partido del presidente Correa. Este se enfurece y utiliza todos los medios de comunicación públicos y oficialistas y el dinero del Estado, y acusa a la prensa de “sicariatos de tinta”, “corruptos”, “conspiradores”.
En cualquier momento dice que quieren dar un golpe de Estado contra él, se abre la camisa y dirá que lo quieren matar (eso sí, rodeado de decenas de custodios no sea que corra algún riesgo) y decreta la censura de prensa y el estado de emergencia. ¿Cree alguien que si un medio le hace un juicio al presidente Correa por sus insultos y agravios algún juez lo condenará? ¿Creen que la Corte Constitucional que estudia la propuesta para el plebiscito, o quienes investigan los casos de corrupción, no se sienten “algo” presionados? Todo esto hace difícil hablar alegremente de democracia. Cuando el secretario de la OEA se jacta de que la organización hoy está integrada solo por democracias, habría que pedirle al Señor Insulsa que sea más humilde o prudente y hable de “democracias reprendidas”. Y si lo insultan, como a veces ocurre, que busque respaldo en el informe del (Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
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