Es cierto que las leyes son importantes para lograr la convivencia humana en sociedad. Todos debemos conocerlas para saber a qué atenernos en caso de transgredirlas, pero ¿para qué hacen falta más leyes en Venezuela? si los tribunales de Justicia están llenos de juicios y tardan años resolviendo cada caso.
Lo que hace falta no son nuevas leyes como la Ley Orgánica de Educación hecha para tratar de imponer la ideología del gobierno socialista-comunista, sino una fórmula apropiada para que realmente el principio de “justicia pronta y cumplida” sea una realidad, porque de lo contrario nos llenaremos de códigos jurídicos sin uso, ya que los encargados de aplicar la ley muchas veces ni las cumplen ni las acatan.
Cuando suceden casos tan lamentables como el asesinato de policías, la violación de niños, el encarcelamiento de estudiantes disidentes al socialismo-comunismo y de la Juez Afiuni privada de sus derechos humanos, no permitir a los diputados electos Pilieri y Bazuco en la Asamblea Nacional juramentarse en sus cargos para los que fueron electos por el pueblo, el cierre de medios de comunicación como RCTV y 34 emisoras de radio y otras televisoras regionales, las constantes amenazas a Globovisión, el caso del Dr. Zuloaga y de Masherani, las miles de expropiaciones y confiscaciones a haciendas productivas en la zona del Rio Turbio en Barquisimeto y en la Costa oriental del Lago de Maracaibo , las amenazas al Banco Provincial y a las Empresas Polar entre otras o cualquier otro hecho ilícito, se genera una efervescencia social y todo el mundo empieza a “pedir a gritos” que se cumplan las leyes para evitar la delincuencia, olvidando que el problema que tenemos en nuestra Venezuela no es la falta de legislación sino más bien la no aplicación de la que ya existe y el irrespeto desde los altos y medios jerarcas del gobierno socialista-comunista a la Carta Magna.
El exceso de leyes -algunas veces repetidas- no es la solución a los problemas, eso sería como echarle agua a la leche. Aparentemente hay más leche, pero la verdad es que simplemente lo que hay es más líquido con menos nutrientes.
Existe un afán equivocado de querer resolver todo con leyes y más leyes, pero olvidamos que hacer una ley requiere mucho tacto, pensamiento, visión, cuidado y sabiduría legal.
Con la aprobación de la llamada Ley Habilitante al Teniente Coronel se trata de aumentar coacción, restringir libertad, obligar a las personas y a las propias autoridades a actuar y responder, aumentar el aparato represivo y verificador, tener más vigilancia y aprender a discriminar entre la multitud de mandatos y necesidades. Si las leyes son intervencionistas o penales, la cuestión es aún más delicada.
De verdad se trata de un problema de elección. Es claro que no se puede convertir todo deseo del gobierno comunista en ley, mucho menos pretender que toda infracción sea delito debido a que el propio estado no tiene con qué responder ya que no hay suficientes policías, investigadores, cárceles ni mecanismos suficientes. Por eso hay que aplicar el sentido común... no es lo mismo capturar narcotraficantes con drogas, que a un indigente que se robó unos cambures para saciar su hambre, sin embargo muchas veces los jueces dejan libre a los narcos y encierran al indigente.
Aquí es donde los venezolanos y venezolanas pensamos que algo anda mal. Nunca antes habíamos tenido tantas leyes como ahora, pero los hechos delictivos siguen aumentando y muchos se quedan sin castigo.
Ojalá pongamos las barbas en remojo para trabajar juntos por el rescate de Venezuela, porque los venezolanos estamos cansados de tantos problemas. Por eso, lo importante no es ponernos histéricos viendo enemigos por todas partes, ni tampoco poner nerviosos a nuestros hijos e hijas y al pueblo venezolano. Lo que queda es aplicar con toda rigurosidad las leyes que ya existen y acatar correctamente los principios constitucionales a fin de tener en las cárceles a los verdaderos criminales y no salvar de ellas a los de cuello blanco que andan felices y contentos hasta ocupando curules en la Asamblea y otros cargos en el Alto gobierno.
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