Los intentos del Gobierno por compensar los efectos negativos del ya remoto desplome de los precios del petróleo a fines de 2007 se han desarrollado en un marco de reglas socialistas que no favorecen la actividad económica ni el empleo, generan presiones constantes al alza de precios y castigan la inversión. Las consecuencias las paga la gente común en alto costo de vida, pérdida de calidad de los trabajos y sufriendo el empeoramiento del clima social que todo ello traduce en delincuencia y desasosiego.
Pero las autoridades no le prestan atención a estas penurias. Por el contrario, han arreciado sus embates contra el sistema financiero (que es fundamental para el funcionamiento de una economía semicapitalista como siempre ha sido la nuestra), se han abstenido de corregir grandes errores anteriores y persisten en la mentalidad que las domina, que es tener un pueblo muy pobre y débil, y un gobierno muy fuerte y rico. A pesar de que todos los indicadores señalan una tendencia muy negativa en materia económica y social, las prioridades oficiales siguen colocadas en el plano estrictamente político y electoral.
Al revisar algunas de las estadísticas recientes del Banco Central, de las cuales no se puede dudar más allá de lo razonable, uno se encuentra con un cuadro realmente pasmoso. El PIB total muestra 5 trimestres seguidos con resultados negativos, al igual que el PIB no petrolero. El PIB petrolero tiene 6 trimestres corridos con guarismos semejantes. La demanda interna, el consumo privado y la inversión acusan también registros en rojo por 5 trimestres seguidos, al igual que las importaciones Las exportaciones presentan un cuadro aún peor: de los últimos 14 trimestres, ¡ha habido contracción en 13!, en lo que es una de las más largas contracciones económicas de la historia reciente.
Cualquier gobierno del mundo tomaría estas informaciones con la seriedad del caso y buscaría armonizar con sectores empresariales y laborales, políticos y sociales, un conjunto de políticas para detener lo que sin duda es una caída libre, y restablecer las bases para una posterior recuperación y descenso de la inflación. Sabemos que desafortunadamente ese no es el caso. Por el contrario, los dirigentes revolucionarios, ante las elecciones que se avecinan, buscan preservar su dominio parlamentario no para desarrollar la Constitución sino para avalar las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo, aunque éstas generen resultados como los señalados.
El país tiene que comenzar a moverse por caminos diferentes en lo social, económico, político y legal. Es evidente que hace falta un modelo distinto para el desenvolvimiento de las actividades humanas que sea compatible con mayores grados de libertad y menores índices de desigualdad. Y ese nuevo modelo tiene que ser construido de forma democrática incorporando lo mejor que ha acumulado el conocimiento mundial sobre las formas de organización social.
En esto reside uno de los aspectos clave de las elecciones parlamentarias del 26S. Porque subir un escalón, o varios, de esa escalera que es el avance de las sociedades, se hace impostergable para la Venezuela de hoy. Uno espera que los candidatos de la democracia cumplan en este inicio de campaña un papel de voceros verticales de las verdaderas aspiraciones de las mayorías.
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