*JUAN MARTÍN ECHEVERRÍA // ¡SI LA CONSTITUCIÓN HABLARA!
Caracas, domingo 10 de agosto, 2008 en El Universal
¿Qué hacemos con la milicia y la inconstitucionalidad de su pretendido reconocimiento?
Ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede hacer lo que le de la gana con la soberanía nacional y la opinión pública: el 2 de diciembre el pueblo rechazó la reforma constitucional en todas y cada una de sus partes, repudió los ataques contra la propiedad privada, la pretensión de institucionalizar la milicia como quinto componente de la Fuerza Armada Nacional y sobre todo negó la reelección perpetua. El estudio mas somero de los resultados electorales revela el silencio de leones de tres millones de venezolanos cercanos al oficialismo, que se abstuvieron asumiendo cualquier riesgo.
La población rechaza las órdenes imperiosas, los caprichos y la megalomanía, oponiéndose al reparto de dólares que se hacen en el exterior, mientras hay tantas necesidades en el país. Primero los venezolanos, y en especial los sectores mas desfavorecidos, y solo después cubanos, bolivianos, nicaragüenses y argentinos. Lo lamentable es que nos rodea y asfixia una atmósfera autoritaria, que ha creado una estructura dominante de instituciones, normas jurídicas, impunidad y, lo peor, que ha logrado extender hacia un nivel no racionalizado el temor.
En diciembre de 2007 fue derrotado el modelo socialista radical, así como sus fundamentos antidemocráticos, sobresaliendo, en medio de la subordinación delirante de tantas instituciones, la valentía de millares de estudiantes en la calle y de los medios independientes de prensa, radio y televisión. Todavía es posible discrepar, pero están a la vista las consecuencias de hacerlo cuando se afectan los intereses esenciales de la trasnochada revolución. En este paisaje surge el trapo rojo, astuto y/o torpe, que pretende desconocer el triunfo de la voluntad general el 2D, mediante veintiséis leyes de contenido autoritario, centralista, populista y promulgadas con la intención de imponer el socialismo radical; pero además son clandestinas, hasta su publicación en la Gaceta Oficial, como lo reconoce hasta el Partido Comunista públicamente.
Preocupa que la milicia se convierta en el refugio de grupos de activistas armados urbanos y rurales, que ahora podrían disponer de recursos logísticos abiertos, reconocimiento a nivel local y nacional, así como el control de nuevos espacios territoriales en desmedro de la soberanía nacional. Por si fuera poco, en las barriadas populares hay una atmósfera de tragedia ante la actuación impune, alevosa y reincidente de antisociales, que ahora se confiesan revolucionarios, por ello se han incrementado los delitos de alta violencia en forma desmesurada.
La reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, y la milicia como quinto componente, atenta contra el artículo 324 de la Constitución, que le deja sólo al Estado, el privilegio de poseer y usar armas de guerra; también contra el artículo 328 que consagra a la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación. Mas grave aún, la misma disposición establece que la Fuerza Armada está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. ¿Qué hacemos con la milicia y la inconstitucionalidad de su pretendido reconocimiento mediante ley?.
La Carta Magna obliga a la discusión y a la participación de las Asambleas Ciudadanas en la elaboración de estas leyes, no se trata de leer un conjunto de artículos mientras la muchedumbre aplaude, es oír a los distintos sectores, tomar en cuenta sus observaciones y hacer las modificaciones que sean pertinentes. Es de sentido común que el protagonismo y la participación implican que las comunidades se expresen y sean tomadas en cuenta sus observaciones; es absurdo el escenario del monólogo y la aprobación a priori impuesta desde arriba.
La radicalización de la nación se hunde en el tremedal de quienes aprobaron la Constitución y ahora la ultrajan. Valdría la pena darle la palabra, como si fuera un ser humano, a ese inmenso instrumento normativo, para que con clara e inteligible dicción le exigiera a los dos bandos que se pusieran de acuerdo sobre sus candidatos y acudiéramos todos masivamente a las mesas electorales y allí, con imparcialidad, se defina un sistema de libertades o la ley de la selva. Desgraciadamente hay un abismo entre las estructuras formales de la democracia y su manera de operar en la práctica, sin embargo la respuesta cívica al autoritarismo será definitiva; luego, sin mayores celebraciones hay que organizar y ganar el referéndum que permita derogar todas estas leyes inconstitucionales.
juanmartin@cantv.net
Caracas, domingo 10 de agosto, 2008 en El Universal
¿Qué hacemos con la milicia y la inconstitucionalidad de su pretendido reconocimiento?
Ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede hacer lo que le de la gana con la soberanía nacional y la opinión pública: el 2 de diciembre el pueblo rechazó la reforma constitucional en todas y cada una de sus partes, repudió los ataques contra la propiedad privada, la pretensión de institucionalizar la milicia como quinto componente de la Fuerza Armada Nacional y sobre todo negó la reelección perpetua. El estudio mas somero de los resultados electorales revela el silencio de leones de tres millones de venezolanos cercanos al oficialismo, que se abstuvieron asumiendo cualquier riesgo.
La población rechaza las órdenes imperiosas, los caprichos y la megalomanía, oponiéndose al reparto de dólares que se hacen en el exterior, mientras hay tantas necesidades en el país. Primero los venezolanos, y en especial los sectores mas desfavorecidos, y solo después cubanos, bolivianos, nicaragüenses y argentinos. Lo lamentable es que nos rodea y asfixia una atmósfera autoritaria, que ha creado una estructura dominante de instituciones, normas jurídicas, impunidad y, lo peor, que ha logrado extender hacia un nivel no racionalizado el temor.
En diciembre de 2007 fue derrotado el modelo socialista radical, así como sus fundamentos antidemocráticos, sobresaliendo, en medio de la subordinación delirante de tantas instituciones, la valentía de millares de estudiantes en la calle y de los medios independientes de prensa, radio y televisión. Todavía es posible discrepar, pero están a la vista las consecuencias de hacerlo cuando se afectan los intereses esenciales de la trasnochada revolución. En este paisaje surge el trapo rojo, astuto y/o torpe, que pretende desconocer el triunfo de la voluntad general el 2D, mediante veintiséis leyes de contenido autoritario, centralista, populista y promulgadas con la intención de imponer el socialismo radical; pero además son clandestinas, hasta su publicación en la Gaceta Oficial, como lo reconoce hasta el Partido Comunista públicamente.
Preocupa que la milicia se convierta en el refugio de grupos de activistas armados urbanos y rurales, que ahora podrían disponer de recursos logísticos abiertos, reconocimiento a nivel local y nacional, así como el control de nuevos espacios territoriales en desmedro de la soberanía nacional. Por si fuera poco, en las barriadas populares hay una atmósfera de tragedia ante la actuación impune, alevosa y reincidente de antisociales, que ahora se confiesan revolucionarios, por ello se han incrementado los delitos de alta violencia en forma desmesurada.
La reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, y la milicia como quinto componente, atenta contra el artículo 324 de la Constitución, que le deja sólo al Estado, el privilegio de poseer y usar armas de guerra; también contra el artículo 328 que consagra a la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación. Mas grave aún, la misma disposición establece que la Fuerza Armada está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. ¿Qué hacemos con la milicia y la inconstitucionalidad de su pretendido reconocimiento mediante ley?.
La Carta Magna obliga a la discusión y a la participación de las Asambleas Ciudadanas en la elaboración de estas leyes, no se trata de leer un conjunto de artículos mientras la muchedumbre aplaude, es oír a los distintos sectores, tomar en cuenta sus observaciones y hacer las modificaciones que sean pertinentes. Es de sentido común que el protagonismo y la participación implican que las comunidades se expresen y sean tomadas en cuenta sus observaciones; es absurdo el escenario del monólogo y la aprobación a priori impuesta desde arriba.
La radicalización de la nación se hunde en el tremedal de quienes aprobaron la Constitución y ahora la ultrajan. Valdría la pena darle la palabra, como si fuera un ser humano, a ese inmenso instrumento normativo, para que con clara e inteligible dicción le exigiera a los dos bandos que se pusieran de acuerdo sobre sus candidatos y acudiéramos todos masivamente a las mesas electorales y allí, con imparcialidad, se defina un sistema de libertades o la ley de la selva. Desgraciadamente hay un abismo entre las estructuras formales de la democracia y su manera de operar en la práctica, sin embargo la respuesta cívica al autoritarismo será definitiva; luego, sin mayores celebraciones hay que organizar y ganar el referéndum que permita derogar todas estas leyes inconstitucionales.
juanmartin@cantv.net
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