“¡NUEVA ASAMBLEA NACIONAL YA! “
La gente que aún percibe este gobierno como democrático y respetuoso de las decisiones del soberano, se va a estrellar con la cruel y dura realidad de un régimen que, a lo Maquiavelo, está convencido que el fin justifica los medios. En efecto, la lógica “revolucionaria” indica que todo lo que se haga -incluyendo los abusos y atropellos a las leyes- en función de la sociedad socialista se justifica. Lo demás, es decir, el respeto a la mayoría democrática que se expresa en las urnas electorales y a las instituciones públicas, no son más que prejuicios y melindres pequeño burgueses que deben ser desechados por la “conciencia de clase”. De allí que estemos viendo, a los más conspicuos representantes del gobierno y de la Asamblea Nacional, amenazar con insistir en las reformas que les negó el soberano el 2 de diciembre.
Si esto es así, la pregunta de Perogrullo que salta a la vista es la siguiente: ¿va a continuar la oposición venezolana actuando por reacción a la ofensiva gubernamental? Si la respuesta es necesariamente negativa, entonces debemos plantear que la única manera que se puede lograr la reconciliación nacional, es con otra Asamblea Nacional, que represente la nueva correlación de fuerzas evidenciada en la negativa popular a la reforma constitucional propuesta por Chávez y, precisamente, por este ilegítimo parlamento.
Tres de cada cuatro venezolanos nos opusimos a esa reforma, de tal suerte, que una minoría gubernamental no puede ostentar un parlamento integrado únicamente por el sector oficial. Además, la indebida, por inconstitucional, intromisión de la Asamblea Nacional en la propuesta de reforma los colocó en el medio de la confrontación y al ocurrir ese tremendo rechazo popular se produjo una -sui géneris- revocatoria de su mandato. Además, todos recordamos que el actual parlamento fue votado por una minoría menor al quince por ciento de los electores debidamente inscritos en el Registro Electoral.
Acción Democrática está estudiando con sus asesores constitucionales, la propuesta de una enmienda constitucional que recorte el mandato del actual Parlamento, para que podamos renovar a finales de este mismo año, junto a las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos regionales, la Asamblea Nacional, para que sea realmente representativa del pensamiento plural de los venezolanos que se expresó contundentemente este 2 de diciembre próximo pasado.
Ciertamente, el artículo 340 constitucional establece que “la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental”. Y el artículo siguiente previene la forma en que debe ser tramitada: “La iniciativa podrá partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral...”. Debemos, entonces, tramitar la enmienda a través de la iniciativa popular, para lo que se requiere la firma de un poco más de dos millones de compatriotas que compartan este criterio. Estamos seguros, que hasta una buena parte del “chavismo” estará encantado de salir de los actuales parlamentarios quienes sólo han coadyuvado, con su torpísimo desempeño, al desprestigio del gobierno de Hugo Chávez.
También es menester indicar, que el período de cinco años, previsto en el artículo 192 -el que debe ser modificado- es demasiado largo, habida cuanta que establece, adicionalmente, la posibilidad de la reelección por dos períodos consecutivos. Entonces, si se establece, a través de la enmienda, un período de tres años, los parlamentarios pueden estar desempeñando sus funciones en la Asamblea Nacional, de ser reelegidos, hasta por nueve años, lo que luce como un tiempo prudencial suficiente para el ejercicio de tan importante función pública.
Nos oponemos a una asamblea nacional constituyente, porque a pesar de su inobjetable viabilidad jurídica, desde el punto de vista político es inconveniente, pues además del reciente resultado electoral que mantuvo vigente la Constitución del ‘99, tenemos que pasearnos por las añagazas del régimen, con sus famosos “quinos” que permiten a quien obtenga el 40% de los votos alzarse con el 90% de esa Asamblea, tal como aconteció en 1999. Tampoco creemos viable la revocatoria del mandato de los diputados, porque al no existir reglamentación, simplemente se revoca al principal, pero se incorpora su suplente convirtiendo el esfuerzo en una fútil decisión.
La consigna debe ser: si el gobierno busca otra ocasión, pues revoquémosle su Asamblea Nacional monocolor, que no representa sino a lo más radical de un sector que, gracias a Dios y al soberano, ya es minoría en Venezuela.
La gente que aún percibe este gobierno como democrático y respetuoso de las decisiones del soberano, se va a estrellar con la cruel y dura realidad de un régimen que, a lo Maquiavelo, está convencido que el fin justifica los medios. En efecto, la lógica “revolucionaria” indica que todo lo que se haga -incluyendo los abusos y atropellos a las leyes- en función de la sociedad socialista se justifica. Lo demás, es decir, el respeto a la mayoría democrática que se expresa en las urnas electorales y a las instituciones públicas, no son más que prejuicios y melindres pequeño burgueses que deben ser desechados por la “conciencia de clase”. De allí que estemos viendo, a los más conspicuos representantes del gobierno y de la Asamblea Nacional, amenazar con insistir en las reformas que les negó el soberano el 2 de diciembre.
Si esto es así, la pregunta de Perogrullo que salta a la vista es la siguiente: ¿va a continuar la oposición venezolana actuando por reacción a la ofensiva gubernamental? Si la respuesta es necesariamente negativa, entonces debemos plantear que la única manera que se puede lograr la reconciliación nacional, es con otra Asamblea Nacional, que represente la nueva correlación de fuerzas evidenciada en la negativa popular a la reforma constitucional propuesta por Chávez y, precisamente, por este ilegítimo parlamento.
Tres de cada cuatro venezolanos nos opusimos a esa reforma, de tal suerte, que una minoría gubernamental no puede ostentar un parlamento integrado únicamente por el sector oficial. Además, la indebida, por inconstitucional, intromisión de la Asamblea Nacional en la propuesta de reforma los colocó en el medio de la confrontación y al ocurrir ese tremendo rechazo popular se produjo una -sui géneris- revocatoria de su mandato. Además, todos recordamos que el actual parlamento fue votado por una minoría menor al quince por ciento de los electores debidamente inscritos en el Registro Electoral.
Acción Democrática está estudiando con sus asesores constitucionales, la propuesta de una enmienda constitucional que recorte el mandato del actual Parlamento, para que podamos renovar a finales de este mismo año, junto a las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos regionales, la Asamblea Nacional, para que sea realmente representativa del pensamiento plural de los venezolanos que se expresó contundentemente este 2 de diciembre próximo pasado.
Ciertamente, el artículo 340 constitucional establece que “la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental”. Y el artículo siguiente previene la forma en que debe ser tramitada: “La iniciativa podrá partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral...”. Debemos, entonces, tramitar la enmienda a través de la iniciativa popular, para lo que se requiere la firma de un poco más de dos millones de compatriotas que compartan este criterio. Estamos seguros, que hasta una buena parte del “chavismo” estará encantado de salir de los actuales parlamentarios quienes sólo han coadyuvado, con su torpísimo desempeño, al desprestigio del gobierno de Hugo Chávez.
También es menester indicar, que el período de cinco años, previsto en el artículo 192 -el que debe ser modificado- es demasiado largo, habida cuanta que establece, adicionalmente, la posibilidad de la reelección por dos períodos consecutivos. Entonces, si se establece, a través de la enmienda, un período de tres años, los parlamentarios pueden estar desempeñando sus funciones en la Asamblea Nacional, de ser reelegidos, hasta por nueve años, lo que luce como un tiempo prudencial suficiente para el ejercicio de tan importante función pública.
Nos oponemos a una asamblea nacional constituyente, porque a pesar de su inobjetable viabilidad jurídica, desde el punto de vista político es inconveniente, pues además del reciente resultado electoral que mantuvo vigente la Constitución del ‘99, tenemos que pasearnos por las añagazas del régimen, con sus famosos “quinos” que permiten a quien obtenga el 40% de los votos alzarse con el 90% de esa Asamblea, tal como aconteció en 1999. Tampoco creemos viable la revocatoria del mandato de los diputados, porque al no existir reglamentación, simplemente se revoca al principal, pero se incorpora su suplente convirtiendo el esfuerzo en una fútil decisión.
La consigna debe ser: si el gobierno busca otra ocasión, pues revoquémosle su Asamblea Nacional monocolor, que no representa sino a lo más radical de un sector que, gracias a Dios y al soberano, ya es minoría en Venezuela.
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