Dos de los argumentos de mayor fuerza
que usaron connotados representantes del gobierno venezolano, para convencer al
país de las bondades en las que se traduciría el ingreso al Mercosur, giraron
alrededor de que ahora se podría importar comida más barata, y que, además,
Venezuela se reindustrializaría con el más osado de los propósitos: dejar de
depender del rentismo petrolero.
De lo primero, obviamente, nadie duda.
Después de todo, un gobierno cuya práctica más eficiente de los últimos años ha
sido la promoción expansiva de la importación, precisamente por haber actuado
como un verdadero e insaciable parásito rentista, tenía que concluir con la
garantía de seguir siendo comprador incondicional de alimentos provenientes de
Uruguay, Argentina y Brasil.
¿Y más barato?: un bolívar subvaluado en
el medio de cuatro -¿o cinco?- tipos de cambio, todo lo permite. Y más si se da
en una borrachera de gastos subsidiados, incontrolables y apoyados en la máxima
ministerial de que no importa cuándo cuesta, porque lo determinante es que “el
pueblo coma”.
Pero en cuanto a lo de la
reindustrialización, hasta el momento, no ha aparecido siquiera el boceto del
recetario en el que se apoyaría precisamente esa necesaria faceta productiva.
Mucho menos en cuáles actividades manufactureras es en las que Venezuela -sueño
arriba en sus eternas ambiciones de ser “potencia”- pretende entrar a competir con aquellos
socios que sí saben a qué atenerse y cómo hacerlo, porque su vecino venezolano,
sencillamente, aún está definiendo a qué se dedicará.
¿Sólo a importar, a partir de su extrema
dependencia del comercio petrolero?. ¿Sólo a exportar petróleo, en vista de que
su concepción faraónica del estatismo le ha impedido consustanciarse con la
tesis de que para competir en una economía globalizada, es imprescindible
disponer de una administración pública eficiente en el suministro de los
servicios básicos, y de un sector privado productivo montado en una bien
calibrada tecnología de punta, además de gerenciado con visión de futuro en el
devenir del mercadeo entre bloques y acuerdos suprafronteras?.
En el medio de esta lógica empresarial
de mediados del año 2012, sin duda alguna, sorprende la osadía gubernamental
criolla de despacharle a Brasil 14 mil toneladas métricas de Urea y de 55.680
litros de glisofán a Uruguay. Sobre todo, porque dicha exportación le permitió
a los agricultores venezolanos conocer las causas por las que Agropatria les
incumplió con la entrega de dichos insumos, imprescindibles para el mantenimiento
de sus cultivos y los rendimientos de la producción. ¿Exportación a expensas de
la escasez -o del desabastecimiento- interno?.
La comisión presidencial para el
Mercosur no ha dicho nada al respecto. Ha dedicado sus primeros pasos a
“llamar” al empresariado -¿falso, apátrida?- a participar en la constitución de
empresas mixtas con el Gobierno, de empresas estratégicas con el Gobierno, de
alianzas con el Gobierno, a todo lo que sea posible con el Gobierno. Inclusive,
ha garantizado la creación de un área especial en los puertos para las
exportaciones, a partir de una agilización del proceso y del recorte de los
tiempos en la revisión de los envíos a los países del bloque del Sur.
Pero entre los “llamados” a sumarse a la
“sociedad con el Gobierno”, hay dos inquietudes que imposibilitan ninguna
respuesta ante tan curiosa propuesta: nadie puede evitar hoy tener que pasar
más de 20 días para retirar insumos y materias primas que están en los puertos
venezolanos; nadie puede impedir que cualquier exportación no petrolera en
Venezuela, deba someterse a 3 meses de revisión, aunque en casos especiales con
la colocación en Brasil de 6.200 toneladas de envases de aluminio, no fue
necesaria tanta conformación de detalles. Y todo ello, sin incluir: inseguridad
jurídica, las asimetrías de Venezuela con los asociados del Mercosur, la
política macroeconómica, la negación por razones ideológicas a adoptar políticas de incentivos.
¿Existe realmente un concepto claro de
las exigencias de la competitividad entre las mismas autoridades que
promovieron la intervención de 1.168 empresas durante los últimos diez años, la
incautación o expoliación de más de 3.000 fincas productivas pertenecientes al
sector productor primario, en el medio de una cacareada política antilatifundista
que sirvió de excusa para “recuperar” más de 3.500.000 hectáreas, de las cuales
generan hoy algún producto el 25% de dicho espacio, si acaso?.
El desfile de barcos que siguen
esperando muelles para su descarga en los puertos de La Guaira y de Puerto Cabello,
con insumos, materias primas, alimentos y otros bienes que pudieran estar hoy
siendo producidos por empresas venezolanas y trabajadores venezolanos,
definitivamente, no puede ser sólo considerado materia propia y valiosa de los
medios de comunicación social que le hacen seguimiento a ese evento noticioso.
Es, además, componente determinante de
un modelo económico equivocado y fracasado, y que no puede continuar siendo ni
siquiera asomo referencial del nuevo gobierno que asumirá la rectoría venezolana
a partir de enero de 2013. En todo caso, la decisión sobre lo que desea que
suceda a partir de entonces, está en manos de casi 19 millones de electores que
están siendo llamados a pronunciarse al respecto el venidero 7 de 0ctubre. Su
voluntad expuesta en las urnas electorales será, desde luego, identidad plena
con lo actual. 0, caso contrario, paso en firme contra lo que hoy hipoteca
competitividad, esperanzas, sueños y libertad.
egildolujan@gmail.com
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