La
legitimidad de un gobierno se fundamenta, pr incipalmente, en elecciones
honestas, libres y transparentes. Su desempeño, apegado al orden jurídico, a
las reglas de convivencia, a los principios y a las normas que rigen la
democracia, es la otra condición esencial para considerarlo como auténticamente
democrático.
En
Venezuela, el régimen bolivariano ha insistido desde siempre en legitimarse
convocando elecciones que no se ajustan a las exigencias y dando falsas señales
de respeto a los derechos de los ciudadanos. El actual proceso electoral está
viciado desde sus inicios, con la tan cuestionada decisión del Tribunal Supremo
de Justicia que encarga a Maduro de la Presidencia para que desde esa posición
pudiese utilizar sin control alguno todos los recursos del Estado, no solamente
los financieros, agotados por su mal manejo, sino los institucionales, los
medios, todos al servicio de la candidatura oficialista que necesita oxígeno
dada la pobreza del mensaje, la simpleza del candidato y el malestar popular,
por las desastrosas medidas adoptadas recientemente por el régimen de Maduro
que han arruinado al venezolano.
Además
de ese pecado original que mina seriamente su legitimidad, este proceso
electoral no es como dijimos, libre, tampoco honesto, mucho menos transparente.
No es libre porque el régimen amenaza, amedrenta, intimida al elector por todos
los medios. No solamente se obliga a asistir a los ciudadanos a las
manifestaciones públicas del mediocre candidato, más novato animador de
espectáculo que líder de un grupo político, sino que se les intimida con las
captahuellas, con la modalidad fascista de la asistencia a votantes y otras
formas groseras de violar el secreto y la libertad del voto. Ha llegado incluso
Maduro a maldecir a quienes voten en su contra, una pose que sólo puede
justificarse dentro de la concepción de una estrategia torpe de origen cubano
que introduce elementos de santería al proceso, algo absolutamente ajeno a
nuestra realidad.
Tampoco
son honestas estas elecciones por el igualmente grosero ventajismo tolerado por
el CNE en complicidad con las otras instituciones y me refiero concretamente a
la Fiscalía que lejos de iniciar investigaciones ante las denuncias formuladas
por la oposición, para lograr un proceso electoral justo, la acusa de
desestabilizar, como si la protesta y las exigencias puedan constituir actos de
desestabilización. Deshonestas son las elecciones en las que el candidato
oficialista, con la maquinaria del Estado detrás, recorre el país para seguir
engañando a los venezolanos y atacar groseramente al candidato de la oposición,
en medio de espectáculos baratos deplorables.
Estas
elecciones tampoco son transparentes. El secretismo de Estado que aplica el
régimen en todas las esferas es reiterado en el campo electoral. El misterio
prevalece y ello siempre tiene algo de perverso detrás. Se invita una observación
internacional seleccionada, con seguridad favorable, con base en criterios de
conveniencia que sólo tiene una función protocolar.
Un
proceso electoral lleno de irregularidades, un fraude electoral continuado, que
obliga a plantear la necesidad de investigar en su momento y castigar a los
responsables, por comisión o por simple omisión, de delitos electorales y
conexos, relacionados con la intimidación, la multicedulación, la usurpación de
identidad, el ejercicio múltiple del derecho del voto, entre muchos otros.
Las
elecciones son el próximo domingo. Millones de venezolanos se expresarán y
Venezuela tendrá un nuevo presidente. El fraude continuado es una realidad y
para derrotarlo debemos votar y estimular el voto a nuestro alrededor y
defenderlo por todos los medios democráticos.
El
voto masivo mata el fraude que han venido desarrollando y que tratarán de
perfeccionar con el manejo perverso de los resultados, síntomas ya vistos con
la reciente violación por parte del partido oficialista, con el consentimiento
del CNE y de las instituciones, de las claves que dan acceso al sistema y que
garantizan los resultados reales.
Pero
la comunidad internacional esta vez estará detrás del proceso y de sus
resultados. No se torcerá tan fácilmente la voluntad popular que se expresará
el próximo 14 de abril. Una verdadera avalancha de votos acabará con las
intenciones de quienes quieren establecer por esta legitimación constante una
dictadura con base electoral.
vitoco98@hotmail.com
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