Que la Fiscal Luisa Ortega Díaz asegure, otra vez, que en
Venezuela se erradicó la tortura, no nos toma por sorpresa. Si fue capaz de
sostener semejante mentira en la ONU, aquí, en su territorio, debe resultarle
más fácil repetirla.
La escuché -hace pocos días- jactarse de eso en su
programa de radio. Dijo –e incluso así lo reseñaron algunos medios impresos-
que “la tortura en el país se erradicó, como parte de los avances del Gobierno
en la política de respeto y protección a los derechos humanos”.
Obviamente,
dicho por ella, suena a un gran logro de su gestión y, por supuesto, del
régimen que la puso a ocupar ese cargo. Pero, no importa la cara, el tono o la
emoción con la que diga “su verdad”. Decir que en Venezuela no hay torturas, es
como decir que no hay escasez, inflación, saqueos, muertes o asesinatos a
granel.
Esa verdad de la Fiscal, que se cae por sí sola, no aguantaría jamás un
careo con esos valientes venezolanos que todavía hoy se encuentran detenidos
injustamente, y en cuyos recuerdos prevalecen los golpes, el maltrato, las
violaciones, vejaciones y torturas que les han infligido, para sacarles
confesiones a la fuerza, y sustentar las invenciones que solo existen en las
mentes de sus cancerberos.
Decir que no hay torturas es negar, por ejemplo, los
horrores que ha vivido Araminta Gónzalez, la joven químico presa política de
este régimen, a quien sus torturadores le arrancaron el cabello para hacerla
admitir delitos que jamás cometió. Es más, me pregunto, ¿acaso no es una forma
de tortura tener a Araminta detenida en el INOF, desde hace un año, sin que se
haya celebrado aún su audiencia preliminar?
La Ley lo establece: 48 horas
después de la detención –a más tardar- debe realizarse la audiencia preliminar
para imputar los cargos. Araminta tenía prevista su audiencia para el pasado 23
de julio, un día antes de cumplir un año privada de libertad; pero, fue
diferida de nuevo por razones tan necias como falta de vehículo para trasladar
al juez hasta el tribunal. Insisto: ¿eso no es una manera de tortura o
violación de sus Derechos Humanos?
La psiquis de cualquier individuo sometido a
estas situaciones de zozobra, estrés y ansiedad, sumados a las condiciones
infrahumanas en las que sobreviven en estos centros de reclusión, son, a mi
juicio, una modalidad sádica de tortura. Una práctica tan cruel como someterla,
a la fuerza, a “entrenamientos militares”, que en el INOF llaman “orden
cerrado” y que consiste, según relató Araminta a sus abogados, en
entrenamientos de 4 o 5 horas, cantando himnos, repitiendo frases o loas de
marcado tinte político. Y como se negó a decir que amaba a Chávez, la obligaron
a pararse firme, bajo el sol, durante varias horas, mirando un retrato del
difunto presidente… eso ¿cómo se cataloga?
Pero, los alegatos de la Fiscal para decir que en el país
se erradicó esta práctica -característica de los regímenes totalitarios y dictatoriales-
se basan en la ausencia de denuncias formales ante el Ministerio Público. Según
ella, de haber torturas, habría denuncias. Y aquí nadie denuncia. Y las que
llegan son procesadas inmediatamente. Incluso, se vanaglorió al decir que
“sólo” 6 de los 43 fallecidos que hubo en febrero de 2014, habían sido por
excesos policiales. Y que, por supuesto, esos policías habían sido detenidos.
No es difícil imaginar la presión y el temor que deben
sentir los fiscales del Ministerio Público cuando, para mala suerte de ellos,
les llega una acusación formal de tortura: con nombres, apellidos, cédulas de
identidad y demás señas de los torturadores. Con sus direcciones y cargos bien
detallados en los escritos. El “efecto Afiuni” inmediatamente se apodera de
ellos. Por eso, los retardos procesales. Por eso, las escusas. Por eso, el
miedo a tomar las decisiones que se deben implementar y actuar apegados a lo
que dictan las leyes. Conocen las consecuencias. Saben lo que ocurre cuando se
le lleva la contraria al régimen.
Por eso las declaraciones de la International Bar
Association′s Human Rights Institute; agrupación internacional que asocia a los
juristas, y que abiertamente expresó su preocupación por la persecución que
sufren los abogados y defensores de los Derechos Humanos en el país; así como
por el deterioro evidente del estado de derecho y la administración de
justicia.
Conozco de fuente confiable los vejámenes, persecuciones
y amenazas que reciben los abogados que se atreven a asumir la defensa de los
llamados presos políticos. Incluso de las detenciones arbitrarias a las que son
sometidos para doblegarlos, asustarlos y obligarlos a renunciar a esos casos.
He visto las marcas de las esposas en las muñecas de abogados aguerridos a
quienes, sin mayores explicaciones, privan de libertad para hacerlos desistir
de la causa que defienden.
Pero, también he visto la integridad y el apego no
solo a la ley, sino a la justicia, a sus ideales y sus valores. Algunos
abogados, incluso, sin dejarse intimidar por el tamaño y poderío del Estado, se
atreven a seguir denunciando con nombres, apellidos, direcciones, cargos e
instituciones en las que trabajan, a quienes con saña e indolencia, pero
amparados por la impunidad que impera en este régimen, se afincan con odio y
resentimiento en la humanidad de quienes, en su momento, se atrevieron a alzar
la voz, protestar contra este desgobierno y exigir cambios.
José Domingo Blanco (Mingo)
mingo.blanco@gmail.com
@mingo_1
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