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viernes, 20 de junio de 2014

RICARDO ANGOSO, CUATRO AÑOS MÁS DE SANTOS, CASO COLOMBIA

Las elecciones ponen fin a una larga campaña dominada por la conversión del asunto de la paz en un arma arrojadiza entre los dos principales candidatos. En  lugar de haber hecho de este asunto un tema fundamental de consenso nacional, el país se dividió entre "guerreristas" y supuestos defensores de la paz, en un triste espectáculo con pocas ideas y propuestas realistas para Colombia.

Si alguien ha salido claramente derrotado en las últimas elecciones presidenciales han sido las empresas encuestadoras y de estudios  electorales, las cuales no supieron anticipar la victoria del presidente Juan Manuel Santos y que inflaron las expectativas electorales del candidato derrotado, Oscar Iván Zuluaga.  El uribismo, además, ha salido claramente derrotado y queda muy claro que cada día que pasa el poder y capacidad de influencia del expresidente Alvaro Uribe es menor y lo será aun más en el sentido de que tendrá poco o muy poco que ofrecer a sus partidarios.

Aparte de la influencia del clientelismo, de la compra de votos y de la utilización abusiva de los medios de comunicación y del aparato del Estado a su favor, Santos, que era el ejemplo más paradigmático de lo que es la oligarquía colombiana y de las formas con que se perpetúa en el poder, tiene ante sí cuatro años más en su haber y como principal reto el logro de que el proceso de paz concluya con éxito.

SANTOS, UN MANDATO MEDIOCRE CARACTERIZADO POR EL PROCESO DE PAZ

Tras un mandato mediocre caracterizado por el estancamiento en todos los órdenes y el aumento en la inseguridad pública, pero también por la ineptitud en el desarrollo de políticas eficaces en materia de salud, educación, justicia e infraestructuras, Santos basó toda su campaña electoral en la necesidad de lograr la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y concluir exitosamente el proceso iniciado en La Habana. Lógico: no tenía nada más que ofrecer a la sociedad colombiana. La vacuidad política, junto con su acendrada inconsistencia retórica, ha sido la tónica dominante durante todo su mandato.

La gente se muere en las colas de los hospitales, los colegios públicos son un desastre, los juicios se eternizan y viajar en Colombia sigue siendo una aventura surrealista; se tarda menos en viajar de Bogotá a Madrid que de la capital colombiana a Cali en coche. Nulos o pocos avances se detectaron en la época Santos, pero la inercia de poder, junto el pago por los favores recibidos a los caciques locales, han hecho realidad lo que hace unos meses parecía imposible: que se reeligiera a sí mismo uno de los peores presidentes de la historia de Colombia. Y es que como dice el periodista Andrés Oppenheimer, "en América Latina un gobernante lo tiene relativamente para reelegirse".

Quizá los colombianos, aun añadiendo el plus de la tradicional compra de votos por parte del poder para afianzarse otros cuatro años más, han preferido taparse la nariz y votar por Santos en aras de poner el punto y final a un conflicto que dura ya más de cincuenta años. Zuluaga lo tenía realmente difícil para ganar las elecciones, era una lucha quijotesca en todo el sentido de la palabra contra el Establecimiento. Batallar contra todos los medios de comunicación, claramente sumisos al presidente, y contra todos los poderes económicos, incluyendo aquí a los principales grupos del país que a su vez son propietarios de los dos canales de televisión, era un desiderátum de imposible cumplimiento. Así fue.

Zuluaga se estrelló contra los molinos de viento de la realidad colombiana, una sociedad que, tal como define el escritor Wiliam Ospina, está dominada por una elite que "son una cosmovisión, son un destino, son la última casta del continente. Tuvieron el talento asombroso de mantenerse en el poder más de cien años, y así lo permitimos, tendrán la capacidad de condenarnos todavía a otros cien años de soledad". Y agrega como colofón:"Tan excelentes son en su estilo, que ahora han logrado que una parte importante y sensible de Colombia olvide la historia y cierre filas alrededor de ellos, viéndolos como la encarnación de las virtudes republicanas, del orden democrático y de la legalidad".

En la batalla electoral, e incluso política más allá de la coyuntura de las elecciones, había también un componente de lucha entre dos grupos sociales bien distintos: por un lado, el peso de la provincia y el campo, que lideraba Zuluaga, y, por otro, el dominio secular que lleva ejerciendo sobre Colombia la oligarquía bogotana, que no estaba dispuesta a ceder el bastón de mando a un recién llegado y que ven a Colombia más como una gran quinta que manejan a sus anchas que como una nación moderna. Santos es el más claro exponente de esa clase, propietaria de medios, bancos, partidos y haciendas, y quizá eso explica su éxito político; nadie podía competir frente a él y menos en un país como Colombia.

UN ESCENARIO PLAGADO DE MÁS INCERTIDUMBRES QUE CERTEZAS

Pese a todo, el futuro de Santos es un campo minado y no precisamente por las FARC, sino por todos los problemas que le acechan en todos los órdenes. Las elecciones no servirán para tapar los graves desafíos sociales, políticos y económicos que tiene el país. El descontento es muy grande en numerosos sectores, pero sobre todo entre los jóvenes sin ninguna expectativa, el agro cansado de esperar las promesas y medidas de un ejecutivo que les miente sin ningún rubor y las capas sociales del país más depauperadas y pobres, cansadas de esperar en la cola de la historia y deseosas de un cambio que nunca llega. Buscarán su espacio, es el destino, y lo harán aunque sea a golpes.

Si alguien se cree que un simple proceso electoral puede acallar todo el descontento que vive Colombia está muy equivocado. Las turbulencias que el país vivió el último año, junto con el final de los paradigmas de la era contemporánea, en el sentido en que a través de las redes sociales se pueden convocar protestas y derrumbar regímenes en apenas días, pueden llevar a Santos y a lo que representa a seguir viviendo en su burbuja sin percibir los procesos sociales que se incuban debajo del sistema.

El país requiere cambios y reformas profundas, en todos los órdenes de la vida, y el estancamiento, por no decir agotamiento, del actual régimen político -no merece otro nombre- es absolutamente verificable en todos los indicadores sociales y económicos. O se cambia de forma de hacer las cosas, en el sentido de hacer un país más incluyente y más justo, o el colapso será inevitable.

En lo que respecta al proceso de paz, que tantas dudas suscita en numerosos sectores y del que tan poca información hay sobre la mesa, las incertidumbres son muchas. Nadie sabe de qué forma se les dará representación política a los antiguos terroristas y si, finalmente, el precio que habrá que pagar a cambio de la firma del acuerdo de paz será la impunidad de los actuales responsables de las FARC, algo que habría que sopesar qué costes políticos podría tener en la sociedad colombiana y en sus sumisas instituciones.

Luego habrá que esperar qué proyecto de país tiene el presidente Santos, que es un gran vendedor de humo y experto en juegos retóricos sin contenidos reales, pues en los pasados cuatro años no se pusieron en marcha ninguna de sus famosas "locomotoras" y no se atisban esperanzas de que lo vayan a hacer ahora. ¿Se ven luces al final del túnel colombiano? Sí, pero es de esperar que no sean, como dice el filósofo Slavoj Zizek, las de un tren que viene a toda velocidad para estrellarse contra todos los colombianos. ¿O es que esta vez el cambio viene en serio? Veremos qué pasa.

Ricardo Angoso
@ricardoangoso

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viernes, 30 de noviembre de 2012

RICARDO ANGOSO, EL VERDADERO PROBLEMA EN EL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO. DESDE COLOMBIA

Las negociaciones entre el gobierno colombiano, liderado por el  presidente Juan Manuel Santos, y la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), van por buen camino, se sostiene desde Bogotá. Desde luego para la guerrilla más antigua de América Latina, que no oculta su ideología comunista y "combina todas las formas de lucha" para llegar al poder, el actual escenario era inimaginable hace apenas dos años y medio, cuando gobernaba con mano dura y buen tino el presidente Alvaro Uribe.


La exposición mediática de los líderes de las FARC les ha dado una victoria añadida a su sola presencia ya en la mesa de negociaciones. Mejor no les podía haber ido a los jefes terroristas, mientras que los aburridos negociadores del ejecutivo colombiano -¿no había algo mejor?-tan sólo provocan el bostezo generalizado y el hastío, lo que suele ocurrir cuando alguien que no tiene credibilidad y se sienta al lado de unos vulgares criminales. Los terroristas de las FARC muestran una retórica convincente y moderna, mientras que el equipo del presidente Santos da lástima, casi llegando a la pena. ¡Qué pobreza de recursos, Dios mío!

Pero el problema radica en que no se  están tratando las cuestiones fundamentales para los colombianos, es decir, el verdadero problema que atañe a este país: el narcotráfico. La banda criminal, que mata, asesina, extorsiona y secuestra impunemente sin que hasta el momento el presidente Santos haya sido capaz de señalarlos con claridad como responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos, es, además, el principal cartel de la droga de América Latina.Y esta es una cuestión crucial, no secundaria, en este supuesto proceso de paz. Peor aún: la pretensión del presidente Santos de convertir en colaboradores activos a los antiguos terroristas en la lucha contra el narcotráfico es un sarcasmo más a unir a la larga lista de los proferidos por el máximo líder para herir -aun más-el alma herida de un pueblo que ha sufrido demasiado en estos años para creer en líderes desvergonzados.

Según numerosas fuentes, entre las que se encuentran el director de Acción Andina, Ricardo Vargas,"las FARC siguen siendo importantes en el comercio de pasta básica de coca, y siguen usándolo como eje de la economía de guerra; además controlan los corredores del Putumayo, Nariño y Cauca, para hacer sacar la droga a Ecuador, y de parte del Catatumbo en su ruta a Venezuela". También, en plenas negociaciones, el periódico El país de Cali señalaba atinadamente que "la participación del grupo guerrillero en la producción y tráfico de drogas está ampliamente documentada en los propios computadores de ‘John 40’ y de abatidos jefes de las Farc como ‘Raúl Reyes’ y ‘Alfonso Cano’".

Las acusaciones contra las FARC, en el sentido de ser el principal cartel de la droga no ya de Colombia, sino de toda América Latina, vienen de lejos y ya la DEA, principal agencia de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en el continente, señaló recientemente que las Farc obtienen entre 1000 y 1500 millones de dólares anuales por el narcotráfico. Las mismas fuentes señalan que esta actividad ilegal representó en los últimos 15 años entre el 50 y el 70 por ciento de sus ingresos totales.

PROBLEMAS MENORES
Aunque no lo parezca, el asunto de los secuestrados en manos de las FARC, que algunos sitúan en varios centenares, puede ser hasta una cuestión menor al lado de este asunto. Por ahora, haciendo gala de un cinismo que sobrecoge, los líderes guerrilleros ya han anunciado que no hay más secuestrados en sus manos, dando a entender que unos ocho centenares de secuestrados que supuestamente eran rehenes de esta organización criminal podrían haber muerto e incluso se les debería dar como desaparecidos, toda vez que sus cadáveres o restos, al día de hoy, no han aparecido.Qué desfachatez tan inhumana, casi una broma si no habláramos de vidas humanas.

Incluso los terroristas presos, que a priori podían ser una rémora previa por parte de las FARC para negociar, parecen una cuestión también secundaria; los líderes máximos de esta organización nunca han mostrado ni el más mínimo interés por sus antiguos camaradas y no son un aspecto fundamental en la negociación que ahora se desarrolla en La Habana. Excepto pedir la libertad de Simón Trinidad, detenido por narcotráfico en los Estados Unidos, no han dicho mucho más a este respecto.

Luego se insiste mucho en el tema agrario, del cual las FARC hacen bandera señalando la desigualad en el reparto de la tierra y una estructura social que consideran absolutamente arcaica, pero realmente tampoco parece ser ese el problema capital. Si se acepta integrar a las FARC en el sistema político colombiano, como se intentó fallidamente en la década de los ochenta, ese sería un problema a tratar en las nuevas instituciones representativas por los electos en sus filas, todo ello de llegarse a un proceso de reconducción política del problema de una forma exitosa.

El verdadero problema -aunque el presidente Juan Manuel Santos ni siquiera lo cita y los negociadores del ejecutivo colombiano lo eluden- consiste en cómo desmontar el potente negocio que las FARC han montado y que hoy les aporta el 80% de sus recursos económicos para mantener la guerra. Y las cifras cantan, como señala el ya citado Vargas: "Las Farc siguen siendo importantes en el comercio de pasta básica de coca, y siguen usándolo como eje de la economía de guerra; además controlan los corredores del Putumayo, Nariño y Cauca, para hacer sacar la droga a Ecuador, y de parte del Catatumbo en su ruta a Venezuela". La ONG local Fedesarrollo señala, además, que las FARC ya controlan el 60% del negocio de la coca en Colombia.

Pero, yendo más allá, el dilema consiste en saber si realmente las FARC ha dejado de ser una fuerza guerrillera al uso para convertirse en una vulgar banda criminal que recurre a la violencia y a la extorsión para preservar su modus vivendi o, al contrario, todavía prevalece su antiguo y auténtico espíritu político de carácter marxista que les llevaría a abandonar el negocio de la droga para llevar a buen término el actual proceso de negociación en ciernes. ¿Serán capaces de afrontar ese reto y abandonar el narcotráfico? Difícil pregunta, compleja respuesta. El tiempo nos dirá cuáles son sus verdaderas intenciones.

Ricardo Angoso
rangoso@hotelquintadebolivar.com

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miércoles, 11 de abril de 2012

RICARDO ANGOSO / COLOMBIA: EL VIAJE A NINGUNA PARTE

Las FARC han dado un paso adelante en el imparable proceso de paz emprendido por el gobierno de Juan Manuel Santos liberando a los últimos diez uniformados secuestrados por la guerrilla. El diálogo se abre paso mientras la política de seguridad pública de Santos naufraga en medio del fragor de violentos atentados terroristas y la creciente delincuencia común a la que nadie parece querer poner coto.
Cuando han pasado casi dos años desde que el heredero natural del uribismo, el presidente Juan Manuel Santos, llegara a la máxima jefatura de su país, algo que logró cabalgando a lomos de la popularidad de su antecesor, la gestión política y económica del país deja mucho que desear. Los indicadores no pueden ser más negativos y la inseguridad pública, tanto la procedente de los terroristas como la común, ha vuelto a empeorar notablemente y, según una encuesta reciente, preocupa a más del 70 por ciento de los colombianos. Tan sólo sus ministros, los medios afines al Ejecutivo y su cohorte de aduladores con escaso convencimiento, junto con algunos “comunicadores”, consideran todavía que la gestión de Santos ha sido exitosa a estas alturas de la película.
Fruto de la inacción política que percibe la ciudadanía con meridiana claridad —aunque el diario El Tiempo, fiel al presidente, sigue tratando de negarlo—, hace apenas unas semanas, el sábado 17 de marzo, una columna de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacó a un destacamento militar en el departamento de Aracua y causó la violenta muerte de once uniformados, un suboficial y diez soldados. Pero lo más decepcionante fue la reacción del presidente Santos, quien señaló directamente a los militares muertos de ser los responsables del atentado por no haber cumplido con los protocolos de seguridad. ¿Inaudito, no?
También hace unas semanas el departamento del Chocó sufrió un paro armado “decretado” por las FARC. El departamento, uno de los más pobres del país pero paradójicamente rico en materias primas, ha sufrido pérdidas por valor de casi cien millones de dólares y ha estado paralizado durante una semana. Nadie hizo nada de nada, nadie movió un dedo. Solamente cuando la noticia se conoció a través de los medios y fue denunciada por las organizaciones locales, el gobierno de Juan Manuel Santos reaccionó y decidió convocar un Consejo de Ministros en la región que llegaba, cuando menos, demasiado tarde.
Como señalaba el diario El Espectador muy acertadamente, “que en silencio el departamento de Chocó haya estado inmovilizado, atemorizado y con hambre una semana, por cuenta de la amenaza de paro armado por parte del frente 57 de las FARC, no dejó muy bien parada al gobierno en materia de orden público”.
Otro asunto son los ataques terroristas a los sectores estratégicos del país, como por ejemplo el minero. La minería es hoy uno de los sectores que más atrae a los inversores extranjeros que vienen a Colombia a hacer negocios, también es uno de sus principales motores económicos. Las FARC también la tienen en su punto de mira, como era fácil de prever.
ATAQUES CONTRA PETROLERAS
El terror contra esta industria y contra quienes trabajan en ella se ha extendido en estos últimos meses, tal como señala muy atinadamente el analista Mauricio Vargas: “Las cifras asustan. Doce ataques guerrilleros contra la infraestructura petrolera en los dos primeros meses del año, cuando habían sido 31 en todo 2010, antes de comenzar a aumentar en 2011; 43 empleados y contratistas vinculados a la producción de crudo secuestrados en 2011, cinco veces más que en 2010; este año van 11 plagios, un ritmo que, de mantenerse, haría de 2012 el peor año en este rubro en lo que va de siglo”.
Las cifras hablan por sí solas, la inseguridad aumenta y el Ejecutivo de Juan Manuel Santos sigue de vacaciones, y nunca mejor dicho.
Un reportaje reciente del diario El Espectador informaba, en esta dirección que tanto preocupa a los colombianos, que en los 19 meses del presidente Santos al frente del poder en Colombia ha habido más de 200 atentados terroristas, unos dos centenares largos de víctimas, un sinfín de heridos y un coste incalculable en daños materiales. La responsabilidad, obviamente, corresponde casi mayoritariamente a las FARC.
La batalla por la seguridad, que había sido ampliamente reivindicada y desarrollada con éxito por el expresidente Álvaro Uribe, que gobernó entre los años 2002 y 2010, parece ya un desiderátum abandonado por el actual Ejecutivo.
Santos parece más dedicado a los golpes de efecto retóricos, efectistas y mediáticos, como por ejemplo el mensaje dirigido a la nación una vez lograda la liberación de los últimos diez uniformados en poder de la sanguinaria guerrilla de las FARC, pero carentes de contenidos y soluciones prácticas para una ciudadanía cansada de la “cascada” de anuncios (y nombramientos millonarios) inútiles, que al ejercicio de un gobierno responsable y a la altura de las necesidades de un país cada vez más cuestionado.
¿Puede Colombia volver a la lista de Estados fallidos de la que le había sacado Álvaro Uribe? De continuar el actual camino, claro que sí. Sin seguridad no hay nada, ni prosperidad ni bienestar.
Y como fruto de este abandono de la política de seguridad democrática que abanderó Uribe hoy los colombianos se encuentran con que las FARC siguen golpeando con fuerza en casi todo el país, habiendo causado sensibles daños a la fuerza pública en los pasados meses; la banda criminal los “Urabeños” campa a sus anchas en una buena parte del territorio colombiano y en el mes de enero consiguieron paralizar, ¡ni más ni menos!, que a siete departamentos (provincias) colombianos; y que las ciudades de Cali, Medellín, Cúcuta, Pereira y Barranquilla se encuentren en la lista de las 50 más peligrosas del mundo.
Mientras este escenario preocupante se desarrolla, sobre a todo a nivel cotidiano pues las poblaciones más vulnerables siguen siendo las más humildes, el gobierno exhibe un triunfalismo que desconcierta y, desde luego, no tranquiliza a nadie.
Por ejemplo, a estas alturas, aparte de buenas intenciones y varios paquetes legislativos sin traducción práctica en la adversa realidad del país, se sigue echando en falta un verdadero plan de infraestructuras que merezca tal nombre, una reforma del caótico e infuncional sistema (¿?) de salud colombiano y una profundización y mejora en la educación pública, cada vez menos universal y que ahonda la brecha en la sociedad más injusta de América Latina, tal como señala el coeficiente Gini.
DIÁLOGO POLÍTICO
También existe un claro “coqueteo” con los países bolivarianos, pero especialmente con Cuba y Venezuela, algo que preocupa a los amigos tradicionales de Colombia. Según señalan algunas fuentes, podría haber una intencionalidad política en estos acercamientos: buscar a toda costa un diálogo político con las FARC.
Según el periodista venezolano Nelson Bocaranda Sardi, Santos habría tratado en su reciente encuentro en La Habana con los líderes de Cuba y Venezuela, Raúl Castro y Hugo Chávez, respectivamente,el candente tema de las FARC, a pesar de que oficialmente se iba a tratar solo el boicoteo de los Estados Unidos a Cuba en la Cumbre de las Américas, a celebrar en Cartagena de Indias este mes de abril.
Y es que, según Bocaranda, el año pasado el extinto jefe de las FARC, alias Alonso Cano, y su hoy máximo líder, Rodrigo  Londoño, alias Timochenko, habrían viajado a Cuba en un avión de la empresa estatal venezolana PDVSA, “escapando del cerco del ejército colombiano”, para hablar con Fidel Casto y ponerlo al tanto de “la realidad de la organización guerrillera”. Y agrega: “Las cartas las tiene Juan Manuel Santos. Cuba podría ser el destino final de los jefes guerrilleros para lograr un acuerdo del cese al fuego y de liberación de todos los secuestrados. La fuerza militar colombiana ha sido demostrada en su totalidad y la guerrilla lo sabe.Ya en tres oportunidades han estado cerca de los dos. Ambos lo saben”.
Santos, como buen animal político que es, busca un prestigio internacional a través de un acuerdo con las FARC que nunca le dará su deficiente gestión del país en el día a día, quizá con la vista puesta en dos objetivos de amplio calado, como serían el puesto en la Secretaría General de las Naciones Unidas o el Nobel de la Paz. O ambos al mismo tiempo.
El riesgo de esta apuesta, como ha ocurrido con intentos pasados de diálogo con las FARC, es que puede fracasar en el intento y erosionarse políticamente quizá para siempre, como le ocurrió al conservador Andrés Pastrana en esta apuesta tras el despeje de la región del Caguán para la ‘muchachada’ guerrillera.
Las FARC saben que Santos se juega mucho en este “juego” —el presidente es un consumado jugador de póquer— y nunca negociará si no van a obtener réditos políticos.
Mientras tanto, entre bambalinas, las negociaciones ya se hacen muy evidentes y es casi innegable el carácter de mediadora de la exsenadora y controvertida dirigente liberal Piedad Córdoba, cuya cercanía política con las FARC molesta a más de uno en Bogotá y causa lógicos recelos en las Fuerzas Armadas. De naufragar en este intento, Santos tendrá pocos resultados que ofrecer a una ciudadanía que cada día se muestra más decepcionada ante el actual estado de cosas y que no oculta, por mucho que le pese a algunos, una cierta nostalgia de la larga (y tranquila) era uribista. Veremos qué pasa en los próximos meses.
De momento, ya es una realidad la liberación de los diez últimos uniformados en poder de las FARC. La lista de liberados la componen los policías Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero, Wilson Rojas Medina, Carlos José Duarte y César Augusto Lasso Monsalve, y los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Robinson Salcedo Guarín, Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y Luis Arturo Arcía.
Todos ellos han llegado sanos y salvos de noche desde Villavicencio a Bogotá en sendos aviones de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea junto a sus familiares. Estos colombianos han pasado en cautiverio en manos de la guerrilla de las FARC algunos desde el año 1998 y otros desde 1999.
Fuente: Cambio16 (Spain)

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