El
acontecimiento más importante de esta semana en América Latina es la decisión
del gobierno argentino de tomar control de YPF, la petrolera más grande del
país. El lunes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la
expropiación de la participación mayoritaria de YPF, que es propiedad de la
compañía española Repsol. El gobierno español, con el apoyo de la Unión
Europea, ha anunciado que tomará medidas de represalia contra Argentina,
señalando que “todas las opciones están sobre la mesa”. La Economist
Intelligence Unit tiene un muy buen análisis (en inglés) sobre el caso y las
implicaciones para Argentina.
La
gran pregunta tras la abrumadora reelección de Fernández en octubre pasado
giraba en torno a si profundizaría el modelo económico que ella y su difunto
esposo (y predecesor) implementaron desde su llegada al poder en 2003
—caracterizado por un alto gasto público, controles estrictos sobre las
industrias y nacionalizaciones selectivas de empresas— o si cambiaría el rumbo,
dadas las crecientes señales de agotamiento del modelo: una inflación alta, un
déficit fiscal cada vez mayor, una creciente fuga de capitales, la caída de la
inversión extranjera directa, el debilitamiento del peso, etc.
Cualquier
duda ha sido despejada. Con la nacionalización de YPF, Argentina se une
decididamente a Venezuela, Ecuador y Bolivia en el club de naciones
latinoamericanas que defienden el más puro de los populismos económicos.
Durante los próximos meses, podemos esperar más medidas proteccionistas, más
controles sobre la economía, más nacionalizaciones y, una vez que al gobierno
se le acabe el dinero tomado en los últimos tres años de los fondos de
pensiones privados y de las reservas del Banco Central, no debería
sorprendernos si toma control de los bancos.
Las
cosas solo van a empeorar para Argentina.
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