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viernes, 1 de agosto de 2014

DARÍO ACEVEDO CARMONA, EL DEBATE QUE IVÁN CEPEDA ELUDE, DESDE COLOMBIA

En su cacería contra el ahora senador Uribe, Iván Cepeda ha utilizado todo tipo de argucias, hasta la de acercarse a los enemigos históricos del comunismo fariano. Su consigna parece ser llevar a Uribe a la cárcel y ayudar a que Timochenko llegue al Congreso.

En su empeño lo acompaña una jauría de reconocidos escribidores y un variopinto elenco de políticos en el que juega, ya más de frente, el presidente Santos, que predican la paz y la reconciliación mientras le declaran la guerra al uribismo.

Su salida más reciente es hacerle un debate al senador Uribe por su responsabilidad en los crímenes del paramilitarismo con el apoyo de Claudia López, la Juana de Arco colombiana. En la bancada del Centro Democrático nadie se asustó y los retaron a realizarlo en un nivel más profundo de tal forma que se consideren todas las variables del fenómeno paramilitar, la parapolítica y por supuesto el de las guerrillas terroristas, sus crímenes de lesa humanidad y su entorno o periferia civil.

Habría que empezar por destapar los amplios nexos que las guerrillas han forjado hace muchísimos años con sectores y personalidades políticas de todas las tendencias, activistas de organizaciones gremiales, cooperativistas, funcionarios públicos, académicos e intelectuales.

El fenómeno de la paraguerrilla, que existe, no ocupa la atención de la Justicia no solo porque ella sea inoperante ni porque de alguna forma se sienta el peso de la profunda infiltración de que ha sido objeto, sino porque se ha instalado a placer una teoría sociológica que justifica la lucha armada contra el Estado colombiano.

Ríos de tinta han corrido en los medios y en libros y revistas de carácter académico en los que se defiende la idea de las bases estructurales del levantamiento armado, se valida el delito político en el marco de una sociedad democrática, se desestima la influencia de proyectos revolucionarios y de gobiernos que como los de Cuba, la URSS y la China estimularon ideológica y militarmente la creación de guerrillas “revolucionarias” en los años sesenta del siglo pasado.

La ideología comunista, no obstante las denuncias y las evidencias de su carácter totalitario y antidemocrático que apela a la “violencia revolucionaria” para la toma del poder, ha servido de parapeto para que los crímenes de los regímenes  y de los líderes comunistas como Lenin, Stalin, Mao, Fidel, Hoxa, Ceacescu, Pol Pot, etc., sean vistos no como crímenes de lesa humanidad, sino como hechos conexos al delito altruista de la rebelión y cuota de sangre sacrificial inevitable para la redención de la sociedad.

La periferia civil o entorno amigable de las guerrillas que en la actualidad es más fuerte y eficaz que cualquiera de sus debilitados y degradados frentes militares, nos quiere poner a bailar el son de la paz, anhelo convertido en una cantinela, en fraseología, en producto mediático, en una medallita, no deja aflorar las denuncias sobre las redes y conexiones de las guerrillas con sectores de la sociedad civil.

La labor que adelantan en la coyuntura actual se orienta a vendernos la idea de una paz “con profundas reformas sociales”, que no castigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que le otorgue garantías de participación y elegibilidad política a la comandancia, que no se entreguen las armas, que se hable de “víctimas del conflicto” o del Estado y no de víctimas de las FARC o del ELN.

Esta noción de “víctimas” de un abstracto conflicto es una forma de hacerle el quite a su condición de victimarios que nos recuerda la de las “víctimas de la Violencia” que se impuso en los años del enfrentamiento liberal-conservador. En el libro clásico, la Violencia en Colombia, de Guzmán Campos, Umaña Luna y Fals Borda, se describe el proceso por medio del cual los huérfanos, las viudas y los despojados terminaron echándole la culpa no a las guerrillas liberales ni a la policía política ni a las chusmas godas, que nunca reconocieron sus actos vandálicos, sino a una “violencia” etérea e impersonal.

Si el senador Cepeda y sus camaradas quieren un debate, pues démosle curso. El país está en mora de poner sobre la mesa todos los elementos, las variables y las aristas del conflicto violento que hemos sufrido los colombianos en los últimos cincuenta años. Sobre sus protagonistas visibles y clandestinos. Necesitamos saber no solo lo que hicieron los paramilitares y sobre sus relaciones con la clase política y empresarial o los desafueros del Estado. Es preciso hacer el mismo ejercicio en lo que toca con las guerrillas y sus aliados.

No puede ser que sigamos pasando de agache en pedirle cuentas, por ejemplo, al partido Comunista y a otras organizaciones de izquierda por su apoyo velado o franco, ideológico o logístico a los grupos guerrilleros y por la apología de la lucha armada y de la “violencia popular y revolucionaria”. El Comité Central del PCC tenía entre sus miembros a “Tirofijo”, a “Jacobo Arenas” y a “Alfonso Cano. Y en su seno hubo altísimos dirigentes, como Manuel Cepeda que, según relato de Alvaro Delgado, otro miembro de ese Comité Central, en el libro Todo tiempo pasado fue peor, instigaron, estimularon y apoyaron la tenebrosa combinación de todas las formas de lucha. En honor de Cepeda Vargas un frente de las FARC lleva su nombre. Colombia necesita conocer los archivos de las sesiones de tantas plenarias del Comité Central de los comunistas para que se haga claridad sobre sus responsabilidades en los crímenes de las FARC y que nos expliquen, entre otras cosas, por qué los candidatos presidenciales de la UP, según Delgado, tenían que presentarse ante el Secretariado de esa guerrilla y cuánto tuvo que ver en el asesinato de algunos dirigentes de esa organización que se opusieron a continuar apoyando la lucha guerrillera.

Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc

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jueves, 24 de julio de 2014

DARÍO ACEVEDO CARMONA, JUSTICIA INJUSTA, DESDE COLOMBIA

Preocupa en grado superlativo que nuestro aparato judicial de la impresión de estarse guiando en sus providencias y sentencias por una política, la que le marca el Ejecutivo y también sus propias malquerencias. Es lo que algunos han calificado como una tendencia a judicializar la política y a politizar la Justicia.

¿En qué tipo de asuntos se concreta esta distorsión? En primer lugar en la forma como se ha investigado y penalizado a congresistas acusados de tener nexos de diverso grado con los grupos paramilitares sin que se proceda de igual manera con aquellos que los han tenido y tienen con las guerrillas. El sesgo ha sido evidente e invita a preguntarnos la motivación de dicha forma de actuar. Algunos críticos achacan tal proceder a la profunda infiltración de elementos de izquierda y extrema izquierda afines a las guerrillas en el aparato judicial.
Hay quienes sostienen que la Justicia colombiana se guía, en alta medida, por una concepción que descarga en el Estado colombiano la mayor responsabilidad en los hechos de violencia. La presión sistemática de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de indudable y visible tendencia izquierdista parece haber dado el resultado que tenemos en la actualidad, el de una Justicia que se ha quitado la venda.
Esa es la razón por la cual no hay, como debería haber, una investigación y procesamiento de envergadura contra todos aquellos personajes incrustados en distintos órganos civiles y oficiales que tienen nexos con las agrupaciones subversivas.
Si, tanto los paramilitares como las guerrillas tejieron redes en la civilidad, ¿por qué la Justicia se inclina a castigar principalmente a los parapolíticos? La infiltración de las guerrillas o la presencia de simpatizantes de ellas no es una explicación satisfactoria.  Quizás no le hemos prestado suficiente atención a la colonización ideológica que se ha operado de la jurisprudencia sobre el conflicto colombiano por teorías y paradigmas que favorecen, precisamente, a aquellos grupos que supuestamente actúan guiados por ideales altruistas.
Tesis como la de mirar el contexto del acto criminal, una especie de tratado sociológico macro-comprensivo del que se desprenden las “causas objetivas”, o la teoría Roxin sobre el hombre de atrás o la organización, entre otras, conducen a pensar la acción del estado en términos de “complot oficial”. De tal suerte que se llega a pensar que los delitos de las guerrillas no son tan graves porque tienen inspiración altruista, humanitaria y justiciera, en tanto el Estado y los paramilitares, que vendrían a ser la misma cosa, y los parapolíticos, son criminales. Es decir, la adecuación del concepto de delito político aplicado a gobiernos dictatoriales en este caso a una democracia. Por eso, cuando se lleva a los estrados judiciales acusaciones contra personajes ligados a las guerrillas, inmediatamente, casi al unísono, se escuchan voces quejándose de persecución política, de señalamientos que ponen en peligro la vida y de injurias y calumnias.
Otra de las formas de expresión del desvarío judicial es el que salió a flote con los fallos (léase literalmente yerros) de la Justicia colombiana en la semana que pasó. Se le aplican 17 años de cárcel al exministro Andrés Felipe Arias en un asunto que no supuso detrimento patrimonial del Estado, en el que algunos particulares fueron los responsables de hacer trampas al programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y en el que si hubo problemas de contratación son los mismos que se han cometido desde que la agencia de la OEA presta servicios al ministerio de Agricultura.
Todo da para pensar que estamos en presencia de otro round en la querella de la Corte Suprema de Justicia con el expresidente Uribe y sus funcionarios más cercanos. En la lista de espera están varios exministros y otros que huyen de una Fiscalía que funciona como látigo del presidente de la república.
Simultáneamente el Tribunal Superior de Bogotá, el mismo que le ha negado ene veces la libertad al coronel Alfonso Plazas Vega, se la concede a Joaquín Pérez Becerra, alias Alberto Martínez, director de ANNCOL, portal de propaganda al servicio de las FARC organización calificada de terrorista, hasta hoy en día, por la Unión Europea, los EE UU y Canadá. Esta persona cumple funciones que son a las guerrillas lo mismo que las de algunos políticos a los grupos de autodefensa.
De aquí tenemos, entonces, la mano suave que se ha expresado en la liberación del principal propagandista de las FARC que regresará a la placidez sueca, país que los considera luchadores justicieros. Y la dureza contra un dirigente uribista que sin llevarse un peso al bolsillo y haciendo lo que sus antecesores y sucesores hicieron, fue castigado con total desproporción.
Me pregunto si dicha liberación ¿habrá sido fruto de un acuerdo en las conversaciones de paz? Ya que eso indicaría que este gobierno estaría ampliando el radio de acción de su entreguismo, en el que ya causaba escándalo la salvación de comandantes a punto de ser dados de baja trasladándolos a La Habana.

Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc

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