Preocupa en grado
superlativo que nuestro aparato judicial de la impresión de estarse guiando en
sus providencias y sentencias por una política, la que le marca el Ejecutivo y
también sus propias malquerencias. Es lo que algunos han calificado como una
tendencia a judicializar la política y a politizar la Justicia.
¿En qué tipo de
asuntos se concreta esta distorsión? En primer lugar en la forma como se ha
investigado y penalizado a congresistas acusados de tener nexos de diverso
grado con los grupos paramilitares sin que se proceda de igual manera con
aquellos que los han tenido y tienen con las guerrillas. El sesgo ha sido
evidente e invita a preguntarnos la motivación de dicha forma de actuar.
Algunos críticos achacan tal proceder a la profunda infiltración de elementos
de izquierda y extrema izquierda afines a las guerrillas en el aparato
judicial.
Hay quienes
sostienen que la Justicia colombiana se guía, en alta medida, por una
concepción que descarga en el Estado colombiano la mayor responsabilidad en los
hechos de violencia. La presión sistemática de organismos internacionales y de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de indudable y visible
tendencia izquierdista parece haber dado el resultado que tenemos en la
actualidad, el de una Justicia que se ha quitado la venda.
Esa es la razón por
la cual no hay, como debería haber, una investigación y procesamiento de
envergadura contra todos aquellos personajes incrustados en distintos órganos
civiles y oficiales que tienen nexos con las agrupaciones subversivas.
Si, tanto los
paramilitares como las guerrillas tejieron redes en la civilidad, ¿por qué la
Justicia se inclina a castigar principalmente a los parapolíticos? La
infiltración de las guerrillas o la presencia de simpatizantes de ellas no es
una explicación satisfactoria. Quizás no le hemos prestado suficiente
atención a la colonización ideológica que se ha operado de la jurisprudencia
sobre el conflicto colombiano por teorías y paradigmas que favorecen,
precisamente, a aquellos grupos que supuestamente actúan guiados por ideales
altruistas.
Tesis como la de
mirar el contexto del acto criminal, una especie de tratado sociológico
macro-comprensivo del que se desprenden las “causas objetivas”, o la teoría
Roxin sobre el hombre de atrás o la organización, entre otras, conducen a
pensar la acción del estado en términos de “complot oficial”. De tal suerte que
se llega a pensar que los delitos de las guerrillas no son tan graves porque
tienen inspiración altruista, humanitaria y justiciera, en tanto el Estado y
los paramilitares, que vendrían a ser la misma cosa, y los parapolíticos, son
criminales. Es decir, la adecuación del concepto de delito político aplicado a
gobiernos dictatoriales en este caso a una democracia. Por eso, cuando se lleva
a los estrados judiciales acusaciones contra personajes ligados a las
guerrillas, inmediatamente, casi al unísono, se escuchan voces quejándose de
persecución política, de señalamientos que ponen en peligro la vida y de
injurias y calumnias.
Otra de las formas
de expresión del desvarío judicial es el que salió a flote con los fallos
(léase literalmente yerros) de la Justicia colombiana en la semana que pasó. Se
le aplican 17 años de cárcel al exministro Andrés Felipe Arias en un asunto que
no supuso detrimento patrimonial del Estado, en el que algunos particulares fueron
los responsables de hacer trampas al programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y en el
que si hubo problemas de contratación son los mismos que se han cometido desde
que la agencia de la OEA presta servicios al ministerio de Agricultura.
Todo da para pensar
que estamos en presencia de otro round en la querella de la Corte Suprema de
Justicia con el expresidente Uribe y sus funcionarios más cercanos. En la lista
de espera están varios exministros y otros que huyen de una Fiscalía que
funciona como látigo del presidente de la república.
Simultáneamente el
Tribunal Superior de Bogotá, el mismo que le ha negado ene veces la libertad al
coronel Alfonso Plazas Vega, se la concede a Joaquín Pérez Becerra, alias
Alberto Martínez, director de ANNCOL, portal de propaganda al servicio de las
FARC organización calificada de terrorista, hasta hoy en día, por la Unión
Europea, los EE UU y Canadá. Esta persona cumple funciones que son a las
guerrillas lo mismo que las de algunos políticos a los grupos de autodefensa.
De aquí tenemos,
entonces, la mano suave que se ha expresado en la liberación del principal
propagandista de las FARC que regresará a la placidez sueca, país que los
considera luchadores justicieros. Y la dureza contra un dirigente uribista que
sin llevarse un peso al bolsillo y haciendo lo que sus antecesores y sucesores
hicieron, fue castigado con total desproporción.
Me pregunto si
dicha liberación ¿habrá sido fruto de un acuerdo en las conversaciones de paz?
Ya que eso indicaría que este gobierno estaría ampliando el radio de acción de
su entreguismo, en el que ya causaba escándalo la salvación de comandantes a
punto de ser dados de baja trasladándolos a La Habana.
Ruben Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
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