Recientemente, en una conferencia sobre temas
del federalismo, uno de los oradores expresó la frase: “mi municipio es mi
país”, refiriéndose al vínculo existente entre el ciudadano y la institución de
gobierno más cercana a él, que es el municipio.
Hoy quisiera ampliar este concepto, a mi
juicio muy acertado.
Efectivamente, nuestra cotidianeidad se
desenvuelve generalmente en el entorno del municipio donde habitamos. En ese
entorno trabajamos, nos transportamos, hacemos nuestras compras, y realizamos
gestiones; y desde luego, es el municipio donde ocupamos nuestros ratos de
ocio, donde nos reunimos con amigos y familiares y donde participamos en actos
culturales, deportivos, etc.
Por tal razón, para que el federalismo tenga
arraigo en el ciudadano, hay que hablarle en los términos más cercanos a él; lo
federal luce un tanto alejado, remoto. En cambio, lo municipal, luce cercano y
familiar. El municipio tiene gran importancia en la vida diaria, el bienestar,
la seguridad, la educación de los hijos, la salud y muchos otros temas del día
a día. Por eso es tan acertado decir “mi municipio es mi país”.
En Venezuela, que según la constitución
aprobada en 1999 es un “estado federal y descentralizado…” (Artículo 4),
existen 23 estados más el Distrito Capital (sede del gobierno, en Caracas). Los
estados, a su vez, se subdividen en 335 municipios. Es decir, hay “335 países”
diferentes, cada uno con sus características propias.
En otras naciones hay muchos más municipios,
producto de condiciones históricas y de un pasado donde un pequeño pueblo
constituía el espacio geográfico equivalente al municipio de hoy en día, tal
vez con diferentes nombres. En Francia, por ejemplo, hay 36.571 municipios
(también llamados “comunas”) para un territorio algo mayor a la mitad de Venezuela
(675.417 Km2) y una población casi el doble de Venezuela (66 millones). Y en
España, hay 8.116 municipios, para un área geográfica de 504.645 Km2 y una
población de 47 millones de habitantes. La relación municipio/territorio en
Francia y España es, respectivamente, 18 y 62 Km2 por municipio. En Venezuela,
esa relación es de 2.735 Km2 por municipio. ¡Muchísimo territorio para tan
pocos municipios!
Esto nos lleva a reflexionar sobre si
Venezuela es un país que requiere mayor número de municipios, habida cuenta su
extensión geográfica (916.445 Km2) y su población (29 millones de habitantes).
Varios autores reseñan que, en general, en Latinoamérica, hay proporcionalmente
muchos menos municipios que en países europeos. Si pensamos que el municipio es
el gobierno más cercano al ciudadano, pareciera que los municipios existentes
son insuficientes para atender la amplia geografía nacional y tal vez el número
de ellos debiera ser mayor. En un estudio realizado por Enrique Colmenares
Finol, ex Ministro del Ambiente en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez,
este propone una subdivisión mayor, especialmente en Caracas donde, por
ejemplo, el municipio Petare tiene mayor población que muchas ciudades del
interior.
En todo caso, no estamos aquí para debatir si
debe o no aumentarse el número de municipios; nuestro problema es otro:
¿cumplen los municipios el rol que se les asigna de ser “un gobierno local” en
todas sus facetas? ¿Sería esto diferente si se llevara a cabo la federalización
del país?
Trataremos de explicar nuestro punto de vista
en las siguientes líneas.
LA
AUTARQUÍA MUNICIPAL
La autarquía (o autarcía) es un término que
describe, según el DRAE, “la autosuficiencia; o la política de un estado que
intenta bastarse con sus propios recursos”. Es nuestro criterio que la
autarquía municipal, en la medida de lo posible, es el primer paso hacia una
auténtica federación del estado. En principio, los estados y municipios
deberían manejar sus propios impuestos y dejarle al gobierno central solamente
lo correspondiente a la “gran herencia”, es decir, al ingreso petrolero. Dicho
esto, ¿como se lograría que el municipio sea autosuficiente? La respuesta está,
como ha sido desde tiempos inmemoriales, en los impuestos que deben pagar los
ciudadanos y las empresas o establecimientos asentados en su entorno. Y ese,
lamentablemente, no es el caso hoy en día.
Es cierto que hay impuestos municipales
(patente de industria y comercio e impuesto sobre la ventas) que se pagan o de
lo contrario el negocio o industria se hace acreedora de mayores impuestos
(multas) o incluso el cierre del establecimiento. Pero hay muchos otros
impuestos que se pagan esporádicamente, o que no los recauda el municipio y por
consiguiente se “pierden” y van a parar al gobierno central. Ejemplo de ello
son el impuesto sobre la renta, recaudado por el SENIAT, y el impuesto a la
propiedad, recaudado por el municipio (que generalmente sólo se paga cuando hay
necesidad de una “solvencia” municipal); y raramente es un impuesto cancelado
por propia voluntad.
En Venezuela, los impuestos aduaneros son
también recaudados por el gobierno central e igualmente el IVA (Impuesto al
Valor Agregado). Todos los ingresos así recaudados, y otros, conforman una
gigantesca masa monetaria que en la actualidad financia, según afirmaciones del
gobierno, el 52 por ciento del presupuesto nacional.
Regresando a los impuestos municipales, está
claro que no hay mucho que hacer en cuanto a la recaudación de impuesto sobre
la renta ni de aduanas (por ahora…), a pesar de que muchos estados (municipios)
tienen fronteras marítimas o terrestres por donde ingresan grandes cantidades
de mercancías que generan montos importantes de dinero. En la Venezuela del
siglo XIX y parte del siglo XX, los ingresos por aduanas constituían montos muy
importantes que eran manejados por los estados (recuérdese que hasta 1953
Venezuela estaba constituida por “Estados” y hasta su nombre, “Estados Unidos
de Venezuela”, nombre que se retuvo desde 1864 hasta 1953, denotaba la
autonomía de que disponían).
¿Qué impuestos, entonces, pueden ser
utilizados para la autarquía de los municipios? Sin duda, el principal sería el
impuesto a la propiedad. Cobrar oportunamente este impuesto, imponer multas u
otras penas a quienes no lo cancelen oportunamente y, por el contrario, premiar
con descuentos a quienes se anticipen a su pago, bien pudiera ser el punto de
partida para la autarquía municipal.
Esto no es fácil de ser llevado a la
práctica. Hay que vencer obstáculos, como veremos. Para empezar, no existe en
el venezolano la conciencia ciudadana de que el pago de impuestos debe
corresponderse con buenos servicios. Otra dificultad la ocasiona que muchos
propietarios de viviendas no tienen la propiedad plena de sus casas pues éstas
han sido construidas sobre terrenos del municipio, los llamados “terrenos
ejidos”. En consecuencia, la mayor parte de los barrios, que es donde habita la
mayoría de los ciudadanos, no posee el “documento de propiedad”; su único
activo es la denominada “bienhechuría”, palabra esta que denota la construcción
o mejoras llevadas a cabo en terreno ajeno o ejido. En ese caso, la imposición
de un impuesto, aún si fuera muy bajo, es de difícil comprensión y
cumplimiento. La solución a este problema consistiría en entregar a los que
hayan construido sobre terrenos ejidos, la propiedad plena de los mismos. Con
lo que los habitantes de barrios tendrían de inmediato una riqueza, negociable,
que representa la propiedad de la vivienda. Esta es una deuda social acumulada
que no ha sido saldada al día de hoy.
En donde único es aplicable el impuesto
municipal a la propiedad es a los que son auténticos propietarios, cual es el
caso en las urbanizaciones y otros lugares donde las construcciones se
realizaron sobre terrenos de propiedad privada.
Aún suponiendo que, en una primera etapa, el
impuesto a la propiedad sólo se aplicara a los casos de viviendas en
urbanizaciones, seguramente que el monto a recaudar sería considerable. Por
tanto, para el logro de la autarquía municipal, que es el primer paso hacia un
estado federal y descentralizado, cada municipio debería concentrar sus
esfuerzos en campañas de concientización y recaudación de este importante
impuesto. Desde luego, la existencia de un catastro bien desarrollado es una
condición importante para este logro.
Por el lado del ciudadano, este tendría más
derecho a exigirle al municipio mejores servicios, mayor seguridad, vías en
mejor estado, establecimientos para la salud, hospitales municipales, escuelas
bien provistas, canchas deportivas, aseo urbano, … , en fin, todos los aspectos
de la vida diaria que mi “país” (mi municipio) me debería ofrecer, con la
calidad y cantidad para que se pueda disfrutar de una vida mejor.
Concluyo estas notas, sugiriendo que a partir
de ahora el movimiento hacia un país federal y descentralizado comience a
transitar los medios y requerimientos necesarios para lograr que la autarquía
municipal sea un hecho; ese sería el objetivo primero y primordial.
En las palabras del colega Nelson Acosta,
gran propulsor del federalismo en Venezuela: “trabajo aquí, pago mis impuestos
aquí, y estos se quedan aquí”.
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