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jueves, 26 de junio de 2014

OSWALDO PÁEZ-PUMAR, UNA MÁS

El tsj ha encontrado apropiado y conforme a la constitución que los miembros de la fuerza armada nacional participen en manifestaciones políticas. 

Desde luego que tratándose de militares activos que tienen legalmente el derecho a portar armas, se sigue como consecuencia que el tsj autoriza las manifestaciones políticas armadas, por lo que cabe preguntarse, pues con el tsj nunca se sabe, si ese fallo admite que además de esos militares miembros del PSUV contra quienes se interpuso ante el tsj el recurso desestimado que declaró que si lo pueden hacer, implica que también pueden manifestarse políticamente otros militares con causas distintas y hasta opuestas a las del PSUV.

También procede establecer si estos últimos, en caso que el tsj no modifique su “doctrina”, pueden al igual que los otros, manifestarse políticamente estando armados; y si resulta lícito o no dado que las portan, usar las armas contra fuerzas que pretendan impedirles el ejercicio del derecho a manifestar, reprimiendo a los manifestantes,
hipótesis que planteamos solamente desde este ángulo, pues no luce probable que otras fuerzas del orden público realicen actos de represión contra las manifestaciones políticas de los militares psuvistas, asistan éstos armados o no; y más bien luce probable que éstos se integren en una única fuerza  para repeler otras manifestaciones dada la política sostenida consistentemente por espacio de doce años que ordena, cada vez que la oposición anuncia la realización de una manifestación, la convocatoria por los psuvistas de otra con propósito diferente pero a la misma hora  que implica el
despliegue de fuerzas del orden público supuestamente para evitar confrontaciones.

El trabajo de aclaratorias por parte del tsj que esta decisión le acarrea es inconmensurable y por supuesto no incluye cuestiones relacionadas como la de la participación de las milicias bolivarianas, también armadas, o la de los llamados eufemísticamente colectivos, cuyas proezas en el combate de las manifestaciones desafectas al gobierno reclaman “doctrina judicial”.

Mientras tanto me limitaré a formular una solicitud de aclaratoria. 

¿Esos militares cuya participación en manifestaciones políticas encuentran el tsj constitucionalmente procedente, son los mismos encargados en las elecciones del plan república, o son otros?

Oswaldo Paez Pumar
opaezpumar@menpa.com

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martes, 27 de mayo de 2014

JOSÉ RAFAEL AVENDAÑO TIMAURY, AUTORITARISMO MILITAR O CIVILIDAD PLENA

La vida es un continuo dilema que en ocasiones nos hace asumir conductas que definen el futuro y ahora nos encontramos en una de ellas. 

El gobierno nacional pretende continuar con un modelo torcido y por esencia perverso. Desde hace diez años practica un control omnímodo sobre los poderes públicos que le ha permitido ejercer un régimen totalitario, eminentemente autocrático revestido de mantos de dudosa legalidad y de legitimidad. La crisis nacional presenta dos aspectos vitales para la solución pacífica del conflicto en desarrollo. La elección de los poderes vencidos y vitales para el funcionamiento del estado democrático asentado en la Constitución Nacional y la medida de gracia que permita la liberación de los presos políticos con Iván Simonovis como figura emblemática y el retorno de los exiliados políticos reales. Estos dos aspectos y otros -apuntalados por la manifestaciones multitudinarias de protesta ejercidas por los estudiantes- que giran a su alrededor fue la causa de la apertura del llamado diálogo emprendido hace más de un mes y ahora en suspenso.

Parece ser un hecho -así lo han aseverado sus más altos voceros- que el  régimen no está dispuesto a dialogar y mucho menos a encontrar un entendimiento político a través de lo pertinente: negociación Política, con términos, modos y plazos.

En la MUD – algunas de sus individualidades y partidos que la conforman -parecieran estar inclinados a la llamada teoría de no abandonar los espacios conquistados, que no es otra cosa que sujetarse a los Gobernadores, Parlamentarios, Alcaldes, Concejales y algunos otros ciudadanos que participan en diversas parcelas de poder. De esta manera piensan que no importa acudir a elecciones futuras con todos los poderes del estado al servicio del partido de gobierno porque, de acuerdo a su razonamiento, de aproximadamente 17 elecciones efectuadas en una o dos se han obtenido pírricas victorias reconocidas a regañadientes, sometiendo a "procesos legales" a cuanto opositor incómodo les haya venido en ganas. Les interesa poco que estos atropellos provengan del poder ejecutivo, legislativo, judicial y hasta del denominado poder moral en concomitancia cínica.

Proponemos "iniciar de inmediato la creación de un ágil mecanismo de organización para movilizar a todos los hombres y mujeres sin partido o con partido para pedir una activa participación en la lucha por la liquidación de esta etapa de humillación nacional". "Debemos actuar con gran amplitud de criterio, respetando las propias convicciones ideológicas, pero unificándolos para la recuperación de la soberanía con la consigna que ningún ciudadano demócrata que milite o no en partido alguno, debe permanecer inactivo en la presente ofensiva contra la tiranía".

En esta fase los estudiantes y trabajadores juegan un papel importante pues son los generadores de la presencia activa de las masas en la calle. Ellos deben constituir un equipo único de dirección para que en conjunto a los sectores profesionales, vecinos, ONG y los partidos políticos dispuestos a tal fin tengan la estrategia y la táctica definida. La estrategia no debería tener ninguna duda, puesto que el objetivo único es, de acuerdo al 350 constitucional, revertir por esos cauces el imperio pleno de la Carta Magna. La mente debe estar solamente centrada en ello. Los pensamientos electorales individuales deben soslayarse hasta la consecución de la plena normalidad.

La táctica a seguir debe ceñirse estrictamente a un criterio político concertado con "frialdad de catedrático" donde cada uno de los factores que conformarán el órgano pueda interactuar coherentemente con un diseño ágil y eficaz cuyo esbozo debe estar necesariamente alejado de cualquier tipo de violencia propiciatoria para la continuidad represiva asumida por el gobierno.

El mes de junio serviría para tejer la urdimbre y establecer el pacto social y político pautado en reuniones sectoriales. Los estudiantes agrupados por sus centros estableciendo un órgano de dirección único. Los trabajadores por intermedio de las centrales obreras constituidas o a constituirse. Los profesionales mediante sus diferentes estructuras gremiales. Las ONG creando una novedosa red orgánica para actuar en conjunto. Los habitantes a través de las asociaciones de vecinos o de barrios. Todos con sus respectivos representantes. Por supuesto que la participación de los partidos es fundamental, alejados por ahora de intereses electorales. Un Comité Promotor Nacional y Regional que coordine hasta la constitución formal que no debería exceder el mes de julio.

Es necesario articular la coordinación política eficaz con la capacidad plena de movilización popular. La una sin la otra hace estéril y dificulta los resultados. No es hora de vedetismos ni de pescueceo. Es la hora para la acción concertada.

José Rafael Avendaño Timaury
cheye@cantv.net
@cheyejr

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