Las leyes redactadas a través de un poder habilitante arbitrario y constitucionalmente desaforado, son expresión de una malsana obsesión por perjudicar derechos y libertades de unos en contra de otros, generándose una fractura social que pone en peligro el sentido de ciudadanía y civilidad que bien debe marcar todo intento de desarrollo democrático.
Popularmente se dice que “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. En política el problema no es del todo cierto. Aunque el susodicho refrán sugiere que las malas acciones cometidas sobre una mala persona tienen disculpa. Pero en verdad, eso no se cumple del todo pese a que el pensamiento popular entiende que este tipo de acto es un castigo y un acto de justicia. Casi como dar a probar la propia medicina. Pero en el fondo del asunto, la realidad suele complicarse pues en el plano de la política ni siquiera cien días de perdón alcanzarían a compensar el revés cometido por el segundo ladrón. Más, cuando la situación política se halla revuelta por efecto de los manejos dolosos y el nivel de corrupción que azota al aparato público en el país.
En ese caso, el problema adquiere una connotación distinta toda vez que sobre la misma tienden a recaer las acusaciones que no hicieron mella en el primero. Y así ocurre ya que en medio de la complicada escena aparece un tercer ladrón que termina asociándose con el primero estableciéndose de esa manera un círculo de atrevida insolencia. De hecho, situaciones de este tenor son las que lamentablemente están definiendo el devenir venezolano impulsado por acciones gubernamentales que, además de inconstitucionales, están llenas de un cinismo que no tiene parangón. Las leyes redactadas a través de un poder habilitante arbitrario y constitucionalmente desaforado, son expresión de una malsana obsesión por perjudicar derechos y libertades de unos en contra de otros, generándose una fractura social que pone en peligro el sentido de ciudadanía y civilidad que bien debe marcar todo intento de desarrollo democrático.
Las llamadas leyes del Poder Popular como la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (14-12-10), la Ley Orgánica de las Comunas (13-12-10) o la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas (29-01-11), así como el mal denominado Decreto-Ley contra el Desalojo Arbitrario de las Viviendas (09-05-11), constituyen flagrantes violaciones contra la concordia social y la necesaria conciliación política entre sectores discordantes. En consecuencia, este régimen apoyándose en tan abusiva carga de forzada legalidad, ha decidido actuar bajo procedimientos atentatorios de todo orden establecido desde la concepción de un Estado democrático, económico y social de Justicia y de Derecho, tal como lo refiere la propia Constitución de la República en su segundo artículo. Tanto es así que se abroga una exagerada autoridad para tomar espacios públicos y privados con la excusa de construir viviendas. O porque pretende edificar en lo que le queda de tiempo, las soluciones habitacionales que en once años no ha realizado.
Con el risible cuento de cambiar la ciudad, el gobierno habla de un “urbanismo subversivo” entre presuntas estrategias de desarrollo urbano, lo cual no es otra cosa distinta que usurpar espacios para cumplir con la absurda meta de construir dos millones de viviendas en los próximos seis años. Esto que no tiene otro significado diferente que el de demagogia, es la expresión de un grave problema en lo que respecta al desmesurado afán por construir viviendas con el sólo propósito de obtener el apoyo electoral que para 2012 requiere el régimen y entonces superar el bache que su misma incapacidad ha venido creándole. Aún cuando las realidades revelan resultados caóticos. Tan cierto que, por ejemplo, en Petare (Edo. Miranda), sólo se construyeron 600 de 2.700 prometidas. Sin embargo la arrogancia es tal, que siguen expropiándose terrenos para dejar ver que lo que persigue el régimen es el desfalco de Venezuela pues de lote en lote, terreno a terreno, centímetro a centímetro, están robándose el país.
VENTANA DE PAPEL
He aquí el dilema
El pasado 7 de abril, la Gaceta Oficial Nº 8143, publica la Ley de Régimen de Propiedad de Vivienda dentro del marco de la Misión Vivienda Venezuela. Su artículo 9º expresa la división de propiedad familiar y multifamiliar donde se explica que es para uso, goce, disfrute y disposición por parte de la unidad familiar sin aclararse que es para la familia. El artículo 10º habla sobre la propiedad multifamiliar aunque el artículo 2º dice que este es un sistema distinto al de la propiedad horizontal cosa que llama la atención ya que pareciera que regulan lo mismo, propiedades individuales y propiedades comunes. En opinión de Danny Ramírez, Sec. Asuntos Municipales de Acción Democrática-Mérida, el porqué de esta incongruencia sobre propiedad horizontal hace ver que al gobierno no le interesa construir edificios. Al régimen le interesa crear una fantasma habitacional o una ilusión de vivienda para un grupo de venezolanos que no tienen vivienda propia y carecen de recursos. Es decir, de unos 2 millones de conciudadanos que esperan las medios y las promesas presidenciales para hacerse de una vivienda ante lo cual el régimen comienza a jugar a la demagogia con ellos vendiéndoles la idea de propiedades multifamiliares. Según Ramírez, “el régimen sólo va a construir mega galpones en terrenos expropiados que entregará a muchas familias bajo el concepto de unidad familiar. Asimismo, presentará las áreas de uso común: patios, lavaderos, baños, tanques de agua, estacionamientos etc., como propiedad multifamiliar. Muchas familias estarán viviendo en pequeños cuartos, compartiendo espacios paras disimular un sistema de vivienda moderno. Podríamos hacer comparaciones con las comunas hippies de los años sesenta. Esto trae una preocupación: ¿la privacidad familiar no quedaría descompuesta? ¿Se pondrá en peligro las buenas costumbres y la educación que viene del hogar? Esta ley atenta contra la familia, contra el derechos a vivir en un espacio privado, contra el derecho a ser independiente, Ninguno de los futuros beneficiarios de esta ley podrá expresar sus verdaderas ideas ya que vivirán presos en un sistema creado para vigilarlos”.
Protestas que continúan
Un gobierno iracundo como el actual, sigue extenuando el patrimonio de las instituciones democráticas. Sobre todo, con la Universidad autónoma cuando trata de intervenirla para convertirla en un centro de ideologización favorable a su proyecto doblegándola mediante todas las vías posibles. El anuncio unilateral del presidente de la República sobre un aumento salarial montante en un 40%, además de irrespetuoso, constituye una mera burla luego de cuatro años sin ajuste alguno. El Ejecutivo Nacional desconoce olímpicamente la existencia de normas de homologación y convenciones colectivas de trabajo como instrumentos válidos que deben soportar cualquier ajuste salarial. No sólo para el personal docente y de investigación, sino también para el personal administrativo, técnico y obrero de las universidades. Para los años 60, el sueldo de un profesor universitario era equivalente a ocho salarios mínimos. Más, cuando la inflación era casi imperceptible. Ahora, incluyendo el aumento anunciado del 40%, el sueldo de un docente-investigador de una Universidad pública, apenas cubre 3 salarios mínimos lo cual revela el grado de pauperización que insta el gobierno a través de sus equivocadas decisiones. Por esa razón, protestan los universitarios venezolanos. Entonces ¿cómo puede funcionar la Universidad con eficiencia y calidad si su personal está subpagado y recurrentemente es maltratado mediante acusaciones infundadas que lo denigran social y económicamente?
¡A cambiar de estrategia ya!
A la luz de los actuales problemas nacionales, es inminente encauzar un debate que no sólo afecta a una profesión, sino a todo un pueblo. También, al esfuerzo intelectual de los venezolanos. Más aún, a lo que es su pertenencia más importante: su libertad frente al avance reptante del poder del Estado en contra del individuo y bajo una concepción falsa de comunidad. A decir de la profesora universitaria Luz Varela, debe entenderse que “estamos en un equipo que en este momento de crisis debería ser más visible en sus relaciones, en su conciencia de lugar, en su juego político, o nos resignamos a ver cómo espectadores el hundimiento del país como refiere las Memorias de un venezolano de la Decadencia de Pocaterra”.
La prueba más dura que enfrenta el poder vertical es el no silencio de los ciudadanos. A juicio de Varela, “la línea más sólida para enfrentar al poder y su ignorancia, es combatirlo en donde no son fuertes: en la comunicación libre de las ideas en las calles y en la vigilancia crítica frente a la soberbia de quiénes vendiendo ilusiones, se abrogan el nombre y la voz del pueblo. Es así que aprovechándose de sus frustraciones y de sus necesidades tantas veces postergadas, fomentan la discordia y el enfrentamiento civil olvidando que la Nación, es un proyecto en continua construcción y no en degradante destrucción de la comunidad política. Y que ésta, ya no responde a las decisiones de las montoneras de turno del siglo XIX o a la voz vertical del caudillo, su partido y sus pretensiones de pensamiento único y demiúrgico de corte autoritario”.
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