El conflicto de los trabajadores de
SIDOR por la firma de su contrato colectivo, vencido desde hace cuatro años, ha
puesto en evidencia, una vez más, el carácter autoritario y antiobrero de la
cúpula boliburguesa que desgobierna.
La negación o dilación en la discusión de
los contratos colectivos de trabajo se ha convertido en una práctica común del
régimen, afectando a millones de trabajadores al servicio de la administración
pública y de las empresas del Estado. Esto constituye una violación flagrante
de convenios internacionales firmados por el país en el marco de la OIT, así
como de la Constitución Nacional vigente y de la Ley Orgánica del Trabajo.
Después
de largos meses de discusiones obrero-patronales, los sidoristas emprendieron
un conjunto de asambleas y movilizaciones para presionar el logro de sus
reivindicaciones laborales. La respuesta del gobierno no se hizo esperar:
primero, una falaz campaña de descalificaciones por parte de los principales
voceros del oficialismo, encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello,
acusándolos de “mafiosos”, “guarimberos”, “contrarrevolucionarios” y
“locheros”. Luego, una brutal represión contra las movilizaciones, del mismo
tenor de la desarrollada contra el movimiento estudiantil en meses recientes y
con saldos similares: heridos, detenidos y muchos perdigones y “gas del bueno”
para disolver las asambleas, concentraciones y marchas; o sea, criminalización
y judicialización de la protesta. Posteriormente, al amparo de las sombras de
una madrugada, firmaron un contrato espurio que escamotea las reivindicaciones
reclamadas, a espaldas de los sidoristas y de la mayoría de la directiva del
sindicato, maniobra ésta para la cual se prestaron apenas tres de los once
miembros de su junta directiva.
No
se trata de que estemos frente a algo nuevo o distinto a la fórmula que el
gobierno viene aplicando para despachar la gran mayoría de los conflictos
laborales. El detalle es que ahora le tocó a una de las empresas básicas más
importantes del país, la cual agrupa a 15.000 trabajadores, acumula una larga
tradición de luchas y cuyo sindicato está dirigido por sectores afectos al
oficialismo; a los cuales hoy, lamentablemente, les tocó una dosis de la
“receta” antidemocrática y antisindical de un régimen que se ufana de ser
obrero, popular y socialista. Obviamente, esta “receta” incluye el rol que
cumple la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas al servicio del
Estado-patrón, como muro de contención de las luchas obreras por sus derechos y
reivindicaciones y como esquiroles para la intervención de los sindicatos, la
represión contra los trabajadores y la entrega vergonzosa de sus conquistas
económicas, sindicales y políticas. Como gustaba parafrasear el Supremo responsable
de este adefesio arbitrario, militarista y despótico en que ha devenido el
régimen boliburgués, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche.
Pero
también este conflicto ha puesto a prueba la combatividad de las bases
sindicales y concitado la solidaridad del conjunto del movimiento obrero y
sindical de Guayana y del país, el respaldo de otros sectores de la vida
política y de la sociedad civil, en franca lucha contra la represión, las
maniobras y la imposición. A su vez, ha reivindicado, en la práctica, la
importancia de la autonomía del sindicalismo y demás expresiones organizadas
del movimiento popular y ciudadano, su independencia de clase y sus derechos
democráticos. Desde este punto de vista, la lección más importantes es que el
carácter autónomo y de clase del sindicalismo, la democracia sindical y los
derechos y reivindicaciones laborales deben ser preservados y fortalecidos
frente a los intereses de los patronos o del Estado, independientemente de las
militancias partidistas o simpatías políticas de quienes lo dirigen o integran.
Al fin y al cabo, mientras el pueblo y el país permanecen, los gobiernos pasan.
Este también pasará, no debe quedar ninguna duda.
Rafael
Venegas:
rafavenegas07@yahoo.es
@rafantvenegas
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