RAFAEL NIETO LOAIZA, EL FISCAL Y LOS CRÍMENES INTERNACIONALES, DESDE COLOMBIA

RAFAEL NIETO LOAIZA

El Fiscal General dijo que había viajado a La Haya a “defender la solución negociada del conflicto”. No dudo ni de su buena fe ni de que esas fueran sus intenciones. Pero quizás sea exactamente esa la razón de sus equivocaciones: Montealegre no tiene entre sus funciones ninguna siquiera cercana a “la defensa de la solución negociada del conflicto”. Según la Constitución, al Fiscal le corresponde “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”.

Por eso se entiende tan mal que nada menos que la cabeza del órgano encargado de investigar el delito y acusar a los presuntos delincuentes insista una y otra vez en que los guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no deben pagar con penas privativas de la libertad por sus abominables delitos. Según Montealegre, para que hubiese justicia bastaría con que esos asesinos en serie hicieran “trabajo social”.

Cuando lo dice, el Fiscal pareciera dejar de lado su tarea constitucional de perseguidor del delito y volver a su papel original de abogado defensor, por el que ganó merecida reputación. Con ello, aunque no lo quiera, hace un triple daño: por un lado, a las instituciones, al trocar la función constitucional de la Fiscalía. Por el otro, peor, incentiva la violencia y la reiterada comisión de los crímenes más abominables, los de lesa humanidad y los de guerra, porque envía el mensaje a los guerrilleros de que si los siguen cometiendo no les pasará nada distinto a tener que hacer un “trabajo social” cualquiera. En esas condiciones, cuando es el mismo Fiscal General quien hace tales anuncios, no debe extrañar que las Farc y el Eln sigan, como siguen, cometiendo tales delitos. Por último, afecta negativamente a los negociadores del gobierno en Cuba porque les cercena de manera grave su margen de maniobra en la mesa: si el Fiscal ya ha dicho que bastaría con “trabajo social” para sus crímenes, ¿porqué habrían de aceptar los jefes de las Farc alguna otra pena?

Y al mismo tiempo que declara como delitos de lesa humanidad 34 asesinatos de miembros de la Unión Patriótica (el partido que crearon las Farc durante el proceso de paz con Belisario Betancur), sostiene que en Colombia no hay guerrilleros sentenciados por tales delitos Más allá de que olvida que un crimen de lesa humanidad lo es por su naturaleza, sin importar la denominación que le de la Fiscalía (solo en la bomba del club el Nogal las Farc asesinaron a 36 y causaron mas de 200 heridos, por ejemplo), es demoledor el mensaje de un doble estándar en el cual los delitos de la guerrilla son tratados con generosísima benevolencia.

Para rematar, el Fiscal, que es suavecito como un conejo con la guerrilla, se muestra feroz con los contradictores del Gobierno, por un lado, y con los miembros de la Fuerza Pública, por el otro. La Fiscalía no solo pide condenas de decenas de años contra generales de la Fuerza Pública por “omisión” y sosteniendo que el Ejército es un “aparato organizado de poder” para delinquir, teoría que es un exabrupto en una democracia, sino que sistemáticamente persigue los órganos de inteligencia, los mismos que, junto con el apoyo aéreo y las fuerzas especiales, son los responsables del grueso de los éxitos en la lucha contra la guerrilla y de golpes como las operaciones que concluyeron con la libertad de Ingrid Betancourt y el general Mendieta, entre otros secuestrados.

En La Haya, la fiscal Bensouda de la CPI recordó, como había hecho ya en carta a la Corte Constitucional, que “el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. Es decir, en criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia”. Montealegre salió de Holanda a criticar a la Fiscal de la CPI, sostuvo que su posición es “debatible” y anunció que insistirá en su cruzada por impunidad para las Farc. Su persistencia le hace flaco favor a la paz y a la justicia.

Rafael Nieto Loaiza

rafaelnietoloaiza@yahoo.com

@rafaelnietoloaiza

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, ¿A QUIÉN DEFIENDE EL FISCAL?, DESDE COLOMBIA

No sé qué puede ser peor para la institucionalidad, a la que, no obstante sus falencias me someto, si las actuaciones del señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el caso de la destitución del alcalde Gustavo Petro o el destape de la propuesta de asamblea constituyente por parte de las FARC.

El señor Montealegre ya nos tenía acostumbrados a su papel de excusador de las FARC en materia de crímenes de lesa humanidad. Sin que nadie se lo pidiera se abalanzaba sobre cámaras y micrófonos para opinar sobre espinosos temas que se debaten en las conversaciones de La Habana. Tratándose de una persona con trayectoria jurídica tan vasta y con cargo de tan alta responsabilidad, uno piensa que lo correcto es una actitud reflexiva, de clara defensa de la legalidad y la legitimidad en vez de las apresuradas opiniones con las que exime de culpabilidad a los comandantes guerrilleros puesto que en nuestro ordenamiento no está, según él, el delito de lesa humanidad. Ignorancia crasa o supina del precepto que convierte en legislación nacional los acuerdos internacionales en la materia.

El Fiscal, en todo caso, ha ido tan lejos, ha rebasado tanto sus límites, su fuero y su competencia, que le disputa a Humberto de la Calle su rol de jefe del equipo oficial de los diálogos de paz, mostrándose más regalista y condescendiente con las guerrillas que el propio presidente Santos. Da la impresión de estar más de parte de los comandantes farianos que de la sociedad a la que debe defender y en particular de las víctimas a las que está obligado a proteger.

Ahora, en el caso de la destitución del alcalde Petro por sus graves fallas administrativas, se ha presentado más en el papel de abogado defensor de quien dio muestras evidentes de burlarse de las normas y las leyes y de presionar a las instituciones con el tumulto callejero, que de investigador imparcial y objetivo de las denuncias interpuestas contra Petro por el caso del manejo de las basuras.

Se reunió con Petro, un acusado ante la Fiscalía, destituido en primera instancia, durante tres o más horas en su despacho no en los estrados, despojándose de su investidura.

Ahora anuncia que en sus manos puede estar la suerte del alcalde “perseguido”, realizó un allanamiento a la Procuraduría, ha iniciado una averiguación preliminar, con una celeridad increíble, en contra de Alejandro Ordoñez. Prejuzga de injusta y arbitraria la medida del Procurador y califica sus funciones de exageradas y que abusa de su poder. De antemano, pues, el Fiscal canta su posición, con un desparpajo e insolencia desconocido en los anales de la Justicia colombiana.

El Fiscal da rienda suelta a su enemistad con el Procurador a quien ha insultado y maltratado por sus posiciones en materia de paz e impunidad. Aquí no está de por medio ni Cristo ni la virgen María ni el catolicismo ni las relaciones Iglesia-Estado, ni el aborto ni el matrimonio entre homosexuales, que son temas bien discutibles en los que tiene lugar una sana controversia. Es curioso que muchos pensadores liberales y de izquierda que rechazan la mezcla de política y religión y la intromisión de la iglesia y los curas en política, reivindiquen el principio de la laicidad cuando la amenaza viene desde la derecha porque cuando se trata de curas de izquierda convertidos en azuzadores de la lucha de clases, en comandantes de guerrillas, ahí sí es plausible.

Aquí lo que está en ciernes es la validación de un atropello descomunal a las instituciones, a las reglas del juego, al respeto de las competencias de cada ente y de cada funcionario de alto rango. El Fiscal está reventando todo eso y mucho más con sus actuaciones. Se entromete en asuntos propios del ministerio del Interior, en los de la comisión oficial de paz, en los de la Procuraduría, en los del Defensor del Pueblo y en los de la Contraloría. Lo hace, además, violentando sentimientos y percepciones muy caras a la mayoría de los colombianos frente al crimen.

La maltrecha justicia colombiana se enfrenta a un grave peligro si se cristaliza la burda maniobra de un Fiscal prejuiciado a favor de Petro y malenquistado con el Procurador, que funge de abogado defensor y salvavidas de un funcionario que se ha distinguido por hacer trizas las leyes, que hizo hasta lo imposible para dilatar el referendo revocatorio, para salir a última hora a pegarse de él como tabla de salvación y que ha tenido el cinismo de hacerse la víctima, el perseguido.

Algún órgano, por ejemplo la Corte Constitucional, debe poner límites taxativos al dislocado Fiscal para evitar que se produzca la más grave crisis institucional de los últimos años.

No queda espacio para comentar la propuesta de asamblea constituyente (estamental, al estilo fascista y comunista, con delegados guerrilleros designados a dedo no electos) propuesta por las Farc y su reiteración reciente de que ellos no están conversando sobre dejación de armas ni están dispuestos a cambiar balas por votos.

A todos los lectores de esta columna mis mejores deseos para que vivan una felices fiestas con sus seres queridos.

rdaceved@unal.edu.co

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