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martes, 7 de abril de 2015

ÁLVARO VARGAS LLOSA, BRASIL Y EL FANTASMA DE LA DESTITUCIÓN

En apenas tres meses de gobierno, la Presidenta Dilma Rousseff ha visto su aprobación caer a 12 por ciento, según Ibope (13 por ciento, según Datafolha), a dos millones de personas lanzarse a las calles a bramar contra ella, la imputación de una cincuentena de políticos -la mayoría de su partido-, la contracción de la economía y el vuelo de un fantasma sobre Planalto: el de su posible destitución. No son pocos sobresaltos políticos e institucionales en una región del mundo riquísima en ellos.

Si hoy tuviese lugar la segunda vuelta de las elecciones que ganó Rousseff en octubre pasado, su rival, Aécio Neves, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña, arrasaría y el programa que tanto vituperó junto con Lula da Silva en su campaña gozaría de un prestigio social bastante significativo. Ahora, en cambio, cuando, en un giro copernicano, Dilma trata de aplicar tarde, mal y nunca lo que tanto criticó, y sin el complemento de unas reformas que den sentido a las medidas de austeridad, ocurre lo contrario: una mayoría que supera el 90 por ciento rechaza el recorte de gastos y la subida de impuestos que ha decretado su ministro de Finanzas, Joaquim Levy, un hombre cercano a Neves al que Rousseff ha llamado para evitarle a su país la pérdida del grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo.

Nuevas marchas han sido convocadas para los días que vienen, desde el nordeste pobre hasta el sureste más o menos acomodado, y no pasa un día sin que se hagan conjeturas sobre cuánto más puede aguantar el cuarto gobierno consecutivo del Partido de los Trabajadores. Es generalizada la opinión de que si no fuera porque el vicepresidente, Michel Temer -en quien recaería la responsabilidad de tomar las riendas si Rousseff renunciara- está cuestionado y pertenece a un partido aliado del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que los escándalos de corrupción también han embarrado, hace rato que la calle y la política hubieran exigido al unísono que la mandataria abandone el poder. Por ahora, aunque una mayoría popular pide eso, los principales partidos, incluyendo el opositor PSDB, rechazan esa salida traumática que ya el país tuvo que padecer cuando Fernando Collor de Mello debió abandonar el cargo en 1992, apenas dos años después de asumirlo. Pero nada garantiza a estas alturas que los partidos y líderes puedan seguir resistiéndose a la avalancha social que exige la destitución o la renuncia.

Hace pocos días, tuve la oportunidad de sostener un diálogo con Aécio Neves en un evento realizado en Lima. Compartí con él una reflexión que comparto también con los lectores. A lo largo de casi dos siglos, Brasil, el líder natural de nuestra región, no tuvo un período liberal, en el sentido amplio del término. Cuando se “independizó”, la corona portuguesa fue trasplantada a Brasil por efecto de la invasión napoleónica; surgió el “imperio”. Hacia 1889, al caer ese imperio, nació una república militarista y oligárquica que duró hasta 1930, cuando fue reemplazada por el populismo de inspiración relativamente fascista de Getúlio Vargas. Entre mediados de los 40 y los 60 Brasil vivió la experiencia desarrollista típicamente latinoamericana, la del Estado proteccionista e impulsor de la obra pública. Hasta que llegó, cómo no, la dictadura militar de los 60, que gobernaría durante dos décadas. Cuando llegó la democracia a mediados de los 80, lo hizo con sobresaltos (la muerte de Tancredo Neves, abuelo de Aécio, fue uno de ellos); la Constitución de 1988, símbolo democrático, trajo una gran bocanada de aire fresco pero no resolvió la pesada herencia de esos dos siglos: mediocridad y corrupción antes que desmonte de la herencia e implantación de una democracia liberal moderna. La caída de Collor de Mello y, luego, la crisis hiperinflacionaria así lo confirmaron.

De pronto, un intelectual que había sido desarrollista, Fernando Henrique Cardoso, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña, pareció, por una de esas carambolas complicadas que produce la historia (había sido un exitoso ministro de Finanzas de otro gobierno), ofrecerle a Brasil a mediados de los 90 el período liberal que había brillado por su ausencia en casi dos siglos. Hizo reformas, liberalizó parte de la economía, devolvió cierta confianza a las instituciones y actuó como un estadista. Cuando, en 2003, el ex sindicalista del PT Lula de Silva asume el mando y decide preservar buena parte del legado de Cardoso, el mundo celebró que por fin el gigante dormido hubiese despertado: el consenso entre izquierda y derecha llevaría a Brasil hacia el progreso. Sí, el período liberal se había confirmado.

O eso parecía. Apenas una década más tarde descubrimos que era un espejismo. El PT de Lula y Dilma, y buena parte del protoplasmático caos de partidos y partiditos que es la democracia federal brasileña, devolvieron a los ciudadanos a su realidad tradicional. El período liberal había sido un espejismo o, si llegó a existir, un ensayo de corta duración y precarias bases. La crisis de Dilma, hoy, es la crisis de muchos años de hacer las cosas bien y de mucho tiempo de ausencia de un modelo que acaso hubiera podido convertir a Brasil en un equivalente de Estados Unidos.

Neves comparte, grosso modo, esta visión de las cosas pero le añade muchos elementos aun más inquietantes. Entre ellos, un dato que dice mucho: Brasil lleva tres años con un crecimiento económico promedio de cero por ciento, algo que sólo tiene tres parangones en el último siglo: la parálisis de 1930 por efecto de la Gran Depresión, la crisis de la divisa, a comienzos de los años 80 y el Plan Collor, de comienzos de los años 90. Para él, se trata del síntoma de un problema de fondo que tiene que ver con un modelo basado en el estatismo populista y un sistema institucional perverso que impide el desarrollo de una democracia funcional. “Tenemos 28 partidos que en muchos casos son hechura”, dice, “del propio Partido de los Trabajadores, que los crea para volverlos satélites y seguir tejiendo mayorías parlamentarias y mantener políticas artificiales, y por tanto seguir gastando, distribuyendo crédito barato, otorgando rentas a distintos sectores y evitando la competencia y la modernización”. La corrupción es un síntoma también de ese sistema.

Un complemento indispensable de este sistema es la política exterior de Lula y Dilma, siempre según Neves, que aceptaron reglas de juego antimodernas en Mercosur y trabaron alianzas estrechas con el populismo autoritario de Venezuela y compañía, en desmedro de iniciativas como la Alianza del Pacífico y perjudicando el liderazgo de Brasilia en organismos hemisféricos que claman por él.

Sólo un factor le devuelve la esperanza: el sistema de justicia. Contra lo que pudiera pensarse, la oposición, empezando por el propio Neves, cree que la fiscalía y los tribunales son razonablemente fiables en esta coyuntura, y por tanto que seguirán haciendo su trabajo en todos los casos de corrupción, incluyendo el de Petrobras. Un caso, como ya es sabido urbi et orbi, que involucra a compañías constructoras que pagaron sobornos a funcionarios y políticos para obtener contratos y para que el Estado fijara reglas ad hoc.

¿Cómo se sale de una crisis así? Nadie lo sabe. En un sistema de partidos más estable y sólido, lo lógico sería que la oposición organizada e institucionalizada llenara el vacío dejado por el gobierno, o bien cogobernando o bien reemplazando por vías constitucionales a quien gobierna. Pero hoy es la calle, ajena a los partidos, la que se moviliza y los partidos se ven algo desbordados, ya sea porque el desprestigio los abarca a ellos también, porque están evitando desestabilizar la democracia o porque no creen que en estas circunstancias puedan aglutinar una base de apoyo suficiente para tomar decisiones firmes. Por tanto, la calle está dos pasos por delante de los políticos. Y esa calle, como todas las calles, sabe mucho mejor lo que no quiere que lo que quiere.

En cierta forma, Dilma y el PT, cuya ambición es perdurar, agradecen que así sea, pues mientras reine el caos y la oposición parezca desbordada tendrán más posibilidades de seguir al mando. Pero con 12 por ciento de aprobación en un clima de zozobra como el que se vive en Brasil, y con un proceso anticorrupción que no ha hecho sino empezar, es imposible asegurar que el PT culminará su mandato. Por ello, en privado, los políticos de la oposición, aunque preferirían que todo esto siguiera su curso natural, se preparan para la eventualidad de que les cayera la responsabilidad antes de tiempo. No lo dicen, no lo admiten, y no lo quieren porque es preferible que la impopularidad de un ajuste traumático la sufra quien produjo la necesidad de hacerlo. Pero saben bien que es una posibilidad creciente.

Que esto esté sucediendo en el país líder de Sudamérica es especialmente grave, ahora que los países que iban mejor viven un retroceso económico. Si estuviésemos en tiempos de vacas gordas en la Alianza del Pacífico y otros países, el vacío dejado por Brasil se podría llenar aunque fuera a medias. De hecho, eso mismo es lo que pasó entre 2010, último año en que creció bien la economía brasileña, y 2013, cuando todavía los países que habían hecho las cosas mejor gozaban de cierto dinamismo. Pero ahora el vacío que deja un Brasil no lo podemos llenar ni siquiera a medias los demás. Y eso se nota en distintos frentes, incluyendo el de los organismos hemisféricos y las iniciativas de integración regionales, donde el peso desproporcionado de los populistas autoritarios se hace sentir con frecuencia y donde no parece haber nada que sirva de orientación a los demás ni de referencia al resto del mundo. América Latina ha perdido así algo de la relevancia y prestancia que había ganado. Todos somos un poco Brasil.

Me dio gusto escuchar de Neves cosas que no es común oírle decir a un líder latinoamericano y representan una novedad en el Brasil del nuevo milenio, donde el “lulismo” en su doble versión, la de Lula y la de Dilma, ha sido tan adormecedor de las conciencias y el pensamiento crítico. Tiene ideas y equipo, y tiene partido. Fue una verdadera lástima que el destino le birlara el triunfo (se quedó apenas a 1,5 puntos de él en el balotaje) en los comicios de octubre. Pero la pregunta que uno se hace es si todavía hay tiempo o, si antes de que surja la posibilidad de un cambio y de establecer el período liberal que no hubo en dos siglos, Brasil tendrá que empeorar mucho más y hacer una catarsis mucho más profunda. Un proceso que, por lo pronto, podría devolver a la condición de pobres a un porcentaje significativo de esos 40 millones de brasileños que, dando brazadas entusiastas, alcanzaron, o eso creíamos, la orilla de la clase media. Precisamente por eso están tantos de ellos en la calle: porque, como en el cuento de Edgar Allan Poe en el que el techo se va acercando al piso, lo ven venir.

Gran país. Gran problema.

http://voces.latercera.com/autor/alvaro-vargas-llosa/ 
Alvaro Várgas Llosa
avllosa@independent.org
@ElIndependent

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martes, 4 de febrero de 2014

GUILLERMO COCHEZ, A UN AÑO DE MI DESTITUCIÓN

Hace un año fui destituido como Embajador en la OEA. Me distinguieron con el cargo 3 de julio del 2009; urgía estuviera en Washington al día siguiente: se discutiría suspensión de la OEA de Honduras por destitución de Zelaya. En los tres años y medio que estuve allí, Panamá se hizo sentir. Mi compromiso era defender la democracia continental: las actas de la OEA testimonian ese reiterado esfuerzo en casos emblemáticos en Venezuela, Ecuador, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Argentina.

Definitivamente que el tema de Venezuela se volvió el más repetitivo: Persecución de periodistas, aislamiento de opositores, abusos en uso de recursos del Estado, negativa en cumplir fallos de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rehusar permitir visitas in situ de la CIDH, que supervisaran sus elecciones y salida de la CIDH. Aunque no las conocí todas, repetidas quejas de Caracas se dieron a mi gobierno por mis actuaciones.

Lo peor fue cuando Chávez estaba muriendo. Las elecciones de diciembre 2012 se adelantaron para octubre ante temor que no llegara vivo. Mintieron de que sobrevivía al cáncer; hizo la campaña desde un camión; no podía caminar. Se cometieron miles de abusos, reportados por los pocos que pudieron observar esas elecciones. Chávez desapareció el 9 de diciembre cuando se fue a operar a Cuba; no se volvió a ver. Hasta fotos falsas con las hijas se publicaron para “demostrar” que estaba vivo.

Tenía que tomar posesión de su nuevo periodo el 10 de enero del 2013. Al señalar la Constitución venezolana que en ausencia del Presidente debía asumir el Presidente de la Asamblea, ninguno otro, algo irregular se cocinaba. Encargaron al Vicepresidente Maduro hasta la toma de posesión, pero en enrevesada interpretación el Tribunal Supremo decidió que Maduro podía asumir por encima de lo que decía la Constitución. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, sin nadie pedírselo, se abalanzó a apoyar tan absurda interpretación.

Seis días después había Consejo Permanente. Desde el 11 de enero, mi Cancillería sabía que hablaría ese día. El lunes 14 mostré mi discurso a varios colegas, entre ellos la norteamericana. Iniciado el Consejo Permanente el 16, recibí llamada de Cancillería: “No puede hablar hoy; recibirá instrucciones escritas”. Escuché y dije: “Que me llame el Presidente”; colgué. Poco después llamó el Canciller Rómulo Roux. La petición de que no hablara había nacido el día anterior por reunión sostenida con el Embajador norteamericano Jonathan Farrar; pedía prudencia para tratar el tema. Ante lo absurdo de esa excusa y tras larga discusión le confirmé que iba a hablar, ateniéndome a las consecuencias. Me dijo que el Presidente Martinelli me llamaría. Su respuesta: “Ni los gringos quieren que hables”.

De acuerdo a mis convicciones democráticas hablé. Al día siguiente me destituyeron, sin antes recibir la nota donde me instruían no lo hiciera. ¿Me arrepiento de lo hecho ese 16 al denunciar que la democracia en Venezuela estaba enferma? En lo absoluto. Impusieron a Maduro; anunciaron la muerte de Chávez el 5 de marzo 2013, cuando estaba muerto hacía más de 35 días; nunca han podido mostrar su certificado de defunción; lo denuncié ese 28 de febrero. Descaradamente se robaron las elecciones del 14 de abril con un candidato que aún no prueba que nació en Venezuela. Uno no se arrepiente de decir la verdad y de asumir una posición cónsona con sus convicciones. Ese 17, en cadena nacional Maduro felicitó a “su amigo” Martinelli por haberme destituido. Lo aplaudían a rabiar los que le acompañaban.

A un año de este episodio, Panamá ya no se oye en la OEA; es uno más del montón. La OEA como organización defensora de la democracia y de los derechos humanos está más silente que nunca; ya no es motivo de noticia. Sin embargo, la situación de Venezuela está peor que antes. La excusa esgrimida por algunos de que mis actuaciones afectaban los negocios en la Zona Libre de Colón se desvanecen con los cientos de millones que desde allá adeudan todavía sin esperanza de cobrarlos. El chantaje funcionó, pero, lo más importante, no me doblegó. Mi compromiso democrático salió fortalecido. Que satisfacción produce el ser destituido por principios y no por otra razón.

Gullermo Cochez
gcochez@cableonda.net

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miércoles, 21 de agosto de 2013

NICOLÁS MÁRQUEZ, DESTITUCIÓN, JUICIO Y CASTIGO, ¿PROGRESISMO CULPOSO, DESDE ARGENTINA

Independientemente de las muchísimas diferencias ideológicas que desde estas líneas nos separan del periodismo progresista (incluso en su versión opositora), no podemos menos que reconocer que quienes probablemente sean hoy sus dos exponentes más representativos (Nelson Castro y Jorge Lanata), desde sus respectivos lugares de influencia están brindado un auspicioso servicio a fin de concientizar a la opinión pública respecto de la naturaleza siniestra que encarna y representa el gobierno nacional, capitaneado por Cristina Kirchner.

En efecto, el médico y periodista Nelson Castro ha insistido en sus últimos editoriales en que la Presidente padece una peligrosa patología mental que la aleja de la realidad (síndrome de Hubris), en tanto que el taquillero Jorge Lanata por su parte, ha demostrado por medio de numerosos informes que la Presidente se habría enriquecido ilícitamente.

Insistimos en lo siguiente, más allá de las enormes discrepancias filosóficas que tenemos para con los periodistas mencionados, desde ya que confiamos en la seriedad de sus acusaciones y asumimos entonces, que ambos tienen razón: no sólo nos estaría gobernando una desequilibrada mental sino también una delincuente.

Pero ocurre que detrás de estas aseveraciones, fueron sendos comunicadores quienes concluyeron sus respectivas editoriales televisivas de esta semana deseando y exigiendo que Cristina termine los dos años que resta de su mandato presidencial. En efecto, ambos íconos del periodismo progresista, temerosos que desde las tribunas oficialistas los tilden de “destituyentes”, tras mostrar serias evidencias que ponen de manifiesto el ejercicio inconveniente o ilegítimo de Cristina como Presidente, luego tropiezan con la insalvable contradicción de clamar para que la susodicha prosiga detentando su cargo y mandato.

En efecto, si damos por sentado o por válido que nos gobierna una desquiciada y una malhechora: ¿por qué tenemos que anhelar que termine el mandato?; ¿por qué desearle al país algo tan negativo como prolongar el cargo de quien no posee las cualidades mentales o morales como para ocupar tamaña responsabilidad? Si Castro y Lanata están en lo cierto respecto a sus duras acusaciones, Cristina no sólo merece ser destituida ipso facto sino que luego debería caer sobre ella una sanción legal que la destine a un establecimiento penal o sanitario, según se determine.

Luego, advertimos que impulsar la destitución de Cristina no sólo no es una arbitrariedad “golpista” sino que implica el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional. Justamente, conforme lo establece la Carta Magna, los Diputados de la Nación pueden y deben acusar ante el Senado a la Presidente, tanto sea por “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”[1] y a la vez, es el Senado a quien le compete juzgar[2] y “destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”[3]. Vale aclarar que la condena en cuestión, importa apartar a la Presidente del cargo para que seguidamente la acusación, juicio y castigo sean conformes las leyes de los tribunales ordinarios.

Opositores de utilería

Pero dejemos a un lado el rol del periodismo progresista y tomemos nota del papel del grueso de los Diputados del llamado “arco opositor”: ¿qué postura toman respecto a la eventual destitución? Ninguna, puesto que si bien éstos se regocijan de lo que el periodismo independiente denuncia respecto del Poder Ejecutivo Nacional, nadie propone otra cosa superadora que no sea apostar al “diálogo y al consenso”. ¿Es válido proponer dialogar y conceder con inmorales o malvivientes? Interesa la pregunta porque en oportunas y certeras definiciones de San José María Escrivá de Balaguer: “Cuando un hombre transige en cosas de ideal, de honra o de Fe, ese hombre es un… hombre sin ideal, sin honra y sin Fe”[4].

Pero más allá de las definiciones categóricas del citado Santo español y volviendo al elástico comportamiento del grueso de nuestros congresistas, podría argumentarse que la petición de juicio político sería en vano, puesto que las mayorías exigidas para impulsar tal medida no están dadas, dado que los bloques oficialistas impedirían esa justa maniobra institucional. Pero eso ya sería un dilema de los Diputados eventualmente apañadores del delito, y en modo alguno un obstáculo para que los legisladores opositores cumplan con la función de solicitar lo que corresponde, más allá de las resultas de la votación parlamentaria.

Finalmente, celebramos las investigaciones y acusaciones que desde diferentes lugares se están llevando adelante contra el seno del kirchnerismo, pero exhortamos también a que éstas no acaben siendo abstractos reproches verbales que, a la postre queden en la nada. Es indispensable entonces, que seguidamente se apunte, impulse y promueva con toda la energía del caso una punición concluyente para con los sindicados delincuentes de Estado.

(*) Twitter: Nickymarquez1

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domingo, 27 de septiembre de 2009

INFORME DE EEUU: LEGAL LA DESTITUCIÓN DE ZELAYA, PUBLICADO EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

Un estudio elaborado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos halló que la destitución de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras fue legal y apegada a la Constitución. El informe, divulgado por el congresista republicano Aaron Schock, sin embargo también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional.

"En resumen, uno de los fundamentos de la comunidad mundial es el respeto a las leyes internacionales", dijo Schock en un comunicado. "El Servicio de Investigaciones del Congreso, una agencia apolítica, concluyó que la destitución del ex presidente Zelaya fue constitucional y debemos respetar ese hallazgo. Es inaceptable que nuestro gobierno trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera".

Schock recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, reanudar las visas de funcionarios hondureños, cooperar con el gobierno hondureño al enviar observadores para las elecciones de noviembre, y reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial.

Debido a que el informe también sostiene que la expulsión de Zelaya del país no fue constitucional, Schock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución.
Schock sostiene que como ciudadano privado, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.


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