Evaluar la ejecutoria general del gobierno
implica juzgar la forma contraria a los intereses nacionales que ha mostrado en
el manejo de las relaciones económicas y comerciales del país de cara al
exterior. Éstas, en general, comportan un marco de compromisos jurídicamente
obligatorios que deben ser honrados, así como la aceptación de un conjunto de
principios y garantías que el mundo moderno y la comunidad internacional
reconocen como beneficiosos para la buena marcha de la economía global.
Hoy es imposible sustraer los asuntos domésticos
de una nación del entorno constituido por la intensa interdependencia global.
Son dos espacios íntimamente ligados, que se condicionan y determinan
mutuamente. De allí que cualquier gobernante deba poner especial cuidado en el
tema.
Se impone entonces la necesidad de denunciar los
desaguisados e irregularidades del gobierno y de cómo el desprecio por los
derechos económicos consagrados en el ordenamiento jurídico constitucional y
legal ha perjudicado nuestro prestigio y credibilidad en el exterior.
Uno de los temas en que se ve reflejada tal
conducta inadecuada es el relativo a las relaciones con las empresas
extranjeras que invierten en nuestro país.
El irrespeto a la propiedad privada y a las
demás garantías de seguridad jurídica han conducido a que Venezuela se vea
demandada en instancias internacionales por montos mil millonarios.
En el Centro Internacional de arbitraje conocido
como CIADI Venezuela ha sido demandada 29 veces, de las cuales 28 corresponden
al gobierno actual. Las empresas abarcan casi todos los sectores económicos.
Los montos sobrepasan la cifra de 33.000 millones de dólares.
Gracias a ese proceder absurdo, estamos
corriendo el riesgo de perder enormes cantidades de dinero y bienes que
requerimos para solventar prioritarias necesidades de salud, educación,
infraestructura y seguridad. Y lo peor de todo es que tales controversias son
injustificadas. No tenían ningún sentido las expropiaciones realizadas. Mucho
menos cuando hemos visto que el gobierno ha fracasado estruendosamente en la
gestión de esas empresas estatizadas.
Tales dislates han tenido lugar en el marco de
un cambio de las opciones estratégicas en materia de política internacional.
Los gobiernos democráticos de nuestro país se
destacaron por ser escrupulosos en la observación de las obligaciones
internacionales, y de lo cual da cuenta el hecho de que muy pocos litigios de
relevancia internacional tuvo que enfrentar el Estado.
En los últimos años, la radicalización del
debate político y las tensiones consecuentes condujeron a una profundización en
la aplicación del proyecto político-ideológico del chavismo. Los nuevos y
preferentes vínculos internacionales se hicieron más evidentes. Las afinidades
ideológicas y los intereses geopolíticos con algunos gobiernos han sido
determinantes. Así: Rusia, China, Bielorrusia, Irán, Irak, Libia y Siria. Y en
Latinoamérica: Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay.
Con Cuba, por ejemplo, los compromisos son
abundantes, poco transparentes y alcanzan montos significativos, sobre todo,
por concepto de petróleo. En éstos las ventajas y liberalidades de que goza ese
país son escandalosas. Con CHINA, se han suscrito alrededor de 340 compromisos
(convenios y contratos), sobre las más variopintas materias, lo que contrasta
con apenas 20 firmados hasta 1998. Decenas de empresas chinas han concretado un
sinnúmero de contrataciones. Con un país sancionado por la comunidad
internacional como Irán se han firmado 265 acuerdos y contratos, de los cuales se
habrían generado 56 proyectos en las áreas energética, agrícola,
científico-tecnológica, económico-financiera y de desarrollo social.
Lo cierto es que la opacidad presente en la
mayoría de las obligaciones internacionales contraídas por el gobierno venezolano
no ha permitido a los venezolanos calibrar en toda su extensión todas las
cargas financieras, convenientes o no, que el Estado ha tomado para sí.
El ordenamiento vigente ha sido desnaturalizado
y violentado por el gobierno venezolano, al crear un clima hostil hacia la
inversión nacional y foránea; y en consecuencia, se ha afectado el empleo
productivo, la transferencia tecnológica, la competitividad y el desarrollo
económico.
Con este tipo de políticas no lograremos el
desarrollo ni el bienestar anhelado por todos. Por eso debemos cambiar de
gobierno, y dentro de poco tendremos esa oportunidad dorada para hacerlo.
emilio.nouel@gmail.com
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,
