La
institucionalidad en Latinoamérica, desafortunadamente, atraviesa su peor
momento. Presidentes que usan medios de comunicación para agredir opositores,
una estructura electoral que no regula los ventajismos de las alas oficialistas
y tribunales cuya misión pareciera no ser otra que perseguir a los disidentes,
se han hecho elementos comunes en gran parte de la región.
Sin
embargo, todavía quedan algunos indicios que parecieran mostrar que la justicia
y la transparencia están presentes, como por ejemplo, lo que ocurrió en
Guatemala cuando el Parlamento, incluyendo a partido del presidente Pérez
Molina, votó a favor de retirarle al primer mandatario la inmunidad
presidencial, dejándolo en una situación de indefensión que lo obligó a
renunciar.
En
Brasil, el gobierno también afronta una situación compleja ya que distintas
instancias del Estado señalaron en un informe que la presidenta Dilma Rousseff había incurrido en irregularidades
administrativas que podrían costarle el cargo. Desafortunadamente, la reacción
de la jefa de Estado brasileño no fue la mejor y decidió responder a las
acusaciones alegando que ciertos sectores trataban de darle un golpe como el
ejecutado contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo, sin entender que se
trata de una investigación constitucional por irregularidades cometidas, tal
como ocurrió en Paraguay.
Tal
vez el caso más emblemático es el de Colombia donde el partido de gobierno del
presidente Santos y el Partido Liberal (como uno de los principales aliados del
mandatario) conminaron al jefe de Estado para que exija al vicepresidente
Germán Vargas Lleras que deje de realizar acciones oficiales en las que de
forma indirecta trata de beneficiar a su tolda política. En ese caso se
evidencia como impera la noción de Estado (más allá de las diferencias
partidistas) que la unión y la absoluta lealtad hacía un gobierno determinado.
En otros países de la región se anhela que la institucionalidad se haga palpable y logre concretarse. En muchos la tarea es difícil, pero en otros como Venezuela están dadas las condiciones para que a partir de enero del próximo año asuma una Asamblea Nacional que si bien no provocará cambios automáticos en la conducción del país, empezará a ejercer una labor de fiscalización y vigilancia que establezca controles al ejecutivo, adelante la transparencia judicial y haga leyes que ayuden a que los cuantiosos ingresos a las arcas del Estado sean transferidos a una población necesitada y que clama por soluciones ante los gigantescos problemas que aquejan a la República.
Luis
D. Alvarez V
luis.daniel.alvarez.v@gmail.com
@luisdalvarezva
Venezuela
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