La
dirigencia gremial de los comerciantes y expendedores formales de servicios del
país afiliados al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio)
celebró un encuentro en el estado Vargas. Lo hizo para analizar y debatir sobre
el abastecimiento de bienes; la importación de insumos, materias primas y
repuestos; la producción nacional; la calidad de los servicios públicos; la
inseguridad y la impunidad; las incidencias de los controles de cambio y de
precios en el ámbito sectorial; el cierre de actividades correspondientes al
2015 y las perspectivas económicas para
el 2016, incluyendo la inflación, el desempleo y el empobrecimiento de la
población venezolana, sin distinción de clases sociales.
Fue
una reunión de trabajo que, adicionalmente, permitió evaluar las implicaciones
que ha provocado en la economía y en el sistema de vida en el estado Táchira,
la vigencia durante sesenta (60) días de un régimen jurídico de “excepción”.
Asimismo, lo que ha acontecido en las mismas áreas de los estados Zulia, Apure
y Amazonas, donde también se ha decidido una acción gubernamental similar.
Los
empresarios del sector terciario de la economía concluyeron sus deliberaciones
aprobando la difusión de un Manifiesto Institucional en el que se plasme un
resumen de sus opiniones sobre los temas considerados. De igual manera, de sus
propuestas para la consideración de la ciudadanía, en razón de su convicción de
que los venezolanos harán lo que corresponde, para que el país se inserte en el
grupo de las naciones dispuestas a participar en el liderazgo de las verdaderas
transformaciones económicas, sociales, políticas y morales de América Latina.
El
Manifiesto Institucional de Vargas.-
a) La
dirigencia institucional nacional del comercio y los servicios respalda la dedicación
histórica de los empresarios varguenses, a favor del desarrollo de la economía
local a partir de un esfuerzo compartido entre las autoridades locales y la
empresa privada. La estatización instaurada a partir del triste y doloroso
deslave que vivió el estado en diciembre de 1999, se ha convertido en la
negación de la transformación económica y social de Vargas. Asimismo, es la
causa principal de la exclusión de la
participación de los trabajadores en su lucha por vivir cada día mejor, al
verse obligados a dedicar su esfuerzo fuera de su tierra, y la obligatoria residencia en distintos
lugares del país de los miles de varguenses que debieron emigrar obligados por
el fenómeno natural.
b) La
condición de estados sometidos en parte de sus territorios a una restricción
“excepcional”, como ha sucedido con los estados Táchira, Zulia, Apure y
Amazonas desde hace ya varias semanas, no se ha traducido en los resultados
previstos en las justificaciones gubernamentales para adoptar dicha decisión:
abastecimiento pleno de bienes esenciales; restricción progresiva del
contrabando de alimentos, gasolina, lubricantes y otros productos; seguridad
ciudadana; prosperidad social de los habitantes; dinamización del comercio
fronterizo. La prueba de fuego para derogar progresivamente los controles de
cambio y de precios, sencillamente, ha sido una oportunidad ideal
desperdiciada.
c) La
actividad aduanero portuaria del país, aparte de estar limitada al histórico
negocio petrolero de la nación, y más recientemente al desempeño del estado
como importador de alimentos, de materias primas, insumos y repuestos, es un
servicio ausente de la potencialidad exportadora de la nación. El país no
produce para exportar. Y el Estado restringe toda posibilidad productiva
dirigida a competir más allá de las fronteras. Definitivamente, al Estado le
resulta más cómodo, seguro y confiable desarrollar su vocación importadora, el
cultivo de las relaciones políticas apoyadas en negocios Estado-Estado, y dejar
para después su responsabilidad de estimular la producción nacional.
d) El
abastecimiento nacional pasó de ser una
garantía confiable, seria y segura, a un motivo de incertidumbre continuo. La
supuesta política contra el latifundio, las expropiaciones industriales y los
controles de cambio y de precios modelaron el feo rostro de un error histórico
económico y social; de un fracaso agravado y agudizado con una Ley de Precios
Justos que terminó por detener la marcha de la diversificación económica, la
dinamización financiera y la modernización del Comercio y los Servicios.
Venezuela no dispone de inventarios y está a merced de las contingencias. Las
colas angustian y preocupan. La incapacidad de respuesta de la producción
nacional y de las importaciones asusta.
e) La
inseguridad jurídica y de bienes ha colocado a Venezuela en el grupo de los
países menos confiables para vivir, trabajar, invertir, producir y competir.
Sin seguridad no hay confianza para quien invierte. Tampoco para quienes creen
en el valor y la importancia del trabajo, como la única alternativa para
generar riqueza nacional y bienestar familiar. Vivir en Venezuela es un riesgo.
Invertir en Venezuela es una aventura. Producir aquí es una esperanza
condicionada por la abundancia de impedimentos para acometer el emprendimiento.
Los constitucionales Derechos Económicos
de la ciudadanía han sido literalmente minimizados por la estatización
desenfrenada.
f) Los
peores costos a los que se enfrenta el esfuerzo productivo del país, y que los
comerciantes y los expendedores de servicios están financiando con su
descapitalización y paulatina desaparición, son los de los servicios públicos y
la inflación. En Venezuela, no hay un solo servicio público regido y
administrado por el Estado que no haya pasado a convertirse en la negación de
la sobrevivencia empresarial, en vista de la prohibición a la renta digna,
justa y transparente. Asimismo, la inflación ha pasado a convertirse en la
auténtica propietaria de los bienes públicos y privados de la nación, y del
sistema de vida de cada ciudadano. Su acelerado desplazamiento hacia la
hiperinflación luce expedito y seguro. Sus causas tomaron posesión del único
derecho confiable que existe hoy en el país: el del empobrecimiento; el de ser
pobre.
La Propuesta del Comercio y los Servicios.-
Consecomercio y sus organismos afiliados
siempre han ofrecido su voluntad y disposición a participar y contribuir con la
consecución de soluciones a los problemas que agobian al país. Muchos de ellos,
son de vieja data. De más de treinta años. Es una realidad que exige respuestas
sinceras, serias y fundamentadas en principios en los que las políticas de
Estado no pueden estar supeditadas al libre albedrío de los gobiernos de turno.
Consecomercio
no cuestiona por oficio. Alerta y llama la atención a quienes gobiernan para
que lo hagan apegados a lo que reza el texto Constitucional y las leyes de la
República. Lo hizo cuando fue necesario exigir la restitución de las Garantías
Económicas, después de varias décadas de su sometimiento a la necesidad de
fortalecer el ejercicio de los Derechos Políticos. Y hoy, desde el estado
Vargas, una vez más, insiste en que se hace necesario construir soluciones.
Dichas
soluciones, sin duda alguna, pasan por la valoración histórica de la capacidad
de los venezolanos para evitar que las oportunidades sean ignoradas o
menospreciadas. Así ha sucedido desde 1830, después de la culminación de la
Guerra de Independencia, hasta que la decisión popular provocó el derrocamiento
de la Dictadura del General Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Siempre hubo
entendimiento. Por supuesto, como producto de la voluntad de un liderazgo
nacional comprometido con la necesidad de solucionar lo que se creía insoluble.
Es
mentira que las soluciones por las que hoy claman Venezuela y sus problemas,
las puede ofrecer un solo grupo; una sola expresión organizada de la sociedad
venezolana, incluso solamente el Gobierno en ejercicio. La verdad es que urge
que la voluntad venezolana por el entendimiento se haga presente. Se haga
sentir y se convierta en una expresión de auténtica disposición a iniciar un
proceso de acercamiento, con miras a promover las soluciones que se requieren
con urgencia.
Consecomercio,
en nombre de sus organismos afiliados en todo el país, no plantea
desconocimiento de nada ni de nadie. Simplemente, considera que debe hacer un
aporte sincero, auténtico, venezolanista para que, superado el proceso
electoral del 6 de diciembre y al que se hace necesario llamar a participar a
todos los venezolanos formalmente inscritos en el Registro Electoral Permanente,
se inicie esa urgente búsqueda de acercamiento que concluya en soluciones de
largo plazo.
Concluir
el 2015 con los resultados que gobernantes y gobernados están apreciando y
viviendo, y pretender transitar el 2016 en un ambiente sin condiciones para que
sean la armonía, la paz y la confianza las que determinen el devenir de esos
nuevos doce meses, no es posible garantizar que ese nuevo año arrojará
resultados más positivos que aquellos con los que concluirá el año que está a
punto de terminar.
La
Guaira, 20 de 0ctubre de 2015
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