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viernes, 23 de octubre de 2015

CONSECOMERCIO 2015, MANIFIESTO DE VARGAS

La dirigencia gremial de los comerciantes y expendedores formales de servicios del país afiliados al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) celebró un encuentro en el estado Vargas. Lo hizo para analizar y debatir sobre el abastecimiento de bienes; la importación de insumos, materias primas y repuestos; la producción nacional; la calidad de los servicios públicos; la inseguridad y la impunidad; las incidencias de los controles de cambio y de precios en el ámbito sectorial; el cierre de actividades correspondientes al 2015 y las perspectivas  económicas para el 2016, incluyendo la inflación, el desempleo y el empobrecimiento de la población venezolana, sin distinción de clases sociales.

Fue una reunión de trabajo que, adicionalmente, permitió evaluar las implicaciones que ha provocado en la economía y en el sistema de vida en el estado Táchira, la vigencia durante sesenta (60) días de un régimen jurídico de “excepción”. Asimismo, lo que ha acontecido en las mismas áreas de los estados Zulia, Apure y Amazonas, donde también se ha decidido una acción gubernamental similar.

Los empresarios del sector terciario de la economía concluyeron sus deliberaciones aprobando la difusión de un Manifiesto Institucional en el que se plasme un resumen de sus opiniones sobre los temas considerados. De igual manera, de sus propuestas para la consideración de la ciudadanía, en razón de su convicción de que los venezolanos harán lo que corresponde, para que el país se inserte en el grupo de las naciones dispuestas a participar en el liderazgo de las verdaderas transformaciones económicas, sociales, políticas y morales de América Latina.

El Manifiesto Institucional de Vargas.-

a)      La dirigencia institucional nacional del comercio y los servicios respalda la dedicación histórica de los empresarios varguenses, a favor del desarrollo de la economía local a partir de un esfuerzo compartido entre las autoridades locales y la empresa privada. La estatización instaurada a partir del triste y doloroso deslave que vivió el estado en diciembre de 1999, se ha convertido en la negación de la transformación económica y social de Vargas. Asimismo, es la causa principal  de la exclusión de la participación de los trabajadores en su lucha por vivir cada día mejor, al verse obligados a dedicar su esfuerzo fuera de su tierra,  y la obligatoria residencia en distintos lugares del país de los miles de varguenses que debieron emigrar obligados por el fenómeno natural.
b)      La condición de estados sometidos en parte de sus territorios a una restricción “excepcional”, como ha sucedido con los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas desde hace ya varias semanas, no se ha traducido en los resultados previstos en las justificaciones gubernamentales para adoptar dicha decisión: abastecimiento pleno de bienes esenciales; restricción progresiva del contrabando de alimentos, gasolina, lubricantes y otros productos; seguridad ciudadana; prosperidad social de los habitantes; dinamización del comercio fronterizo. La prueba de fuego para derogar progresivamente los controles de cambio y de precios, sencillamente, ha sido una oportunidad ideal desperdiciada.
c)      La actividad aduanero portuaria del país, aparte de estar limitada al histórico negocio petrolero de la nación, y más recientemente al desempeño del estado como importador de alimentos, de materias primas, insumos y repuestos, es un servicio ausente de la potencialidad exportadora de la nación. El país no produce para exportar. Y el Estado restringe toda posibilidad productiva dirigida a competir más allá de las fronteras. Definitivamente, al Estado le resulta más cómodo, seguro y confiable desarrollar su vocación importadora, el cultivo de las relaciones políticas apoyadas en negocios Estado-Estado, y dejar para después su responsabilidad de estimular la producción nacional.
d)      El abastecimiento nacional pasó de ser  una garantía confiable, seria y segura, a un motivo de incertidumbre continuo. La supuesta política contra el latifundio, las expropiaciones industriales y los controles de cambio y de precios modelaron el feo rostro de un error histórico económico y social; de un fracaso agravado y agudizado con una Ley de Precios Justos que terminó por detener la marcha de la diversificación económica, la dinamización financiera y la modernización del Comercio y los Servicios. Venezuela no dispone de inventarios y está a merced de las contingencias. Las colas angustian y preocupan. La incapacidad de respuesta de la producción nacional y de las importaciones asusta.
e)      La inseguridad jurídica y de bienes ha colocado a Venezuela en el grupo de los países menos confiables para vivir, trabajar, invertir, producir y competir. Sin seguridad no hay confianza para quien invierte. Tampoco para quienes creen en el valor y la importancia del trabajo, como la única alternativa para generar riqueza nacional y bienestar familiar. Vivir en Venezuela es un riesgo. Invertir en Venezuela es una aventura. Producir aquí es una esperanza condicionada por la abundancia de impedimentos para acometer el emprendimiento. Los constitucionales  Derechos Económicos de la ciudadanía han sido literalmente minimizados por la estatización desenfrenada.
f)       Los peores costos a los que se enfrenta el esfuerzo productivo del país, y que los comerciantes y los expendedores de servicios están financiando con su descapitalización y paulatina desaparición, son los de los servicios públicos y la inflación. En Venezuela, no hay un solo servicio público regido y administrado por el Estado que no haya pasado a convertirse en la negación de la sobrevivencia empresarial, en vista de la prohibición a la renta digna, justa y transparente. Asimismo, la inflación ha pasado a convertirse en la auténtica propietaria de los bienes públicos y privados de la nación, y del sistema de vida de cada ciudadano. Su acelerado desplazamiento hacia la hiperinflación luce expedito y seguro. Sus causas tomaron posesión del único derecho confiable que existe hoy en el país: el del empobrecimiento; el de ser pobre.
La Propuesta del Comercio y los Servicios.-
Consecomercio y sus organismos afiliados siempre han ofrecido su voluntad y disposición a participar y contribuir con la consecución de soluciones a los problemas que agobian al país. Muchos de ellos, son de vieja data. De más de treinta años. Es una realidad que exige respuestas sinceras, serias y fundamentadas en principios en los que las políticas de Estado no pueden estar supeditadas al libre albedrío de los gobiernos de turno.

Consecomercio no cuestiona por oficio. Alerta y llama la atención a quienes gobiernan para que lo hagan apegados a lo que reza el texto Constitucional y las leyes de la República. Lo hizo cuando fue necesario exigir la restitución de las Garantías Económicas, después de varias décadas de su sometimiento a la necesidad de fortalecer el ejercicio de los Derechos Políticos. Y hoy, desde el estado Vargas, una vez más, insiste en que se hace necesario construir soluciones.

Dichas soluciones, sin duda alguna, pasan por la valoración histórica de la capacidad de los venezolanos para evitar que las oportunidades sean ignoradas o menospreciadas. Así ha sucedido desde 1830, después de la culminación de la Guerra de Independencia, hasta que la decisión popular provocó el derrocamiento de la Dictadura del General Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Siempre hubo entendimiento. Por supuesto, como producto de la voluntad de un liderazgo nacional comprometido con la necesidad de solucionar lo que se creía insoluble.

Es mentira que las soluciones por las que hoy claman Venezuela y sus problemas, las puede ofrecer un solo grupo; una sola expresión organizada de la sociedad venezolana, incluso solamente el Gobierno en ejercicio. La verdad es que urge que la voluntad venezolana por el entendimiento se haga presente. Se haga sentir y se convierta en una expresión de auténtica disposición a iniciar un proceso de acercamiento, con miras a promover las soluciones que se requieren con urgencia.

Consecomercio, en nombre de sus organismos afiliados en todo el país, no plantea desconocimiento de nada ni de nadie. Simplemente, considera que debe hacer un aporte sincero, auténtico, venezolanista para que, superado el proceso electoral del 6 de diciembre y al que se hace necesario llamar a participar a todos los venezolanos formalmente inscritos en el Registro Electoral Permanente, se inicie esa urgente búsqueda de acercamiento que concluya en soluciones de largo plazo.

Concluir el 2015 con los resultados que gobernantes y gobernados están apreciando y viviendo, y pretender transitar el 2016 en un ambiente sin condiciones para que sean la armonía, la paz y la confianza las que determinen el devenir de esos nuevos doce meses, no es posible garantizar que ese nuevo año arrojará resultados más positivos que aquellos con los que concluirá el año que está a punto de terminar.

La Guaira, 20 de 0ctubre de 2015

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Edecio Brito Escobar 
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