VICTOR RODRÍGUEZ CEDEÑO, UNA NUEVA VISIÓN SE IMPONE

Más de cien  millones de personas huyen de sus sociedades de origen por conflictos armados internos o internacionales, por la violación de los derechos humanos de parte de regímenes dictatoriales, por desastres naturales o en la búsqueda de una vida mejor. Algunas veces la gente se desplaza internamente dentro de su propio Estado, para salvar la vida y vivir en paz, como es el caso de Colombia, país en el que hoy más de dos millones de personas se mueven internamente, muchos de ellos en tránsito hacia las fronteras para convertirse en solicitantes de asilo en los países vecinos, como Venezuela.

Ante esas nuevas realidades se elaboran normas y principios jurídicos para garantizar la protección de esas personas. Algunos principios se consolidan, entre ellos, el de la solidaridad internacional y el del reparto de la carga para enfrentar en forma conjunta los problemas de interés colectivo. Otros principios ceden, como el de la soberanía, que deja de ser un concepto absoluto, rígido.

La crisis, hoy en Siria y en Mali, ayer en Irak, Libia y Egipto, antes en África: Ruanda, Congo, Sudán, Sudán del Sur, Sierra Leona, Liberia, Guinea, muestra la gravedad de los desplazamientos humanos. El conflicto armado interno sirio, al que se agregan prácticas terroristas y otros elementos externos, lamentablemente se desbordó ante las indecisiones interesadas de la comunidad internacional. Millones de personas buscan seguridad y se desplazan hacia los países vecinos, Jordania, Líbano, Turquía, también hacia Europa que reacciona de diversas maneras, aunque parece prevalecer en el tratamiento de la situación el interés común y la dignidad de las personas.

No sólo por conflictos internos y la violencia que generan, el ser humano se ve obligado a desplazarse para salvar la vida. La miseria, la imposibilidad de una vida digna y de ejercer los derechos que tiene como ser humano provocan también desplazamientos igualmente masivos y preocupantes. Centenares de miles de africanos, principalmente subsaharianos, buscan con derecho, apoyados muchas bases en organizaciones criminales transnacionales, una vida mejor y hacen de Europa su destino; un “problema” que hasta ahora parecía ser de los países mediterráneos fronterizos, Italia y España, principalmente. Una visión común de la realidad ha motivado una concepción diferente de la problemática derivada de los desplazamientos humanos masivos, dando prioridad a la vida, a la integridad, al ser humano. No es más un problema de los países de origen, tampoco de los fronterizos, sino de la región y más allá, del mundo.

Si antes los problemas eran de unos y no de todos, hoy algunas materias, los derechos humanos adelante, son del interés colectivo. Europa ha venido dando pasos importantes en la buena dirección al actuar solidariamente y recibir, en medio de un intenso debate político, flujos importantes de personas provenientes de países en crisis, mientras que en otras regiones, América Latina un lamentable ejemplo, algunos gobiernos desconocen los derechos humanos y se aferran a conceptos caducos para proteger sus arbitrariedades que le permiten eternizarse en el poder.

Sin embargo, los tiempos parecen cambiar según las últimas reacciones ante la crisis de los derechos humanos en Venezuela. En América Latina los conceptos “intereses comunes”,  “soberanía” e “injerencia en los asuntos internos” comienzan a ser interpretados de manera diferente, a pesar de la postura de gobiernos o regímenes que intentan “soberanizar” algunos asuntos, como los derechos humanos, para evitar escrutinio internacional, no rendir cuentas y liberarse de sus responsabilidades internacionales por las violaciones de estos derechos.

La violación de los derechos humanos en América Latina es hoy más grave que nunca. Regímenes surgidos de elecciones libres se convierten con las herramientas que les proporciona la democracia en verdugos de sus opositores, como el de Nicolás Maduro o el de Rafael Correa en Ecuador que atacan a la población disidente, la torturan, la condenan por sus ideas, la persiguen, la privan del derecho a la información con el cierre arbitrarios de medios, la discriminan, haciendo con sus políticas forajidos a sus Estados.

El caso de Leopoldo López ha sido demoledor para el régimen de Maduro. Sin duda, marca no solo la existencia de una violencia judicial sin precedentes, sino un cambio de actitud que comienza a afianzarse acorde con la realidad universal. Si la región se acomodaba hasta ahora y permitía abusos en contra de los derechos humanos, la condena arbitraria, la violación de todos los derechos de López, que se suman a los de tantos otros venezolanos encarcelados y torturados estos últimos años, hace despertar a los gobiernos que ahora coinciden con los Parlamentos de sus países, con personalidades políticas y hoy dicen basta a los atrocidades y se unen a los avances de la sociedad internacional, del pensamiento jurídico universal y del orden jurídico que regula las relaciones internacionales.

Las instituciones regionales serias parecen también retomar el camino correcto. De la complicidad de Insulza a las expresiones de Almagro en la OEA se pasa a un cambio importante en favor de la dignidad del hombre.

Tal como se infiere del Comunicado de la Cancillería chilena, a la que siguen entre otras, las de  Panamá y Costa Rica, los derechos humanos es un problema de todos y expresar preocupación por su estado y los atropellos que les vulneran no es injerencia. Más aun, los gobiernos no sólo tienen el derecho de expresarse y exigir el respeto de tales derechos, sino la obligación de hacerlo.

Lamentablemente, no todos parecen montados en la era del cambio y del progreso. Brasil, con pretensiones de potencia regional y más allá; y Argentina, otrora una de las diez potencias industriales del mundo, siguen reticentes a los cambios y acompañan con sus acciones y su silencio las violaciones de los derechos del hombre, para proteger sus intereses, alejándose con su actitud de los avances de la humanidad.

Victor Rodriguez Cedeño

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