La
situación en la frontera colombo-venezolana (estado Táchira) es absolutamente
inadmisible. Nada puede justificar este crimen internacional que afecta a
centenares de familia colombianas a las que el régimen, cínicamente, declara
responsables del desabastecimiento y la escasez en la región.
Los
derechos humanos de los expulsados son pisoteados en forma discriminada,
selectiva, en razón de la nacionalidad, en nombre de una fantasiosa guerra
económica y de un ataque de la oligarquía colombiana y basada en un estado de
excepción sin ningún fundamento jurídico. El régimen de Maduro afirma que la
situación en la frontera con Colombia “obedece al desbordamiento” del Estado
colombiano “para combatir el paramilitarismo, el narcotráfico” y “promover la
desestabilización” de la economía venezolana “mediante el ataque a la moneda,
contrabando de combustible y productos de diversa índole”.
Lo
cierto es que se violan los derechos humanos de los extranjeros, de los
migrantes, de los trabajadores migratorios, de los refugiados. El derecho a la
vida y la integridad física y moral, a la propiedad, a la unidad familiar y
muchos otros son violados como parte de una política sistemática y generalizada
que constituirían un crimen internacional que se agrega a los señalamientos que
se han hecho ante la Corte Penal Internacional que tarde o temprano podría determinar la responsabilidad penal
internacional individual de los autores por estos y otros abominables hechos.
La
expulsión de extranjeros no puede ser colectiva, como lo establecen las normas
de Derecho Internacional consuetudinario. Tampoco puede ser arbitraria. La
expulsión debe basarse en una orden administrativa o judicial conforme al
derecho interno y al derecho internacional, dentro de un procedimiento justo en
el que la persona afectada pueda hacer valer sus derechos. La ilegalidad de una
orden hace igualmente ilegal la orden de expulsión. El régimen venezolano no
solo discrimina por nacionalidad, sino basado en la condición migratoria de la
persona, como lo afirmó insólitamente Jacqueline Faría en días pasados, para
quien hay diferencias entre extranjeros en condiciones legales y extranjeros en
condiciones ilegales.
La
Iglesia, la dirigencia política, la comunidad internacional, los gobiernos y
las organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la
gravedad de la situación, lo que desprecia el régimen, acostumbrado a imponerse
sin la razón y con la violencia. De manera oficial, el régimen respondió y
calificó de “inmoral e hipócrita” el comunicado de la Unión Europea que
legítimamente, dada la trascendencia internacional de estas situaciones, hacía
un llamado a Venezuela para que se respetasen los derechos de los extranjeros a
la vez que declaraba también con razón que “el cierre de la frontera entre Venezuela
y Colombia, seguido del desplazamiento forzado, pone en riesgo el conjunto de
la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región
fronteriza”.
También
rechazó otras sugerencias de gobiernos extranjeros, demostrando una vez más su
arrogancia y la incapacidad de solucionar las situaciones por la vía del
diálogo. La canciller del régimen consideró “injerencista” la posición de
Estados Unidos a la vez que le exigió no inmiscuirse en los asuntos
bilaterales, desconociendo que esta materia no es más de la exclusiva
jurisdicción del Estado venezolano; se trata, como se sabe, de una materia que
por su trascendencia se ubica hoy en el ámbito del interés de la comunidad
internacional, por lo que todo Estado tiene el derecho de exigir que se
respeten las normas de derecho internacional que regulan la protección de los
derechos humanos.
En el
Consejo Permanente de la OEA el régimen se opuso a la convocatoria que
planteaba Colombia para que examinara la situación humanitaria en la zona
fronteriza. El resultado desfavoreció a Colombia pero dejó claro que Venezuela
perdió apoyo en la región. Catorce países apoyaron a Colombia, mientras solo
cuatro le acompañaron y once se abstuvieron, entre los cuales, lamentablemente
Brasil, país que pretende erigirse en gendarme de la región e incluso en
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y que insiste en
acomodarse y no tomar partido ante situaciones tan graves como esta, para
acompañar las barbaridades de un régimen cuyo fin está anunciado.
La
realidad es que las deportaciones selectivas ordenadas por el presidente
Nicolás Maduro son el producto de una enorme irresponsabilidad por parte de un
régimen que juega a la confrontación, dentro y fuera, con fines electoreros.
Victor
Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@vitoco98
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Comentario: Firmar con su correo electrónico debajo del texto de su comentario para mantener contacto con usted. Los anónimos no serán aceptados. Serán borrados los comentarios que escondan publicidad spam. Los comentarios que no firmen autoría serán borrados.