La causa primaria de
la presente crisis económica que
experimenta Venezuela, podemos ubicarla en la visión doctrinaria que han
adoptado los conductores gubernamentales en referencia a la acumulación de
capital como eje (que en efecto es) del crecimiento económico y de la movilidad
social en función del desarrollo nacional; que en lo atinente al “criollo”
proceso revolucionario socialista---doctrina económica que promueve la
eliminación de la propiedad privada de los medios de producción para, afirman,
alcanzar una sociedad sin clases donde se instaura la planificación central
para coordinar la actividad de las empresas estatizadas---asumen dicha
acumulación de capital como una malvada transformación en capital de la
plusvalía (parte del trabajo no pagado al trabajador del cual se apropia el
empresario¡!) en un contexto de relaciones capitalistas de producción;
situación que aspiran revertir a la luz de una socialización de la producción y
el trabajo a los efectos que, opinan, el socialismo sustituya al capitalismo al
unísono de negar cualquier tipo de acumulación tal como un ¡aumento en el
volumen de capital! (base de la explotación del trabajador¡!).
Al propio
tiempo, señalan que el salario no constituye el valor del trabajo (remuneración
por vender su esfuerzo ¡!) sino la cantidad de dinero que recibe el trabajador
de la renta nacional para cubrir sus necesidades en función a la calidad y
cantidad del trabajo; de donde emana una contradicción en cuanto a que la
mejora del bienestar nacional depende de la elevación en la productividad del trabajo,
siendo en la práctica laboral una acción poco pretendida por la burocracia
Estatal y obstaculizada para el sector privado mediante “políticas”
gubernamentales.
Desde el enfoque
opuesto, representado por la economía de mercado---organización social basada
en la libre empresa destinada a facilitar la producción y el consumo de bienes
y servicios surgidos de la interacción entre la oferta y la demanda, con la
eventual participación del Estado para corregir fallas y preservar su
eficiencia---la acumulación de capital se entiende como la aplicación de
recursos (fondos) destinados a producir nuevo capital bajo la figura de
Inversión Real---adquisición de bienes de capital como plantas, equipos e
inventarios---canalizada hacia algún tipo de negocio con el fin de aumentar su
capacidad de producción; escenario donde el salario representa la remuneración
al trabajador por su contribución en la creación del PIB, al tiempo que le
confiere la posibilidad de comprar los bienes y servicios emanados del esfuerzo
productivo colectivo, sin que medie una inamovilidad complaciente y
desestimuladora.
Resulta de Perogrullo
señalar, que en la presente Venezuela y ante el desprecio ideológico del alto
gobierno hacia la participación en la economía de la actividad privada observado
por las trabas que se imponen a la inversión (acumulación de capital) mediante
distintas formas de control (cambio, precios, beneficios, asignación política
de divisas, libre convertibilidad, etc), consideran innecesario (y estéril) la
aplicación de una política pública en un área vital para inducir condiciones
para el crecimiento y desarrollo económico como lo es la materia monetaria
referida a las decisiones que en ejercicio de una plena autonomía debe tomar el
BCV en el manejo de distintas variables (inflación, emisión monetaria, tipo de
interés, protección a las reservas internacionales y otras) para propiciar un
ambiente estimulador al favorable comportamiento del aparato productivo, y
donde la oferta monetaria---cantidad de dinero que circula en la economía para
mover las transacciones comerciales y financieras---es una herramienta trascendente para procurar la
estabilización del sistema de precios (base de una eficiente economía) sin
entrar en el imposible e indeseable intento de controlar directamente la
mayoría de los precios de los productos y servicios. De igual modo, el BCV puede (y debe) imprimir dinero en un contexto
de sana economía para comprar deuda (prestar dinero) a través de pagarés
gubernamentales y bonos de PDVSA ( aparte de los bonos “Directo BCV”) con la
finalidad ortodoxamente correcta de aumentar el tamaño del sistema monetario (y
no del Estado) al tiempo de inducir una disminución de la tasa de interés
(precio del dinero) para (en una economía distinta a la nuestra) estimular en
el sector privado (como debe ser)
deslastrado de incertidumbre el deseo de endeudarse (y no el Gobierno)
para apuntar dichos recursos a la inversión (acumulación de capital) en pro de
hacer crecer la demanda agregada---suma de gastos en bienes y servicios finales
adquiridos en el mercado doméstico y en el resto del mundo, para ser destinados
al consumo público y privado y a la formación bruta de capital fijo---valor de
los bienes duraderos nuevos (junto con los servicios incorporados a ellos)
adquiridos por las unidades productoras para ser utilizados en el proceso
productivo---; acción racionalmente distinta al simple y perverso hecho de
recibir el Gobierno más recursos (distintos a los ordinarios) por parte del BCV
para que posteriormente bajo la subyacencia del gasto público instrumente
acciones populistas y electorales sin el firme propósito de superar
estructuralmente la pobreza (nicho de votos) teniendo como estrategia crear un
boom de consumo para inducir una ilusión de prosperidad sin que medie un
aumento de la oferta real, con obvio efecto sobre la escasez entendida como la
relativa insuficiencia de un bien con respecto a las necesidades, deseos o
requerimientos de los consumidores.
A tenor de lo
expresado, y como reflexión final no debe extrañarnos para nada noticias tales
como que las industrias trabajan a un 54% de su capacidad instalada, que un 67%
de las empresas han visto descender la producción y los inventarios, que para
el III trimestre 2015 un 41% del empresariado no invertirá (salvo en mantenimiento),
que la industria manufacturera no recibe divisas desde hace 7 meses, que el
Gobierno mantiene una deuda con el sector privado superior a los US$ 10
millardos, que la incertidumbre inhibe las inversiones, que el sector
empresarial se contrajo en un 58,9% en los últimos 16 años, y un largo
etcétera.
Jesús Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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