CARLOS E. AGUILERA A., LA PRENSA Y EL ACOSO DEL RÉGIMEN

La intemperancia del régimen llega a extremos inauditos para con los medios de comunicación social, que por el solo hecho de publicar informaciones que dibujan la realidad de todo cuanto acontece en el país, utiliza subrepticiamente métodos propios de gobiernos dictatoriales enemigos de la libertad de expresión y de prensa, al negarles a diarios como El Nacional, El Impulso, El Carabobeño y otros cuantos más de provincia, el abastecimiento de papel a través de un una supuesta corporación que lleva el nombre de un conocido hombre de izquierda, que seguros estamos, en vida se hubiese opuesto a esta patraña, que a la luz de los acontecimientos marca más aún a Venezuela como país forajido, en el que se vulneran todos los derechos ciudadanos.

Ya en el escenario internacional, vale decir ONU, OEA, CDHH, Comunidad Europea y otros tantos, existen denuncias sobre la violación de la carta magna y de los derechos humanos, y del salvaje atropello de que han sido víctimas mujeres y hombres que ejercen la profesión, a manos de delincuentes disfrazados de defensores de la revolución bolivariana, que no pierden ocasión para hacer alarde de su valentía con armas de guerra, que lucen a la vista de la Guardia Nacional, CICPC, Policía Bolivariana y demás cuerpos de inteligencia.

Denunciar es encarar con valentía, distinción y coraje, para desnudar la verdad sin desdibujar imágenes o lacerar la dignidad de personas e instituciones, públicas o privadas. Nuestro país que tanto se preciaba de ser el paraíso y mina de recursos en general, enfrenta situaciones que desdibujan su imagen, como consecuencia de la descarada corrupción, falta de alimentos y medicinas, desempleo, una galopante inseguridad, represión contra quienes enfrentan las políticas del régimen, ineptitud, incapacidad y negligencia en el manejo de la cosa pública, amén de la grosera descalificación que expone al escarnio público a hombres y mujeres, que se empeñan en dar al traste con esta horrible pesadilla.

La Venezuela maravillosa revestida de paz y de bonanza, de pronto se ha visto severamente comprometida y afectada con tantos escándalos y exabruptos, algunos de los cuales fueron denunciados hace mucho tiempo, pero que gracias a  la actitud cómplice de quienes detentan el poder aún no ha sido corregidos, pese a que en el propio seno del partido de gobierno, quien fuera Ministro de Economía, Jorge Giordani denunciara en cierta ocasión, que empresas de maletín habían obtenido más de 24 mil millones de bolívares. A esto se suman otras tantas denuncias, que desde antes de fallecer el autor de la debacle económica, social y política que estamos viviendo los venezolanos, algunos medios de comunicación la hicieron pública. La respuesta de quienes se dicen ser víctimas de estas denuncias que las califican de difamación, a la postre fueron entorpecidas dejando en evidencia una descarada complicidad e impunidad por parte del régimen, que tomó el atajo de acallar dichas acciones fraudulentas mediante cobardes acciones, propios de seres viles.

A diario se escuchan tópicos que marcan el avance del siglo, de las ciencias, de los caminos de la excelencia, del exterminio de la corrupción, de la implementación de la tecnología y sin embargo, contemplamos como pretenden acallar temerariamente, a quienes solo cumplen su sagrado deber de informar oportuna y verazmente, en su afán de sacar a la luz pública verdades y realidades que molestan e indisponen a quienes se creen  dueños del país. Se ha tornado cotidiano, que el insulto y descalificación sea el arma de guerra, de tal manera que desde Maduro, el Presidente de la Asamblea Nacional y unos mozalbetes que utilizan la señal del canal, otrora de los venezolanos,  en supuestos programas de opinión (¿), insultan a su libre albedrío a quienes adversan al régimen.

Esta torpe reacción de los oficialistas enchufados en el poder, se puede interpretar como su poca o ninguna actitud de tolerancia, para confrontar y afrontar los juicios basados en el compromiso que tenemos los periodistas, de fiscalizar y comprobar la corruptela enquistada en quienes manejan los recursos del estado y el erario nacional, y que al verse descubiertos pretenden convertirse en víctimas y negar a troche y moche las barbaridades que han cometido, desconociendo por antonomasia que quienes prestamos nuestros servicios profesionales, somos unos trabajadores sociales al  servicio del colectivo y que es nuestra ineludible obligación defender sus intereses, y por último denunciar lo corruptible, lo corrupto y al corruptor.

La convicción en el pueblo venezolano de que la libertad de expresión es inherente a la vida democrática, aflora más aún ante posibles desviaciones en el ejercicio cotidiano de ese derecho, contemplada en la propia Constitución Nacional, calificada por el extinto Chávez como “la bicha”, la cual contempla entre otras cosas, que “todos los venezolanos y venezolanas tienen derecho a expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso para ello de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena, de inconformidad con la ley, las expresiones que constituyen delito”.

El régimen acusa a los medios independientes de estar aliados con sectores golpistas, y para ello utiliza los inmensos recursos del estado, y financia medios impresos, radioemisoras y televisoras para con el pretexto de “combatirlos”, mantener un inmenso poder mediático, con los que hace alarde de supuestos logros, siempre con el marcado tinte populista y demagógico en sus mensajes. Para colmo, y haciendo alarde de su extremada “convicción democrática” ordena la prohibición de salida del país a 22 editores y periodistas.

Son procedimientos que se reflejan en el estado de ánimo de los venezolanos, que no solo repudian los mismos, sino que los consideran violentos por no entender y valorar la libertad. Maduro y su régimen, se ufanan de que en el país se ejerce una libertad de expresión sin límites ni sanciones, pero al mismo tiempo condena y persigue a quienes manifiestan su repudio, demostrando de esta manera su talante autoritario, pues usa la ley para su provecho y se torna inmune e impune ante ella.

Si observamos que a lo largo de estos 16 años las libertades públicas han sido menguadas, comprenderemos sin duda alguna que estamos en presencia de un régimen autoritario y dictatorial, que se niega a admitir el ejercicio de la libertad de expresión formal o simbólica.

Carlos E. Aguilera A.,

careduagui@yahoo.com

@_toquedediana

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

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