Caracas y Madrid no han dejado de hacerse mutuos reproches desde
este martes 14, cuando buena parte de los diputados españoles le exigió al
estamento chavista que liberara a los ciudadanos detenidos arbitrariamente por
razones políticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió
castigar la moción “injerencista” de los congresistas ibéricos con medidas de
diversa índole. A la espera de detalles, no son pocos los que se preguntan si
un “ojo por ojo” de carácter económico es viable.
“En este momento me es difícil
imaginar lo que Maduro puede hacer concretamente para vulnerar aún más los
intereses económicos de España en Venezuela. Y es que, aún sin las represalias
de Maduro, las empresas españolas ya están perdiendo millones de euros en ese
país. Como muestra, un botón: tras la última devaluación de la moneda
venezolana, el grupo hotelero Meliá reportó pérdidas inmensas”, comenta Ana
Soliz de Stange, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA)
de Hamburgo.
Considerando que los efectos de las políticas
económicas y cambiarias chavistas que han sido considerados nocivos no son
nuevos –dichas políticas ya habían sido implementadas durante la presidencia de
Hugo Chávez (1999-2013)–, muchos describirían la decisión empresarial de
permanecer en Venezuela como una estrategia contraintuitiva, por no decir
masoquista. Pero los inversionistas suelen cotejar hasta los riesgos más
grandes –como el de ser expropiado por el Estado, por ejemplo– con los reveses
y las perspectivas de ganancia que augura el salto de un país a otro.El
fantasma de la expropiación. ¿Puede Maduro optar por la
expropiación de activos españoles? “Pese a los conflictos de vieja data que
signan la relación hispano-venezolana, la integridad de las inversiones
españolas ha sido respetada hasta ahora y, por eso, muchos empresarios ibéricos
se han abstenido de abandonar el país sudamericano. No ha muerto la esperanza
de que su paciencia se vea recompensada con oportunidades de negocios
rentables”, explica la investigadora, enfatizando que muchas compañías
españolas llevan décadas afincadas en Venezuela.
La inversión española en Venezuela. “La
primera respuesta a una situación difícil no puede ser la relocalización de un
centro de operaciones; mudar la sucursal de una fábrica o una empresa es un
proyecto muy costoso. En el caso que nos ocupa, Venezuela es un país rico en
materias primas y tiene la gasolina más barata del mundo; esas son ventajas que
siguen siendo relevantes para muchos”, sostiene Ferdinand Fichtner, quien
lidera al grupo de expertos del Instituto Alemán de Investigación Económica
(DIW) especializado en crisis, pronósticos y políticas coyunturales.
¿Poco más que retórica? “El
Gobierno venezolano está ávido de inversiones y no puede darse el lujo de
emprender acciones que restrinjan aún más la entrada de dinero a las arcas del
Estado. A mi juicio, alzar la voz y decir que le dará la batalla a España con
‘respuestas integrales’ no es más que un ejercicio retórico que le permite a
Maduro cohesionar al electorado cautivo del chavismo”, sostiene la especialista
del GIGA, sugiriendo que hasta los insultos articulados contra los
parlamentarios españoles estaban realmente dirigidos a la audiencia
venezolana.Se han registrado voluntariamente 118 compañías españolas con sede
en Venezuela ante el ministerio correspondiente en Madrid. El número es
probablemente mayor, informa Cristina Expósito, del Instituto de Comercio
Exterior (ICEX). Y Maduro está consciente de que el país bajo su mando necesita
tanto las inversiones como las exportaciones españolas. ¿Por qué las ahuyenta,
entonces, intensificando sus fricciones con el Gobierno de Mariano Rajoy y
satanizando al sector privado en general con su verbo incendiario?
No obstante, el consejero
delegado del ICEX, Francisco Garzón, alertó que el interés de los capitalistas
españoles en incluir a Venezuela en sus planes de expansión había caído debido
a la hostilidad del Gobierno chavista hacia el libre mercado y la actividad
empresarial. Garzón citó el desplome del valor de las exportaciones españolas
hacia el país caribeño –de 1.052 millones de euros en 2013 a 541 millones de
euros en 2014–, atribuyéndolo a la sospecha de que filiales de compañías
radicadas en Venezuela podían ser expropiadas.
De la palabra a los hechos. Esto
apunta a que la sola palabra de un gobernante puede tener efectos tan tangibles
como una orden ejecutiva punitiva. Este miércoles (15.4.2015), el Ministerio de
Exteriores español se reunió con el embajador de Venezuela en Madrid para
comunicarle su incomodidad con los pronunciamientos recientes de Maduro y
Caracas imitó la moción, convocando al emisario de España. Aunque los analistas
consultados intuyen que la discordia transatlántica no pasará de dimes y
diretes, el temor a que este altercado trascienda el plano de la política
simbólica no se disipa del todo.
Según reportes internos del
Gobierno de Rajoy, los intereses en Venezuela de los grupos españoles –entre
los cuales se encuentran Acciona, BBVA, Repsol y Telefónica– ascienden a 9.000
millones de euros. De ahí que el empresariado ibérico haya celebrado la
fundación del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en Buenos Aires el
pasado 19 de marzo, cuya meta es intervenir en la resolución de las
controversias entre personas naturales o jurídicas de la Conferencia
Iberoamericana, a la que pertenecen España y Venezuela.
Mario
Augusto Beroes Ríos
marioberoes@gmail.com
@marioberoes22
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