Durante muchos años hemos dicho que los
efectos beneficiosos del llamado socialismo del siglo XXI, categoría para
nosotros inexistente, no eran sino el resultado del reparto de parte de la
renta petrolera, incrementada por los precios internacionales del crudo, hacia
programas sociales que por décadas ha mantenido el Estado venezolano como forma
de legitimación de su sistema político. Hemos afirmado que efectos similares se
vieron en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), cuando
fortuitamente hubo también ingresos extraordinarios por las mismas razones.
Sobre la base de los resultados de estos dos momentos concluimos que se trataba
de efectos no permanentes, no sustentables, que durarían mientras se
mantuvieran elevados los precios petroleros, para desaparecer después, incluso
en muy poco tiempo.
Tristemente, la realidad actual nos ha dado
nuevamente la razón. La cacareada democratización estudiantil (realmente
masificación al no mantener la calidad) se desvanece rápidamente: Más de 500
mil estudiantes dejaron de inscribirse en el sector educativo oficial en 2013,
cifra altísima en relación con 2011; en primaria la disminución de los
inscritos fue casi de 20 mil, mientras en secundaria estuvo en el orden de los
70 mil; el resto, más de 450 mil son de las misiones educativas. También afecta
negativamente al sistema el crecimiento de la deserción, que de menos de un mil
estudiantes en 2011-12 pasó a ser mayor de 25 mil en 2012-13 en la educación
primaria, mientras la de bachillerato fue de más de 200 mil en el mismo período
(cifras Ministerio de Educación).
Si nos vamos al caso de la miseria
encontramos que la pobreza total y extrema vuelven a alcanzar cifras que habían
sido superadas. Para 2003, la pobreza total llegó a ser 61 por ciento, mientras
la extrema era casi 30 por ciento, bastante por encima de las de 1998. Luego de
ese momento, por las acciones sociales del Gobierno, se reducen en forma
importante para alcanzar su mejor nivel en 2009, con una pobreza general menor
de 35 por ciento y una extrema de un 8 por ciento (cifras del INE). A partir de
allí las cifras se estabilizan hasta 2013, cuando comienzan a deteriorase en
forma rápida y alcanzan 52,6 y 25,2 por ciento respectivamente en 2014, según
la Encuesta de Condiciones de Vida 2014 hecha por investigadores de la UCV, USB
y UCAB.
Al utilizar la renta petrolera solamente en
gastos: administrativos del Estado, incluyendo el armamentista y el de los
servicios de inteligencia y seguridad; misiones, propaganda oficial, propaganda
electoral, subvenciones, bienestar social, que incluye salud y educación;
importaciones de bienes y servicios, sin invertir en la producción y sin ahorro
en fondos especiales, más la enorme corrupción, la caída del ingreso
significará ineludiblemente empeoramiento grave de las condiciones de vida.
Fracaso total.
Luis
Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
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