Definitivamente,
Maduro está desesperado. Así lo muestran sus permanentes agresiones a cualquier
gobierno, institución o persona que se atreva a manifestar una opinión
contraria a su manera de pensar o critique su acción de gobierno. No importa
que sea una opinión respetuosa y prudente. De todas maneras, su respuesta es
grosera sin importarle comprometer el prestigio de Venezuela.
La
causa está a la vista. Su caída en los niveles de popularidad se mantienen de
una manera sorprendente, sin que puedan influir las campañas de propaganda que
organicen sus asesores comunicacionales. Así ocurrió con los permanentes ataques a los Estados Unidos y al
presidente Obama. No sirvió de nada. Apenas logró remontar unos puntos en las
más recientes encuestas para volver a caer de manera estrepitosa. Para colmo,
tuvo que aceptar el reconocimiento de
Castro, Correa, Morales y Ortega al presidente norteamericano
La
razón es muy sencilla. La situación económica y social que los venezolanos
enfrentan es de tal gravedad que es muy difícil encontrarle alguna solución si
se mantiene la actual orientación política y económica de su
gobierno. Los problemas que enfrenta son su falta de autoridad, voluntad e
incapacidad para hacerlo. La cercanía de las elecciones parlamentarias y las
presiones de los sectores más radicales
del chavismo se lo impiden.
Un
buen ejemplo son los presos políticos. Es la principal causa de crítica
internacional. Una ley de amnistía sería recibida con beneplácito. Prefiere
entrar en fuertes polémicas con jefes de Estado y de gobierno, instituciones e
importantes dirigentes políticos del mundo, que enfrentar sus responsabilidades
presidenciales. Otra acción que podría tomar es exhortar al CNE para que realice unas elecciones
parlamentarias transparentes, equitativas y justas. El rumor que existe sobre
un nuevo cambio de circuitos no sería un buen camino…
La
opinión internacional se encuentra muy sensible ante el deterioro de la la
situación política venezolana como consecuencia de haber decidido Hugo Chávez
retirar a nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el
año 2012, para poder establecer, de
manera definitiva, un régimen
hegemónico, sustentado en el control absoluto
por el Ejecutivo de todos los poderes públicos, eliminando su libertad e
independencia constitucional.
Esta
conducta viola flagrantemente la Carta
Democrática Interamericana y se ha traducido en acciones para criminalizar a la oposición política,
perseguir a los medios de comunicación independientes, violar los derechos
humanos empleando inclusive armas de
guerra en la represión de manifestaciones públicas y detener a sus asistentes
de manera masiva. Esta ha sido la razón de los señalamientos nacionales e
internacionales que han surgido en estos últimos días.
En
la llamada Declaración de Panamá, 32 ex mandatarios iberoamericanos solicitaron
una solución negociada al delicado problema venezolano, la libertad de los
presos políticos y el establecimiento de reales garantías para el desarrollo de
las elecciones parlamentarias.
Las
Cortes españolas aprobaron un comunicado en el cual se “solicita la libertad de
Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de Daniel Ceballos y de los demás manifestantes”.
El comunicado fue aprobado por el partido Popular y el Partido Socialista
Obrero Español obteniendo 306 votos a favor y
19 en contra.
Los
senados colombiano y chileno y el parlamento costarricense aprobaron por
absoluta mayoría declaraciones similares. Así mismo, hay pronunciamientos al
respecto de la presidente del Brasil y del canciller uruguayo.
La
senadora Isabel Allende, hija del presidente Allende, al respaldar dicha
solicitud, ratificó su anterior posición:”el gobierno de Maduro no es socialista
sino una dictadura militarista”.
Las
ofensas de Maduro al presidente Rajoy y a la Cortes españolas generaron de
inmediato un agravamiento de las tensiones diplomáticas entre España y
Venezuela.
No
satisfecho con ese nuevo enfrentamiento dio unas fuertes declaraciones a su
llegada de Cuba en la cual anunció la radicalización del proceso revolucionario
convencido “que los empresarios sabotean la economía del país y le impiden al
pueblo acceder a diferentes productos de primera necesidad”.
Aseguró, que en
contra de su gobierno está en marcha “una guerra económica dirigida por
los empresarios y apoyada por los Estados Unidos”.
Es
claro que Nicolás Maduro desea ocultar dieciséis años de despilfarro y
corrupción que han caracterizado a los gobiernos revolucionarios y nos han
conducido a esta debacle. Muchos jóvenes y excelentes profesionales han tenido que emigrar, ante la imposibilidad
de contar con un futuro promisor gracias a los errores del régimen chavista.
Sin embargo, Maduro debe saber que existen numerosos venezolanos que no se
irán, que están decididos a quedarse,
seguros como estamos que en Venezuela está en marcha un trascendente cambio político.
Fernando
Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
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