La masacre del 11 de
abril del 2002, promovida por el teniente coronel Hugo Chávez y varios de sus
acólitos, sigue sin ser investigada.
Fueron asesinados 19 ciudadanos, nueve de ellos participantes de la
marcha opositora que pretendía llegar a Miraflores a exigir la renuncia del
presidente Hugo Chávez y nueve identificados con el oficialismo. Además, hubo
unos 200 heridos, casi todos de la fila opositora. Por razones que
ignoramos, la juez Marjorie Calderón y los tres escabinos solo investigaron dos casos de homicidio y
ocho de lesiones y sentenciaron hasta a 30 años de cárcel a los
Comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero
y Henry Vivas, así como a seis efectivos de la Policía Metropolitana. Hoy,
trece años después, permanecen detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde
los policías Erasmo Bolívar, Luís
Molina, Héctor Rovain, Marco Hurtado y Arube Pérez. Los tres Comisarios
mencionados están detenidos en sus casas por confrontar serios problemas de
salud que demoraron mucho en ser atendidos.
En el juicio se
demostró que las balas encontradas en los cuerpos de los ciudadanos cuya muerte
se investigó no procedieron de las armas de los policías. Además, las mismas tenían una trayectoria descendente, es decir de arriba hacia abajor, por lo cual es imposible
que fuesen disparadas por los policías que estaban en un plano inferior, concretamente
al sur de Puente Llaguno sobre la avenida Baralt.
La juez Calderón,
según la prensa, es esposa
de un destacado dirigente del PSUV y fue designada gracias a las
gestiones de un ex socio del ex fiscal general Isaías Rodríguez. Como premio, en
el 2014 fue designada Magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia. Dos de los tres
escabinos eran beneficiarios de las Misiones sociales del gobierno. Haifa Aissami, fiscal acusadora en el
juicio, es hermana de Tarek El Aissami,
entonces ministro del Interior y
Justicia y actual gobernador de Aragua.
Hoy es embajadora ante el Reino de los Países Bajos. Evidentemente fue un
juicio político, valiéndose de personas estrechamente relacionadas con el
régimen.
Quienes estuvimos en
la marcha del 11 de abril del 2002, y
llegamos por la avenida Baralt hasta la esquina de Pedrera,
podemos atestiguar sobre el comportamiento de la Policía Metropolitana.
La misma procedió con profesionalismo intentando mantener separados a los
pistoleros de Llaguno de quienes marchábamos pacíficamente. El libro ¨Las balas de abril¨, del excelente
periodista Francisco Olivares ilustra
claramente dónde se cometieron los asesinatos.
En los casos de la Baralt los
autores fueron paramilitares rojos y en los alrededores guardias nacionales
plenamente identificados. En ese
entonces se mencionó la presencia de francotiradores desde los edificios
circundantes, lo cual nunca fue comprobado.
El libro ¨ El caso Vivas-Forero en el derecho
internacional de los derechos humanos¨, de Marco Tulio Bruni-Celli, describe la grave violación al derecho de
asilo por parte del gobierno salvadoreño, que entregó a los ciudadanos citados
violando el principio internacional de ¨no devolución¨. Los gobiernos de El Salvador, Costa Rica y
Argentina se comprometieron a dar garantías diplomáticas para que hubiese un
juicio justo, pero todo fue una farsa.
Los afectos del
oficialismo y los familiares de las víctimas deben entender que no se hizo
justicia. Quienes fueron sentenciados no son los culpables y los verdaderos
asesinos están en libertad. La gran
mayoría de los asesinatos no fueron investigados. Quienes dispararon son culpables y es necesario identificarlos, pero
igualmente quienes convocaron a grupos civiles armados a ¨defender la
revolución¨. Afortunadamente hay muchos
documentos. A los libros citados debemos agregar el documental ¨Radiografía de
una mentira¨, de Wolfang Schalk y Thaelman Ungelles, que desmiente la versión
oficial recogida en ¨La revolución no será televisada¨. También está el libro ¨Verdades, mentiras y videos¨, de
Albor Rodríguez.
Los efectivos
policiales que permanecen detenidos deberían
disfrutar del beneficio de libertad por haber cumplido la mayor parte de
una sentencia injusta. La sociedad civil está en deuda con ellos, ya que sin su intervención la masacre pudo ser mayor. También debemos
agradecer la actuación del general Manuel Rosendo, quien se negó a aplicar el
llamado Plan Ávila, que contempla sacar el ejército a la calle para
reprimir. Mi reconocimiento a Mohamed
Merhi, cuyo hijo fue asesinado y durante
muchos años exigió justicia. A Malvina Pesate, quien resultó severamente
herida, así como a todos los participantes de esa gran jornada cívica.
Los
olvidados son no solo los policías, sino también las víctimas de ambos bandos a
quienes no se les ha hecho justicia. Es justo reconocer que Antonio Ledezma ,
hoy acusado arbitrariamente de conspiración y preso en Ramo Verde, fue el
primer político que mantuvo una defensa constante de los presos políticos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
PD: Hoy acudí con mi
esposa a la cárcel de Ramo Vede a visitar a los efectivos policiales Erasmo
Bolívar, Luís Molina, Héctor Rovain, Marco Hurtado y Arube Pérez, presos
injustamente por los sucesos del 11 de abril del 2002. Debo denunciar ante la
Defensoría del Pueblo y ante la
ciudadanía que nos fue negada la visita. Ello constituye una violación a los derechos humanos de los presos.
Eddie A. Ramírez S.
eddiearamirez@hotmail.com
@eddieAramirez
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