Súmate
manifiesta su rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de implantar el
sistema biométrico o “captahuellas” en la red nacional de centros de
abastecimiento públicos y privados anunciado para entrar en vigencia a partir
del 30 de noviembre próximo, porque es otra restricción más a los derechos y
libertades de los venezolanos, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
La
razón fundamental de este rechazo es que con la aplicación de este mecanismo se
castiga al ciudadano común y al pueblo en general, al obligarlos a someterse a
un sistema tecnológico de racionamiento de alimentos y productos para la salud
e higiene personal, que a todas luces no solucionará el problema de la oferta
suficiente y la distribución permanente de estos insumos de primera necesidad.
Nos
negamos a aceptar la aplicación de este tipo de medida, porque como ciudadanos
de la República Bolivariana de Venezuela tenemos el derecho a elegir la
cantidad y la calidad de los bienes y servicios que necesitamos y podamos
adquirir para satisfacer las necesidades de nuestras familias y, al mismo
tiempo, el gobierno nacional está obligado a garantizar “…su disponibilidad
suficiente y estable… y el acceso oportuno y permanente a éstos…”, derechos
consagrados en los artículos 117 y 305 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Desde
el año 2004 hemos advertido reiteradamente que el sistema biométrico o
“captahuellas” aplicado en la herradura de votación:
a) No impide que una persona vote en
sustitución de otra porque, de acuerdo con el Reglamento Electoral, el elector
puede sufragar aun cuando su huella no coincida con la registrada en el
sistema, pudiendo así usurpar la identidad de cualquier elector que aun no haya
ejercido su voto.
b) No garantiza el principio por el cual fueron
justificadas de “Un elector – Un voto”, ya que con una o varias cédulas
forjadas le es posible a un mismo elector votar en múltiples ocasiones, siempre
que lo haga en distintas mesas de votación, incluso dentro del mismo centro,
sin que el sistema logre identificar que dicha irregularidad se está
cometiendo.
c) Se ha utilizado como un mecanismo de
intimidación, ya que aunque se ha demostrado técnicamente que las CaptaHuellas
no permiten conocer el voto de cada elector, son numerosas las denuncias de que
en organismos de la Administración Pública, Misiones Sociales y dependencias
Gubernamentales en general, se le hace creer a las personas que se conocerá su
intención de voto y que serán despedidos o privados de algún beneficio si
sufragan en contra de la opción del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV).
El
sistema biométrico aplicado a la Red Nacional de Expendio de Alimentos
persigue, de acuerdo con declaraciones de voceros del Gobierno Nacional, los
siguientes objetivos: eliminar el contrabando, limitar las compras de los
productos de manera eficaz y garantizar el pleno abastecimiento de los mismos a
la colectividad. Desde la experiencia de contraloría electoral acumulada desde
2004, indicamos las “Consideraciones Técnicas” (CT) y las “Limitaciones
Técnicas” (LT) de este sistema, donde queda evidenciado que no podrá cumplir
los objetivos planteados.
CT.
1) Implantación de Captahuellas en todos los puntos de venta (cajas) de todos
los establecimientos públicos y privados de expendio de alimentos, medicinas y
productos regulados de primera necesidad: LT. 1) En el caso de que se instalen
unas 100.000 captahuellas en igual número de puntos de ventas, debería hacerse
una inversión sólo para equipos biométricos de más de 1.500 millones de
Bolívares (Casi 140 millones de dólares calculado a SICAD 1). Adicionalmente,
esto implicaría la incorporación y formación de por lo menos 150.000 personas
para la administración de este mecanismo con el fin de garantizar su correcto
funcionamiento, como también la adecuación técnica de los terminales de venta
de cada establecimiento y la incorporación de servidores para recibir y
procesar millones de datos que se generan diariamente y que se acumularán por
varios días o semanas para conocer la conducta de consumo de los venezolanos.
Algunas preguntas que debe responder El Ejecutivo Nacional: ¿Quién paga o
quiénes asumen estos costos? ¿Existe la infraestructura técnica para que el
sistema funcione según lo prometido? ¿A quiénes le van a atribuir la
responsabilidad y cómo se va a solucionar el aumento de las colas para pagar en
los supermercados, mercados, abastos, farmacias entre otros por el tiempo que
consumirá el procesamiento de los datos por la aplicación de esta medida? ¿No
es el número de la cédula identidad, dato que ya registran los sistemas de
facturación y el Seniat, suficiente para conocer el consumo de los venezolanos?
CT.
2) Impedir que un ciudadano compre más de dos veces el mismo producto en un
tiempo determinado ¿día, semana o mes?: LT. 2) Para lograr este objetivo es
necesario la construcción de una base de datos nacional de huellas que se
alimentaría en tiempo real, contra la cual se verificaría cada huella
registrada en cada terminal. Ello implica la realización en simultáneo vía
internet de millones de consultas a una base de datos que crecería
exponencialmente minuto a minuto y que deberá interactuar de forma
bidireccional con todos los terminales de venta y/o servidores de los miles de
establecimientos de expendio de alimentos a nivel nacional, lo cual es
imposible debido a las limitaciones tecnológicas asociadas a la disponibilidad
de ancho de banda y de servidores robustos, como también que nuestro servicio
de internet es muy lento e intermitente, además de las constantes fallas del
servicio eléctrico en todo el territorio nacional. En los últimos procesos
electorales, el sistema solo ha impedido que un ciudadano vote más de dos veces
en una misma mesa de un centro de votación, que trasladado a un establecimiento
solo impediría que una persona compre el mismo producto dos veces en una misma
caja o a lo sumo en el mismo establecimiento.
CT.
3) Revisión posterior de las huellas y otros datos recabados por cada
captahuellas en los miles de centros de abastecimiento públicos y privados,
para aplicar sanciones y los correspondientes correctivos: LT. 3) En el sistema
electoral, a pesar de que se ha utilizado un nivel de rigurosidad bajo, en las
Elecciones Presidenciales del 7 de Octubre de 2012 (último dato suministrado
por el Consejo Nacional Electoral, CNE, ya que se negó a entregar esta
información en las elecciones siguientes), las revisiones posteriores de las
máquinas CaptaHuellas arrojaron que la huella de más de 700.000 votantes no
coincidió con la huella previamente registrada por el CNE, arrojando cuatro
posibles escenarios, todos alarmantes: 1) 700 mil electores usurparon la
identidad de otro ciudadano; 2) el sistema arrojó 700 mil falsos negativos, lo
cual demuestra la vulnerabilidad del mismo (aproximadamente el 5 por ciento de
error); 3) la base de datos del CNE tiene un alto porcentaje de huellas
erróneas o de muy mala calidad; y 4) una mezcla de los tres escenarios
anteriores. Esta situación es grave ya que se verifica, aun con niveles de
rigurosidad bajo en la identificación del Sistema Biométrico, un nivel de error
inaceptable, que afecta la transparencia del sistema electoral, tal como lo
hemos denunciado oportunamente. Sin embargo, en el caso electoral, como explicamos
anteriormente, en casi todas las situaciones posibles se le permite votar al
elector para no vulnerar su derecho al sufragio. En el caso de la compra de
alimentos se debe responder esta pregunta: ¿Se le permitirá comprar al
ciudadano aun si la CaptaHuella indica que ya compró? Además, la posterior
revisión de estos datos y la aplicación de las sanciones o acciones correctivas
correspondientes requeriría de un equipo humano altamente calificado y el
desarrollo de una burocracia orientada a identificar, localizar, perseguir y
sancionar a los ciudadanos que se determinen (de acuerdo con criterios que son
altamente discrecionales y violando la Constitución) han incurrido en faltas
asociadas con la compra “excesiva” de alimentos y/o bienes de primera necesidad.
Si
el sistema es incapaz de cumplir con los objetivos para los cuales está siendo
propuesto nos preguntamos ¿Por qué la insistencia del Ejecutivo Nacional en
seguir adelante con la implantación del mismo? ¿Persigue con ello intimidar,
perseguir y aterrorizar al ciudadano común?
Victor
Vargas Valera
victorvrgs1@gmail.com
@victorvrgs1
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