A
la hora de terminar este artículo para enviarlo a la prensa que aún publica
posturas críticas al gobierno, el país entero está a la expectativa de las
medidas económicas que anunciará el presidente titular de la república, las
cuales se supone que se enmarcan en un programa de ajuste que ha sido
presentado con el nombre de “sacudón”.
Pensamos
que este término es muy apropiado, porque todo indica que el paquetazo que se
ha estado cocinando será un auténtico sacudón para el bolsillo de los
venezolanos, ya que el gobierno busca financiar el enorme déficit fiscal que ha
creado de manera irresponsable sacándole la plata a los ciudadanos del
bolsillo, con medidas como el aumento de la gasolina y las tarifas de los
servicios públicos, una nueva devaluación y eventualmente la creación o
incremento de impuestos.
Pero
más allá de esas medidas que buscan resolver el flujo de caja del gobierno (las
cuales analizaremos una vez implementadas), nos ocupa en esta oportunidad el
controversial tema del “sistema de identificación biométrico”, mejor conocido
como las “captahuellas”, las cuales pretenden aplicar para la adquisición de
bienes de primera necesidad.
En
este aspecto es mucho lo que hay que decir, más allá de que obviamente algunos
vivos se meterán unos reales con el negocio de las maquinitas. Para empezar, el
gobierno ha echado para adelante y para atrás en varios sentidos. Un día era
solo para alimentos, pero al día siguiente también era para las medicinas. En un
anuncio se dijo que era obligatorio, y en otro que era voluntario, etc. Lo
cierto es que termina siendo el copresidente de la república, capitán Diosdado
Cabello, quien anuncia primero que las mismas se usarán obligatoriamente solo
en la frontera y en las redes de distribución masiva de alimentos, tipo
Mercal.
Ahora
bien, lo más importante de todo esto no es el conjunto de particularidades de
su implementación, sino el sistema de control en sí mismo, y el inmenso error
del cual se parte para justificar su imposición. Es decir, el gobierno sigue
atrapado en el equivocado discurso de la “guerra económica por parte del sector
privado” como causa, por un lado, y de las amenazas, intervenciones y
controles, como consecuencia, por el otro. Con esa visión actúa como un médico
que diagnostica a un paciente una úlcera intestinal y le ordena el tratamiento
respectivo, cuando en realidad tiene una apendicitis, que de no ser atendida a
tiempo se convertirá en una peritonitis que pondrá en riesgo su vida. Si yerra
en el diagnóstico, obviamente yerra en la receta para la cura.
Así
las cosas, el gobierno no admite (y difícilmente admitirá) que la causa
elemental del contrabando de extracción es la enorme distorsión que causa el
control de cambio, así como que la escasez se debe fundamentalmente al bajón
terrible que ha sufrido la productividad nacional. De hecho, el copresidente
Cabello afirmaba en estos días que esta no podía ser esa la causa, por cuanto
“aquí nunca se ha producido nada…”. Así despachan los improvisados los graves
asuntos públicos.
Lo
cierto es que cada vez nos acercamos más a la experiencia cubana. Allá han
vivido más de 50 años con una libretica de cartón donde le van anotando lo que
consumen y le fijan un límite. Aquí estamos empezando a hacer exactamente lo
mismo pero con ayuda de la tecnología. Es la única diferencia. Se trata, pues,
del “racionamiento del siglo XXI”.
¿Quiere
el gobierno realmente acabar con la escasez y la inflación? Reviertan las
expropiaciones de más de 1.300 empresas y 4 millones de hectáreas en el campo,
brinden seguridad jurídica a quienes cerraron más 8.000 industrias y 360.000
microempresas, respeten la propiedad privada y las reglas de juego para que
fluya la inversión privada, sinceren y estabilicen el tipo de cambio,
restituyan la autonomía del BCV, etc.
Solo
así nos salvamos de la hecatombe. Lo demás es seguir avanzando hacia el
precipicio. Será duro reconstruir Venezuela, pero con esa tarea estamos
comprometidos. Es necesario lograr el cambio.
Cipriano Geredia S.
@CiprianoHeredia
cipriano.heredia@gmail.com
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