A finales de la década de los 70 y a partir
de los 80 del siglo pasado, "teniendo como telón de fondo" los
procesos democráticos que vivió la Europa meridional y América Latina, muchos
estudiosos de las ciencias sociales comenzaron a cuestionarse sobre los
problemas modernos de la democracia, en especial su vinculación con los
regímenes políticos y la relación institucional entre el Estado y la sociedad
civil.
Hasta este momento no les interesaba todavía
el análisis de la vinculación entre el diseño institucional y el desarrollo
democrático de un país; fue pocos años más tarde cuando los politólogos
comenzaron a preocuparse por el tema.
Por lo que se refiere al desarrollo de la
democracia en América Latina, el presidencialismo es la institución que, en
este contexto, se ha analizado para poder conocer las causas de la fragilidad
democrática (o si se quiere crisis democrática) que viven los países de la
región.
El sistema presidencialista es la forma de
organización política preponderante en la región y el origen de todos sus
males. Sobre este tema se han escrito muchas obras. “La crisis del
presidencialismo”, coordinada por Juan Linz y Arturo Valenzuela;
“Presidencialismo y democracia mayoritaria”: “Observaciones teóricas” de Arend
Lijphart; así como otros análisis igualmente destacados de autores como
Giovanni Sartori, Alfred Stephan y Cindy Skach, entre otros.
De acuerdo con todos ellos, las rigideces
propias del régimen presidencial tales como la tendencia a la concentración del
poder, la ausencia de un poder moderador, la naturaleza de ganador único en las
elecciones con la posible consecuencia de estancamiento en la relación entre el
Ejecutivo, el Legislativo. El Judicial y el Moral (juego de suma cero) y el
potencial polarizador de dichas elecciones, inducen a estos regímenes a vivir
en permanente conflicto e inestabilidad.
De ahí que estos autores hayan planteado como
el mejor medio para combatir estas dificultades y evitar que crisis como éstas
sigan sucediéndose en América Latina, el hacer avanzar los regímenes
presidencialistas hacia sistemas semipresidenciales o parlamentarios que
incentiven la conformación de mayorías que puedan hacer cumplir los programas
de Gobierno, que doten de una mayor capacidad para gobernar en el marco de un
sistema multipartidista, que generen una menor propensión a que los Ejecutivos
gobiernen dentro de los límites de La Constitución y otorguen mayores
facilidades para destituir al jefe de un Ejecutivo que actúe en contra de la
misma o de los intereses de la población.
De acuerdo con estos autores, la
contrastación empírica del funcionamiento de los sistemas políticos permite
establecer una clara correlación entre el parlamentarismo y los procesos de
consolidación democrática y el presidencialismo y la crisis de las democracias.
No obstante, no todo el problema vinculado
con las crisis latinoamericanas está en las deficiencias del diseño
institucional que desincentivan la cooperación y obstaculizan la suscripción de
compromisos y pactos de carácter consociativos necesarios en todo proceso de
transición a la democracia.
El otro gran factor que ha detonado la
mayoría de las crisis democráticas en América Latina ha sido la imposibilidad
de los Gobiernos de resolver las añejas y nuevas carencias sociales que afectan
a su población, así como de reducir las cada vez más preocupantes
desigualdades, la miseria y la pobreza.
De acabar con la lucha de clases y de generar
nuevas oportunidades para sus ciudadanos. En fin, consolidar un Estado social
de Derecho capaz de producir a la vez crecimiento económico y bienestar social.
La pasividad de los Gobiernos de América
Latina ante la descomposición social de sus pueblos dice mucho de su
incapacidad para hacer frente a conflictos en forma preventiva. El hastío y la
desilusión ante la democracia por la carencia de representatividad y de
soluciones viables a los problemas de la sociedad es tal, que los ciudadanos
han comenzado a ensayar nuevas opciones (Populismos, demagogias, democracias
plebiscitarias, control popular sin intercesión institucional, Poderes fácticos
versus Poderes legales, etcétera) que han puesto en riesgo ya la estabilidad
interna de varios países y podrían poner en peligro incluso a la región y al
continente entero.
Venezuela tiene que aprender de las lecciones
de la historia y evitar caer en propuestas populistas y demagógicas como medio
para enfrentar la pauperización y las desigualdades que castigan cada día más a
nuestro desmoronado y arruinado pueblo.
Venezuela ha perdido en casi 16 años de
régimen revolucionario
socialista-comunista la oportunidad de adecuar las instituciones
nacionales a la nueva realidad política de la nación y de consolidar la
democracia social para poner fin a los rezagos en la materia.
En 15 años d un mal llamado socialismo del
siglo XXI, q ni sus mismos precursores pueden explicar ¿qué es?, no se ha
podido concretar ninguna reforma importante y los programas sociales que ha
venido aplicando no son más que la continuidad de los programas de las
administraciones anteriores pero con otros nombres como las llamadas misiones,
que ya han mostrado sus limitaciones.
Para el gran cambio fundacional de nuestro
país, es necesario que se tome en cuenta este enorme reto y los líderes
políticos, nos ofrezcan propuestas concretas y verdaderas orientadas a
fortalecer nuestra institucionalidad y poder asegurar un desarrollo social más
equitativo. ¿Será esto posible en esta depauperada y desvalorizada Venezuela
sin democracia?
Zenair Brito Caballero
britozenair@gmail.com
@zenairbrito
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