Es
muy lamentable que la institución destinada a la promoción, defensa y
vigilancia de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
tratados internacionales sobre derechos humanos haya sido objeto de atención durante los últimos días tanto en
los medios de comunicación nacionales e internacionales como en las redes
sociales y no precisamente por su labor en materia de defensa de DDHH durante
la crisis que actualmente vive Venezuela sino por el silencio, omisión,
complicidad y manipulación de quien dirige en estos momentos a dicha
institución.
Si la Defensoría del Pueblo obtuvo certificación clase A del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) ello no significa que la Defensora, sus directores, defensores regionales y cada uno de los funcionarios que laboran en esa institución estén cumpliendo con garantizar derechos humanos en el país, tampoco esa acreditación la obtuvo la Defensoría por sus acciones tendentes a evitar que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Guardia del Pueblo, y Policía Nacional cesen el uso desproporcionado de la fuerza y el empleo de armas de fuego contra jóvenes estudiantes, ni para que finalicen las torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias. Hay que tener claro que esa acreditación no convierte ni convertirán de la noche a la mañana a la Defensoría del Pueblo en una institución imparcial, independiente y autónoma.
Para
que esa institución cumpla con el mandato constitucional es necesario y urgente
nombrar una nueva Defensora o Defensor que realmente entienda y cumpla con la
independencia, y llevar a cabo una reestructuración que permita contar con
altos funcionarios y defensores delegados realmente calificados y comprometidos
con los derechos humanos, y que de una vez esa institución deje de seguir el
juego del régimen autoritario de Maduro, el cual ha dado claras y contundentes
demostraciones que no cree ni respeta derechos humanos. No se puede olvidar que
a partir del 10 de septiembre de 2013 los venezolanos somos más vulnerables
ante los abusos del Estado al no poder acudir ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y, ante esa situación, la Defensora ni ninguno de sus
funcionarios alzaron la voz.
La
Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez podrá engañar y manipular a la
CIC para obtener acreditación clase A, al Programa Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI), a la Federación Iberoamericana
de Ombudsman (FIO) y a todas aquellas instituciones que forman parte de las
redes que agrupan a las instituciones de promoción y protección de Derechos
Humanos de las distintas regiones que conforman la sociedad internacional,
instituciones éstas que hasta el momento se mantienen en silencio cómplice ante la delicada situación que vive el país
en materia de DDHH.,Incluso, podrá engañarse ella misma y manipular a su
personal haciendo creer que defienden derechos humanos de cada uno de los
venezolanos sin discriminación alguna, pero no ha sido capaz de manipular y
engañar a los venezolanos quienes día a día somos testigos de cómo se violan
derechos humanos en nuestro país, donde los asesinatos, detenciones
arbitrarias, uso de la fuerza, torturas, violaciones a la libertad de expresión
y opinión cometidos y avalados por el Régimen de Maduro son cada día más
frecuentes, por lo que la independencia y autonomía que se jacta tener es de lo
que carece.
Zulmaire
González
zulmairegonzalez@gmail.com
@zulmaire
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