Como es del conocimiento público, el Ombudsman es una figura que fue creada en
Suecia con el propósito de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, a
comienzos del siglo XIX, aunque el cognomento se remonta a unos cuantos siglos
anteriores a esa época.
Por estos predios lo conocemos con el nombre
de Defensor del Pueblo y es el representante máximo de una institución que fue
creada en Venezuela por la Constitución de 1999.
El Ombudsman o Defensor del Pueblo fue
concebido como un actor autónomo, independiente, en su ejecutoria, del poder
ejecutivo de cualquier país.
Como es obvio, no podría representar de
manera adecuada a los ciudadanos de un país si está sometido al poder que, se
supone, deberá enfrentar a la hora de hacer valer los derechos de aquellos. Su
rol es el de vigilar y controlar la actuación de los gobiernos, supervisar las
investigaciones sobre los reclamos que se hacen a estos últimos.
Este representante ha llegado a tener tal
significación, que en bloques económicos como la Unión Europea, existe el
Defensor del Pueblo Europeo, al cual corresponde investigar los casos de mala
administración de los órganos comunitarios.
La ejecutoria de esta importante institución
en el caso de Venezuela ha sido deshonrosa e inmoral.
Quien haya hecho un seguimiento durante estos
años, de la actividad de la Defensoría del Pueblo en nuestro país, habrá podido
constatar que las intervenciones de su titular en diversas ocasiones, son
lamentables.
Hace todo lo contrario a lo que es su deber constitucional. Ha llegado incluso a colocarse de manera impúdica y desvergonzada al lado del gobierno apuntalando las opiniones de éste sobre sucesos que han tenido lugar. El ciudadano atropellado y vejado, víctima de todo tipo de arbitrariedades, el venezolano cuyos derechos básicos son desconocidos, no ha tenido en ese órgano la ayuda y el soporte necesario, sobre todo, los que se han enfrentado legítimamente al despotismo gubernamental.
Y no podía ser de otra manera en un entorno
en que el Estado ha sido colonizado por una fuerza política cuya ideología
autoritaria demencial no acepta los contrapesos propios de la democracia.
La performance de la Defensoría del Pueblo ha
sido deleznable, obscena y parcializada a favor de los gobernantes, ante
quienes se ha arrodillado. Este órgano, hoy por hoy, es parte del desguace
general de las instituciones que han adelantado los destructores de la
democracia venezolana.
En su labor sistemática de demolición de la
institucionalidad democrática y las libertades,
desde dentro, el chavismo también no sólo ha utilizado a la Defensoría
del Pueblo, para convertirla en Defensoría del Gobierno, también ha puesto a
sus pies a la Administración de Justicia y la Fiscalía General de la República.
Afortunadamente, en la comunidad
internacional, la degeneración que han experimentado estos organismos ya
comienza a ser develada. En los días que corren, en el Consejo de los Derechos
Humanos de la ONU, en Ginebra, el papelón que escenificaron la Defensora y la
Fiscal del Gobierno fue vergonzoso. Las mentiras con las que pensaban engañar a
los observadores extranjeros quedaron al descubierto, y nadie se comió “la
coba”.
Será tarea del liderazgo democrático rescatar
a esas instituciones de la podredumbre e indignidad en que las han sumergido.
Emilio
Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
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