LAS
PUGNAS POR LOS DERECHOS EN 2013
MAYORITARISMO
ABUSIVO
En
Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera declarado ganador de la elección
presidencial de abril, cuyos resultados impugnó la oposición, miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado golpearon y detuvieron arbitrariamente a
partidarios del candidato opositor Henrique Capriles, que habían organizado
actos contra el gobierno. Algunas de las personas detenidas señalaron que se
les preguntó, “¿Quién es tu presidente?”, y que recibían golpizas si no
respondían “Nicolás Maduro”. Sin embargo, los fiscales no han investigado
señalamientos creíbles sobre abusos. Cuando Capriles convocó a una manifestación
pacífica en la capital, Maduro dijo que no permitiría que esto sucediera,
prometió responder a este tipo de “fascismo” con “mano de hierro” y señaló a
Capriles como responsable de la violencia tras las elecciones. Días después de
la elección, cuando la oposición exigía un nuevo recuento, el presidente de la
Asamblea Nacional —que pertenece al partido de Maduro— se negó a conceder la palabra
a otros legisladores hasta que reconocieran la victoria de Maduro. El Ministro
de Vivienda de Maduro amenazó con despedir a cualquier empleado que criticara
al gobierno. En noviembre, por requerimiento de Maduro, miembros de su partido
sancionaron una ley que le otorga potestades sumamente amplias para gobernar
por decreto. El gobierno ha continuado intimidando y sancionando a medios que
critican sus políticas, y ha obstaculizado la labor de defensores de derechos
humanos mediante restricciones al financiamiento y la amenaza de acciones
legales.
ENERO
DE 2014 RESUMEN DE PAÍS
VENEZUELA
En
la elección presidencial de abril de 2013, celebrada a pocas semanas de la
muerte del ex Presidente Hugo Chávez, resultó vencedor por una estrecha
diferencia Nicolás Maduro, el candidato elegido personalmente por Chávez como
su sucesor, según datos de las autoridades electorales venezolanas. El Tribunal
Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral rechazaron las apelaciones
presentadas por el candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, en las
cuales impugnaba los resultados. La controversia por
los
resultados provocó una serie de marchas y contramarchas en las calles del país,
durante las cuales perdieron la vida al menos nueve personas y hubo decenas de
heridos, además de incidentes de uso excesivo de la fuerza y detenciones
arbitrarias cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.
Durante
el gobierno del Presidente Chávez, y del actual Presidente Maduro, la acumulación
de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han
permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos. Si bien
aún son muchos los venezolanos que critican al gobierno, la posibilidad de
enfrentar represalias — a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas—
ha socavado la capacidad de los jueces de pronunciarse imparcialmente en casos
con fuertes implicancias políticas, y ha obligado a periodistas y defensores de
derechos humanos a medir las posibles consecuencias de publicar información u
opiniones críticas sobre el gobierno.
En
septiembre de 2013, entró en vigor la decisión del gobierno de Venezuela de
denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual impide que
los venezolanos puedan acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
un tribunal internacional
que
ha protegido sus derechos durante décadas en un amplio espectro de casos.
El
abuso policial, las condiciones carcelarias y la impunidad en casos de abusos cometidos
por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo materia de profunda
preocupación.
VIOLENCIA
POSELECTORAL
Las
fuerzas de seguridad aplicaron un uso excesivo de la fuerza y recurrieron a detenciones
arbitrarias para dispersar manifestaciones contra el gobierno luego de las elecciones
de abril, según indicaron organizaciones locales. Por ejemplo, el Foro por la Vida,
una red de 18 organizaciones de derechos humanos venezolanas, informó que las fuerzas
de seguridad habían detenido arbitrariamente al menos a 62 personas y causado lesiones
a por lo menos 38 durante manifestaciones en el estado de Lara realizadas el 15
y 16 de abril. Los detenidos indicaron haber sido golpeados violentamente,
amenazados con sufrir violencia sexual y privados de alimentos durante más de
24 horas.
Según
información oficial, se produjeron seis manifestaciones “agresivas y violentas”
luego de las elecciones, durante las cuales resultaron heridas 35 personas, y
hubo actos de vandalismo contra 15 establecimientos de salud, cinco sedes de
partidos políticos y una sede de la Defensoría del Pueblo. Conforme indicaron
fuentes oficiales, nueve personas murieron en esa oportunidad, si bien las
circunstancias de su fallecimiento no han sido esclarecidas.
El
Presidente Maduro y otros altos funcionarios han recurrido a la amenaza de
llevar adelante investigaciones penales como herramienta política, y han
señalado a Capriles como el responsable de todos los actos de violencia
ocurridos durante las manifestaciones. La Fiscalía General de la República ha
investigado incidentes en que fueron víctimas partidarios del gobierno, pero no
ha realizado investigaciones exhaustivas de denuncias creíbles sobre abusos
cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el período posterior a
los comicios.
INDEPENDENCIA
JUDICIAL
Desde
que el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a
cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder
judicial en gran medida ha dejado de actuar como un poder independiente del
gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio
de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con
promover la agenda política del gobierno y se pronunciaron reiteradamente a
favor del gobierno, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos
humanos.
La
jueza María Lourdes Afiuni continúa procesada luego de que en 2009 dictara una sentencia
contra el gobierno. En diciembre de 2009, Afiuni fue detenida el mismo día en que
concedió la libertad condicional a un crítico del gobierno que había
permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de
corrupción. Si bien el pronunciamiento de Afiuni daba cumplimiento a una recomendación
emitida por un organismo internacional de derechos humanos —y era acorde con el
derecho venezolano— un juez provisorio que había declarado públicamente su
lealtad al Presidente Chávez dispuso su procesamiento por corrupción, abuso de
autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Afiuni permaneció más de un año
en una cárcel de mujeres donde las condiciones eran deplorables, y más de dos
años bajo arresto domiciliario. En junio de 2013, se le concedió la libertad
condicional, pero a la fecha de redacción de este informe aún continuaba sujeta
a medidas cautelares que le prohibían realizar declaraciones públicas sobre la
causa judicial.
LIBERTAD
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El
gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido en forma abusiva su potestad de
regular los medios de comunicación durante la última década. Si bien en algunos
periódicos y estaciones de radio aún es habitual que se critique enérgicamente
al gobierno, se ha evidenciado la autocensura por temor a represalias.
En
2010, la Asamblea Nacional reformó la ley de telecomunicaciones para reconocer
al gobierno la facultad de suspender o revocar licencias a medios privados
cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”. También amplió a
Internet el alcance de una ley de medios de contenido restrictivo, y permitió
la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación”.
Anteriormente, reformas al Código Penal habían ampliado el alcance y la
severidad de los delitos de difamación que penalizan las expresiones que se consideran
ofensivas para funcionarios gubernamentales de alto rango.
El
gobierno también ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad
de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno. El
canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, RCTV, que fue
arbitrariamente retirado de las señales de aire públicas en 2007, fue obligado
más tarde por el gobierno a dejar de emitir por televisión por cable.
Posteriormente
el gobierno aplicó sanciones administrativas contra Globovisión, que durante
años fue el único canal importante que mantuvo una línea crítica contra Chávez.
El órgano gubernamental que regula a los medios de comunicación inició nueve investigaciones
administrativas contra el canal. En un caso, aplicó una multa de US$ 2,1 millones
a Globovisión por haber presuntamente violado la ley de medios al difundir imágenes
de un motín que tuvo lugar en una cárcel en 2011. En abril de 2013, Globovisión
fue vendido a sectores afines al gobierno debido a que, según señaló su
propietario, se había convertido política, económica y jurídicamente inviable.
Desde entonces, redujo considerablemente su programación crítica.
El
gobierno también ha adoptado medidas arbitrarias de censura y sanción contra
otros medios de comunicación. Por ejemplo, en un caso iniciado por la
Defensoría del Pueblo, un tribunal especializado en niños, niñas y adolescentes
fijó una multa al periódico El Nacional en agosto de 2013 por haber publicado
en primera plana una fotografía que mostraba una decena de cuerpos desnudos en
la morgue de Bello Monte, en Caracas. La imagen acompañaba un artículo sobre
armas ilícitas y violencia, dos de los temas que más preocupan a la opinión
pública en Venezuela. Desde que la imagen se imprimió en 2010, el tribunal
prohibió al periódico que publicara “imágenes, informaciones y publicidad de cualquier
tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes
que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan
alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes que tienen residencias
en la República Bolivariana de Venezuela”.
En
noviembre de 2013, el órgano que regula a los medios de transmisión inició una investigación
administrativa contra ocho proveedores de Internet por haber permitido que en
sitios web se publicara información sobre el tipo de cambio extraoficial, y
amenazó con revocar su licencia si no bloqueaban inmediatamente los sitios.
Varios días después, pidió a Twitter que suspendiera cuentas vinculadas con
estos sitios web.
Defensores
de derechos humanos El gobierno venezolano ha intentado marginar a los
defensores de derechos humanos del país acusándolos reiteradamente de procurar
atentar contra la democracia venezolana con la colaboración del gobierno de
Estados Unidos. Por ejemplo, en julio de 2013, el ministro de relaciones
interiores acusó a Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental
Control Ciudadano, de ser “operadora de la CIA en Venezuela” y de llevar adelante
una “campaña psicológica” contra las políticas de seguridad del gobierno.
En
2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que
reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la
patria”. A su vez, la Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a
organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control
sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.
En
octubre de 2013, la Asamblea Nacional creó una “comisión especial” para
investigar el origen del financiamiento que reciben “oficinas u organizaciones
con fines políticos y grupos que actúan con el propósito de desestabilizar y
generar conmociones sociales y un golpe de estado para atentar contra el hilo
constitucional”.
ABUSOS
COMETIDOS POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Los
delitos violentos son muy frecuentes en Venezuela. En mayo de 2013, el
Presidente Maduro presentó el “Plan Patria Segura”, que destina 3.000 militares
a participar en operativos de seguridad pública conjuntamente con policías. El
personal militar carece de capacitación adecuada para llevar a cabo estas
tareas.
Los
asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad representan un problema
crónico. Según las estadísticas oficiales más recientes, 7.998 personas habrían
muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de
2000 y los primeros cuatro meses de 2009. En julio de 2013, militares
dispararon contra un
automóvil
en el estado de Falcón, y provocaron la muerte de la conductora y una de sus hijas
e hirieron a las otras dos. Luego de que el caso recibiera amplia difusión en
los medios, la fiscalía acusó a 10 militares por su presunta responsabilidad en
estos hechos.
No
obstante, en general prevalece la impunidad en este tipo de casos.
En
abril de 2008, el gobierno creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y aprobó
medidas para promover una actuación policial no abusiva, propuestas por una
comisión integrada por representantes del gobierno y de ONG. Hasta agosto de
2013, había 14.478 policías de la PNB que trabajaban en ocho estados.
En
junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley Especial para Prevenir
y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que
sanciona la comisión, colaboración, encubrimiento y obstrucción de la
investigación penal de estos actos. La ley, que ya entró en vigor, prevé penas
de hasta 25 años para estos delitos.
CONDICIONES
EN CENTROS DE DETENCIÓN
Las
cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina.
Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura,
sobrepoblación, falta de personal suficiente y capacitación inadecuada de
guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles.
Cada año se producen cientos de muertes violentas en estos establecimientos.
Por ejemplo, en enero de 2013, al menos 56 internos y un efectivo de la Guardia
Nacional murieron durante un enfrentamiento entre presos y miembros de esta
fuerza, luego de que las fuerzas de seguridad aplicaran la fuerza letal en el
transcurso de una requisa efectuada para buscar armas en la cárcel de Uribana,
en el estado de Lara. A causa de los sucesos, 46 internos gravemente heridos
debieron ser hospitalizados.
DERECHOS
LABORALES
Aun
subsiste el problema de la discriminación política de trabajadores en
instituciones del Estado. En abril de 2013, el Ministro de Vivienda Ricardo
Molina instó a todo el personal del ministerio que apoyara a la oposición a
renunciar a su cargo, y advirtió que despediría a quienes criticaran a Maduro,
Chávez o la “revolución”. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello recibió denuncias que afectan a cientos de trabajadores
de instituciones públicas —incluida la empresa petrolera del Estado, el servicio
de administración aduanera y tributaria y empresas de electricidad estatales— a
quienes presuntamente se amenazó con la posibilidad de perder su puesto por apoyar
a Capriles o por no haber apoyado abiertamente al gobierno tras las elecciones
en abril.
La
ley de trabajo adoptada en abril de 2012 contiene disposiciones que limitan la
plena libertad que deberían ejercer los sindicatos para redactar sus propios
estatutos y elegir a sus representantes. En la práctica, el Consejo Nacional
Electoral (CNE), un organismo público, continúa desempeñando un rol excesivo en
las elecciones sindicales. Esto resulta violatorio de los estándares
internacionales que garantizan el derecho de los trabajadores a elegir a sus
representantes con total libertad, de acuerdo con las condiciones que ellos determinen.
ACTORES
INTERNACIONALES CLAVE
El
10 de septiembre de 2013 entró en vigor la decisión del gobierno venezolano de denunciar
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los ciudadanos y residentes de
Venezuela no podrán solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha cuando no estén
disponibles recursos locales o estos no sean efectivos.
Como
miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela se ha pronunciado
en contra de que la ONU intervenga en respuesta a violaciones de derechos humanos
en lugares como Corea del Norte. Durante la sesión de septiembre de 2013 del Consejo
de Derechos Humanos, fue el único país que votó en contra de una resolución que
condenó las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población
siria.
Durante
años, el gobierno de Venezuela se ha negado a autorizar que expertos en derechos
humanos de la ONU realicen visitas de investigación al país.
En
junio 2013, Venezuela asumió la presidencia pro témpore del Mercosur, un año después
de haberse sumado al bloque regional. El Protocolo de Asunción sobre Compromiso
con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR establece
que “[l]a plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos
humanos” son indispensables para la integración regional, y que los estados partes
“cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos”.
Al no abordar la ausencia de independencia del poder judicial en Venezuela ni los
intentos del gobierno por debilitar las garantías de derechos humanos, los
demás estados miembros del Mercosur han incumplido tales compromisos.
Venezuela
apoyó una campaña de Ecuador para socavar la independencia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría
Especial sobre libertad de expresión. Si bien no lograron conseguir apoyo para
este
propósito durante la sesión de marzo de 2013 de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, ambos gobiernos, al igual que otros miembros de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), manifestaron claramente
su intención de continuar impulsando estos cambios en el futuro.
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