La decisión de Nicolás Maduro de presentar ante la Asamblea Nacional una ley habilitante ha tomado, a mi criterio, el cariz de un golpe de Estado. En su discurso de solicitud de poderes especiales planteó claramente los objetivos de esta ley al afirmar que su finalidad era combatir la corrupción desbordada en nuestra sociedad y enfrentar una supuesta guerra económica, dirigida contra nuestro pueblo por sectores de la burguesía nacional al crear una serie de distorsiones como son la especulación, el acaparamiento, el contrabando, el mercado de divisas ilegal, que bautizó como el Cadivismo, la cual busca, según él, controlar la renta petrolera. “A esa burguesía nacional parasitaria e importadora le sigue correspondiendo el 70 % del producto interno bruto, queriendo decir que la dinámica económica todavía está lejos del socialismo”.
No
es posible olvidar, ya que fue un escándalo nacional, el caso del maletín que portaba Guido
Antonini Wilson, con 800.00 dólares, enviado por nuestro gobierno para la
campaña de Cristina Fernández de
Kirchner; tampoco el escándalo que rodeó la gestión de Tobías Nóbrega y
Rafael Isea en el ministerio de Finanzas y
mucho menos el enriquecimiento indebido de Alejandro Andrade desde la
tesorería nacional. En el caso de estos dos últimos personajillos es más que
conocida su cercanía a Hugo Chávez. De todas maneras, esa no es su
principal responsabilidad. Uno de los principios fundamentales del
manejo de las finanzas públicas es el
control. De allí la importancia de la unidad del tesoro en el manejo del
presupuesto nacional. Al romperla, como lo hizo Hugo Chávez, creó la
condiciones para el saqueo nacional.
El combate a la corrupción, sin autoridad
moral, es imposible realizarla, pero aún es más difícil engañar a nuestro
pueblo con la bendita tesis de la guerra económica. Es verdad, que la campaña
de propaganda es inmensa, pero el tiempo le hará ver a los venezolanos que el
colapso nacional se origina en la equivocada orientación política y económica que tiene este régimen. Todos
recordamos como Hugo Chávez fue destruyendo el aparato productivo nacional con
las absurdas expropiaciones. Sus consecuencias están a la vista: creó una
economía de puerto que lo único que generó fue empleo en otros países. Las
importaciones exigen divisas. Dolorosamente, cada día hay menos. La destrucción
de PDVSA no permite generarlas. También hay que recordar el despilfarro y la
corrupción.
Lo
más delicado del discurso de Nicolás Maduro es su intención de utilizar la ley
habilitante para destruir el sistema capitalista vigente en nuestro país con la
finalidad de establecer un régimen socialista.
Esta acción exigiría una reforma constitucional, aprobada popularmente
mediante un referendo aprobatorio. Eso es muy difícil lograrlo, ya que en
Venezuela más del 80 % de la población rechaza ese sistema económico porque
conoce perfectamente las tragedias de la Unión Soviética y de Cuba. Tratar de
imponer esa reforma mediante la ley habilitante no sólo es inconstitucional,
sino que abriría una crisis social y política de tal magnitud que podría
comprometer las bases de sustentación de su gobierno. Maduro debe recordar que su legitimidad de
origen es muy débil y que más de la mitad del país rechaza su liderazgo.
En algunos de mis
artículos anteriores sostuve que en Venezuela los golpes de Estado se han
producido por errores de la camarilla gobernante y no por acciones de la
oposición. Ese axioma ha sido una constante en toda nuestra historia durante el siglo XX. Venezuela
se encamina hacia una crisis de consecuencias impredecibles. De manera
inexplicable, el gobierno siembra el odio y la incertidumbre. Sorprendentemente,
Nelson Merentes fue reemplazado por Rafael Ramírez en la vicepresidencia del
área económica. Ya destruyó a PDVSA. Ahora, lo hará con Venezuela. El Alto
Mando Militar aplaudió con mucha fuerza el discurso de Maduro. Establecer el
socialismo a raja tabla es inconstitucional. Recuerden que una de las
obligaciones fundamentales de la Fuerza Armada es respetar y hacer respetar la
constitución nacional…
@FOchoaAntich.
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