El autoritario militarista y
corrupto régimen que orientado por la dictadura Castro-Comunismo de Cuba nos desgobierna, desde el martes 10, pregona
que ya no tiene “obligación de responder
por violaciones que cometa contra sus ciudadanos”, ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CorteIDH). Ese día formalizó
retiro de este Tribunal.
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Tal decisión infractora de la Carta Magna, fue en rechazo a sentencia que declaró al Estado culpable de violación del derecho a integridad física, y por
tratos inhumanos durante la detención en
2004 de Raúl Díaz Peña,
acusado de terrorista por el régimen. Previamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
había determinado esas agresiones.
Cuando anunció su auto
exclusión, la CorteIDH había dictado 17 sentencias (9 entre 2006 y 2011). Entre ellas figura la de sucesivos
asesinatos de diez miembros de la familia Barrios, por la Policía en la
población de Guanayán, del Sur de Aragua. La impunidad protege a los criminales
que andan libres y quienes quedan de la humilde familia siguen corriendo
riesgo.
Según El Nacional, se establecieron indemnizaciones
por $ 9.771.998,95 en beneficio de 268 víctimas.
También el máximo Tribunal ha dictado medidas cautelares
que el régimen ha desacatado. Reseña del periodista Edgar López en el
citado diario, informa que por incumplimiento de últimas medidas a favor
de reclusos de centros penitenciarios, hasta
junio 2013, un total de 911 presos han muerto y 1.872 heridos.
Pendientes están la audiencia oral y pública del caso Marcel Granier, de la clausurada
Radio Caracas Tv; y fallo del constitucionalista Allan Brewer Carías, acusado
de conspirador.
En el “proceso revolucionario” unas
cien denuncias son atendidas por CIDH, que tiene a Venezuela en lista negra
y ha dictado 30 medidas cautelares,
algunas parcialmente acatadas.
A inicios de este mes recibió
respectivas demandas interpuestas por abogado Adolfo Márquez López, contra sumisosTribunal
Supremo de Justicia y Consejo Electoral, a los cuales se imputa violación del
debido proceso, el primero; y proclamación del deslegitimado Nicolás Maduro,
sin exigirle partida que pruebe que es venezolano por nacimiento y sin otra
nacionalidad, el otro.
Examen Periódico Universal de la
ONU hizo 148 recomendaciones, entre las aceptadas destacan la disposición a
ratificar pactos internacionales.
Al mes del aviso de abandono de Corte IDH, el régimen aceptó integrar
y dice
que presidirá el Consejo de Derechos Humanos de ONU, institución para la cual el
retiro puede tener impacto muy negativo en situación de derechos
fundamentales.
Pero
invocando al difunto comandante rechaza reconsiderar aislamiento de la
que junto con CIDH califica de "brazo
del imperio para agredir".
"¿Pa'
qué? No vale la pena, es una mafia lo que hay ahí".
No obstante la deplorable
posición adoptada, cierto es que legalmente
la Corte-IDH, sigue procesando casos interpuestos contra el Estado, sin que este
pueda evadir responsabilidad.
NOTA AL MARGEN: hacer mutis sobre la nacionalidad de Nicolás
Maduro, es consolidar el mando del Castrismo Cubano en nuestro país.
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