La economía
venezolana danza a partir de esta semana al ritmo del goteo inevitable del
Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), una especie de
hermano menor de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y que ha emergido de los entretelones del decenario
control de cambio, en procura del sedante tranquilizador de quienes trabajan
por el país y para el país, pero cuyos negocios, sencillamente, ya no corren a
la velocidad de diseños estratégicos iniciales de sus gerentes y accionistas,
sino de la voluntad de quienes están al frente de la administración del Estado.
La inevitabilidad,
desde luego, está relacionada con la máxima colectiva de que “es lo que hay”,
por lo que es a eso a lo que hay someterse, porque así lo dispusieron los
mismos que trajeron al país a este presente; a esta actualidad inmersa en la
incertidumbre, en la duda permanente con respecto a la garantía de que “dólares
hay”, aunque las cuentas no oficiales de la disponibilidad “no dan”.
Tan cierta es esta
cosecha de suspicacias, que ya se ha escuchado decir de parte de algunos de los
que participaron en la primera batida de la subasta, lo que jamás pensaron que
se verían obligados a decirlo públicamente: “no participaremos nuevamente”.
Todavía se desconocen
las opiniones sobre esas dudas, de parte de los llamados arquitectos del
Sistema, luego de esa apreciación de quienes se sienten decepcionados con lo
que sucedió. Y si bien ya los responsables de éste y de otros cargos públicos
han acostumbrado a la ciudadanía, en cuanto a que las apreciaciones críticas de
los administrados pudieran estar hermanadas –o dirigidas- a alimentar zozobras,
por lo que son huérfanas de legitimidad, no menos cierto es que en esta jugada
pareciera ser que los roles afectivos o despectivos no necesariamente son
aceptables en silencio. Porque después de haberse tenido que someter a la
penuria de más de diez meses, mientras CADIVI daba señales de eficiencia o de
alguna ligera utilidad funcional, sin que las respuestas no pasaran de promesas
para el mediano plazo, depender ahora de otra fórmula para que las necesarias
respuestas positivas no se manifiesten, bien vale la pena disentir del llamado
a la complicidad silenciosa.
Desde luego,
reconocimiento sincero del empresariado serio merecen aquellos que se han
atrevido a hablar públicamente sobre el caso, sin ocultar nombres y apellidos,
y precisando que lo que les mueve a decirlo de esa manera, es porque confían en
el que el Sistema puede funcionar y que las verdaderas empresas también
pudieran favorecerse del mismo, porque ellas lo requieren, pero mucho más la
economía en su conjunto.
Cuando apenas se ha
celebrado la primera subasta de la nueva etapa del SICAD, es verdad, lo dicho
como acusación contra la ausencia de transparencia, se pudiera considerar que
hay un injustificado apresuramiento en la armazón de cuestionamientos a lo que
pudiera suceder con los nuevos actos relacionados con dicho procedimiento.
Sin embargo, bajo el
mismo esquema de observaciones, tampoco hay razones para alimentar tanta fe en
lo positivo que pudiera estar sucediendo con la economía a lo largo de los
venideros cinco meses que le restan al 2013, porque no es posible recomponer tantos
entuertos operativos y administrativos sin la suficiencia de recursos
imprescindibles para hacerlo posible, y mucho menos sin tomar en consideración
que, guste o no, sin empresas privadas activadas y en plena capacidad
productiva de bienes y servicios, ya no es posible moverse en una economía en
crecimiento.
Con excepción de las
afirmaciones de que no es cierto que la economía está inmersa en un proceso de
estanflación, la seguridad con la que desde el más alto nivel gubernamental se
asegura que la economía cerrará el año en curso con un crecimiento oscilante
entre un 2 y 3%, no luce convincente, ni mucho menos serio.
Insistir, además, en que la inflación comenzará a perder fuerza
a partir de la presencia en el Gobierno de Eduardo Samán al frente del Indepabis,
por otra parte, equivale a la atrevida -cuando no ignorante- convicción de que
las economías de los países en donde la inflación es una enfermedad económica
desconocida, es por la presencia eficiente y efectiva del empleo de modalidades
represivas para impedir que el mercado funcione y los consumidores carezcan de
racionalidad decisoria, porque conforman agrupaciones sociales llenas de bobos.
Y eso no es cierto.
Desde luego, queda el recurso del empleo
“apropiado y conveniente” del instrumento de la graficada estadística, para
aplacar dudas y avivar confianza en la verdad que siempre se sabrá armar desde
las altas instancias gubernamentales, para el momento cuando se hace
imprescindible apelar a la exaltación de las recuperaciones que se tienen que
mercadear antes de que llegue el momento del último proceso comicial del 2013,
si es que se realiza.
No obstante, también hay un aprendizaje en la sociedad, lo
suficientemente bien arraigado, como
para suponer que habrá un asentimiento sumiso ante el hecho, por lo demás,
absolutamente inconveniente hasta para el mismo Gobierno que, a diario, dentro
y fuera del país, todavía necesita seguir insistiendo en la construcción de
credibilidad en su origen y en su desempeño, ya que una parte importante de los
venezolanos insiste en desconocerle por su orfandad de legitimidad.
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