Seis meses después de iniciados los diálogos
de paz en La Habana, el presidente Santos lanza señales de humo blanco sobre la
existencia de acuerdos en materia de política agraria, punto inicial de la
Agenda de cinco estipulados para negociar la paz. Esto lleva a suponer que
ahora entrarán a considerar el segundo, relativo a la participación en política
por parte de la guerrilla fariana. Desde ya se insinúa que sobre este tema se
abrirá una muy intensa e interesante polémica.
Lo que está de por medio es si el gobierno
accede a abrirle juego a la guerrilla para que participe en las próximas elecciones
para congreso y presidente, y en caso de ser positiva la respuesta, ¿en qué
condiciones y quiénes podrían aspirar a cargos de representación popular?, ¿qué
pasará con los comandantes incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de
guerra?, ¿cuál será el destino de las armas de los guerrilleros?, ¿las dejan,
las entregan? Sin desmovilización ¿no es otra forma de combinar todas las
formas de lucha y una afrenta a sus víctimas?
Ya desde ciertos ámbitos de la izquierda se
les hacen ofertas insinuantes que denotan la disposición a hacer política con
ellos sin tomarse la molestia de responder los interrogantes planteados. La
Marcha Patriótica parece ser una primera avanzada, un globo de ensayo para
medir qué tanto rechazo, tolerancia o aceptación hay entre la opinión pública.
En el Polo Democrático también se han escuchado voces a favor. Un connotado
dirigente de la izquierda democrática y de ONGs, Pedro Santana, va más lejos al
proponer una alianza estratégica: “Las fuerzas democráticas y el mismo Gobierno
así como la guerrilla, deberían entender que ese Congreso tendrá funciones
constituyentes muy importantes y por tanto debería ser una elección en la cual
los amigos y aliados de la Paz deberían buscar ganar la mayor cantidad de
curules en contra de los enemigos de la paz”. (Semanario Virtual Caja de
Herramientas 16/03/13).
Eso significa que hay indulgencia, omisión,
tolerancia o justificación respecto a las graves infracciones cometidas por
dicha guerrilla y sus jefes contra los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario. Se piensa pero no se reconoce que la paz así se obtendrá al precio de una gran
impunidad.
La discusión sobre participación política se
realizará en condiciones sumamente desfavorables para el gobierno. Primero por
su declaración de partida: "no se les puede pedir a las Farc que se
arrodillen, se rindan y entreguen las armas”
(CNN 28/09/2012). Segundo, por la
evidente y sistemática caída de su imagen de favorabilidad que a su vez afecta
su proyectada reelección y, tercero, por la creciente desconfianza de la
opinión pública frente a los resultados del proceso, que convierten al
presidente en prisionero de las Farc.
Al hacer girar las negociaciones en torno a
intereses electorales se pierde todo el sentido de nación que hayan podido
tener al comienzo. Los delegados de la guerrilla han echado por tierra la
afirmación de Santos en el sentido de que no se está negociando la Agenda
Nacional. Las Farc aprovechan las ruedas de prensa para ventilar propuesta de
toda clase. Sin duda cobrarán un precio muy alto a cambio de la firma, no de un
tratado de paz, sino de un armisticio o tregua supervisada por organismos
internacionales, que supone la creación de condiciones políticas y jurídicas
excepcionales para que puedan intervenir en la próxima coyuntura electoral.
No habrá compromisos de dejación ni mucho
menos de entrega de armas. Tampoco aceptarán concentrarse en una zona de
transición. Es lo que se deduce de declaraciones de sus jefes en La Habana: “ya
tenemos claro que no habrá desmovilización…” y sobre la reinserción, la
respuesta es “Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la
sociedad?” (El Colombiano 12/11/2012).En otra ocasión: “el vocero de las Farc
afirmó que Las Farc no están en proceso de negociación, pues nada tenemos que
entregar”. (Caracol.com 21/12/2012).
El obstáculo principal en el punto de
participación política es la posición que han esbozado desde el comienzo en el
sentido de que si no hay convocatoria de una Constituyente no habrá paz: “Independientemente
de que el Gobierno quiera o no constituyente, definitivamente no hay otro
camino para alcanzar un verdadero pacto de paz”. (Elespectador.com 31/01/2013).
Refrendado por Andrés París el viernes 15 de marzo con carácter de
“inamovible”. Ya hasta tildaron de enemigos de la paz a los ministros de
Defensa y de Agricultura imitando al presidente Santos, al minInterior y a
columnistas que graduaron de enemigos de la paz a varios críticos del proceso.
Que las Farc hayan asumido la iniciativa en
las negociaciones no tiene que ver con un cambio en la correlación militar de
fuerzas. La explicación de este exabrupto tiene que ver con la actitud
entreguista y defensiva de caracterizados voceros gubernamentales y de la
dirigencia política. Recordemos algunas declaraciones: “si esto no funciona al
país no le va a costar nada” dijo Santos. Roy Barreras nos dejó pensativos con
una frase cantinflesca “un Gobierno es capaz de hacer la paz si eventualmente
es capaz de no hacerla”. El que sembró fuertes dudas sobre su ubicación
política fue el congresista liberal Guillermo Rivera: “Tiene razón Iván Márquez
cuando sugiere que en Colombia no habrá paz mientras no se superen las
profundas desigualdades que existen…” (Eltiempo.com 14/11/12). El hermano del
presidente se fue de lengua: “El problema no es el secuestro, sino "el
ritmo" de los diálogos” (Elespectador.com, 30/01/2013).
Por las esferas de las izquierdas y los
progres causa desconcierto la ausencia de crítica a las exageradas pretensiones
de las Farc y a sus acciones de terror. No se observa una razonable crítica de
las armas y un contundente balance negativo de la lucha armada. Florece en
cambio la tesis estructuralista sobre las “causas objetivas” del “levantamiento
armado” del que se deriva el dogma: sin justicia social no habrá paz, lo que
significa entregarles a las guerrillas la bandera de las reformas.
Darío Acevedo Carmona, Medellín, 17 de marzo
de 2013
rdaceved@gmail.com
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