Recientemente,
tuvimos la fortuna de escuchar una entrevista radial al Profesor Carlos Machado
Allison, experto en agro-negocios y, sin duda alguna, uno de los académicos
venezolanos de mayor prestigio por sus vastos conocimientos en la materia, como
por su invalorable empeño en formular propuestas casi salvadoras de la
producción agrícola y pecuaria del país.
Desde
luego, como ha venido sucediendo durante los últimos años con las sugerencias y
recomendaciones que han hecho valores
venezolanos como este Profesor del IESA, y muchos otros cuyos nombres jamás
desaparecerán del mundo del conocimiento teórico y aplicado de lo que significa
labrar la tierra en Venezuela y hacerla producir eficientemente, es muy
probable que lo dicho en esa conversación pública por el señor Machado Allison,
tampoco haya significado algo de mayor importancia para cualquier burócrata
sectorial que lo haya podido escuchar.
Sin
embargo -y de ello estamos plenamente convencidos- lo que ese funcionario de
marras nunca podrá tirar al basurero, es haber escuchado de dicho investigador
es el peso que tiene en el país la protección del llamado “Plato-Voto” para
darle sentido y valor a lo que, pomposamente, denominan seguridad alimentaria
desde las más conspicuas instancias oficialistas.
Tan
importante es ese “instrumento” de altísimo valor político-electoral, que
solamente en el 2012 se traducirá en el uso, aproximadamente, de 7.000 (siete mil) millones de dólares para
poder llenar los anaqueles de alimentos importados, por aquello de que, como
también lo manifestara en otra entrevista periodística el flamante Ministro de
la Alimentación, señor Carlos 0sorio, no importa de dónde venga, ni cuánto cueste:
lo relevante, importante, valioso, útil, es que cada venezolano pueda acceder a
los alimentos que necesita para satisfacer una necesidad.
Desde
luego, bajo el concepto ministerial, su razonamiento es incuestionable. Por el
contrario, es loable que así sea. Pero lo que no resulta totalmente digno de un
respaldo en silencio –o a grito rabioso- es que el país se vea obligado a
destinar semejante cantidad de fondos públicos –adicionalmente subsidiados-
para adquirir alimentos en los mercados internacionales al precio que sea,
cuando aquí los controles de precios y de cambio, la inoperancia de Agropatria,
el selectivismo financiero público, la arremetida sistemática contra el derecho
de propiedad, la iniciativa privada, y hasta los cambios climáticos con sus incidencias
en la salud vial y el sistema de transporte, amén de las invasiones y las
gubernamentales “recuperaciones” de terrenos productivos, prácticamente están
convirtiendo al campo venezolano en un cementerio de esperanzas, de sueños y de
ganas de producir.
¿Cuántos
venezolanos quedan hoy en el campo y dispuestos a seguir produciendo, cuando
para las autoridades responsables de impedir que así suceda, optan con mayor
facilidad a autorizar una compra internacional de todos los alimentos “que sean
necesarios”, antes que impedir el éxodo rural y convertir la producción de
alimentos en una causa común entre el Gobierno y la empresa privada?.
Si
el máximo objetivo de individualidades gubernamentales es ganar simpatías
populares y electorales a partir de la oferta de un plato de alimentos, ¿por
qué descartar la posibilidad de que ese mismo plato –y hasta con el mismo
exquisito propósito- se garantice a partir de una masiva producción de
alimentos sobre el suelo venezolano, procesado por una agroindustria que garantice un bien final
de calidad y sin tener que depender, por otra parte, de la “buena fe” de otro
funcionario para que le permita producir el alimento sin el condicionamiento de
la fijación de un precio por la fuerza, y no con base en la calificación objetiva
y seriamente profesional del factor costo?.
Aquí
no se trata de desestimar el rol que debe cumplir el Estado, para que cada
venezolano, en efecto, como lo precisa la Constitución, ejerza su derecho a la
alimentación. Tampoco de exigir privilegios para que los particulares en su rol
de productores, procesadores, comercializadores y financistas, impongan, a su
mejor saber y entender, lo que haya qué hacer para que los consumidores
terminen convirtiéndose en los pagadores de asimetrías productivas y valores de
transacción irracionales.
Pero
sí de que, definitivamente, Venezuela, el petroestado de la arrogante capacidad
de dispendios a mayor velocidad que su propia eficiencia para producir un
kilogramo de arroz o importar una
necesaria TM de trigo, tiene que detener su carrera financista de los agricultores
de “cualquier parte del mundo”. Sobre todo,
cuando los productores venezolanos, los mismos que también son
calificados y cuantificados como artículos electorales a precio de oro puro,
día a día, ven más lejana de ser alguna vez fuerza competitiva internacional,
al apreciar el desfile de barcos cargados con comida que hacen “cola” para
descargar en Puerto Cabello y el Puerto de La Guaira.
Desde
luego, es muy probable que el reingreso del señor Juan Carlos Loyo a la
titularidad del Ministerio de Agricultura y Tierras, pueda convertirse en la
antítesis de lo que se promueve libremente desde las máximas posiciones de
mando su colega del Ministerio de la
Alimentación, una vez que la suprema autoridad del Poder Ejecutivo ha amenazado
con gobernar usando “puños de hierro”, para acabar con la ineficiencia ¿y la
corrupción?. No obstante, queda una inmensa duda sobre la sinceridad amparadora
de dicha garantía: ¿será después del 16 de diciembre?, ¿después de abril del
2013?. ¿0 será después de cuándo?.
Hasta
que aparezca la respuesta, por lo pronto, hay que abundar en más reflexiones
acerca de en qué más es aplicable la figura del “Plato-Voto”. ¿0 es que también
es útil para todo lo demás, incluso para la obligación de no atrevernos a
entrar con urgencia en el campo de la autocrítica, como una manera de no
multiplicar la identidad de los beneficiarios?.
egildolujan@gmail.com
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