Ahora que los venezolanos nos
dirigimos a otro proceso comicial, esta vez a las elecciones de gobernadores,
resulta oportuno referirse a un tema capital: la descentralización
político-administrativa, principio constitucional absurdamente violentado por
el gobierno nacional.
En el mundo contemporáneo, es una
fórmula de gobierno que está fuera de discusión, al menos en los estados
modernos. Sus incontables ventajas son evidentes, de allí que sea incomprensible
que algunos gobernantes, muy pocos, por cierto, hagan lo contrario, es decir,
reúnan en ellos todas las competencias, atribuciones y fuentes de
financiamiento, causando con ello enormes estropicios en términos de eficiencia
administrativa.
Los Estados que persiguen el éxito de
sus sociedades y la eficacia en sus ejecutorias, necesariamente deben
descongestionar funciones en unidades políticas-territoriales de menor tamaño,
más cercanas a los ciudadanos, que hagan manejables los asuntos de su incumbencia.
La experiencia mundial lo ha indicado
así. La desconcentración y la descentralización son las mejores vías para un
aparato estatal que busque cumplir adecuadamente con el rol social que le
corresponde, como proveedor de servicios de salud, educación y seguridad,
principalmente. Desde los aberrantes sistemas políticos colectivistas que
conocimos el siglo anterior, pasando por los estados intervencionistas, hasta
los casos en que no existe prácticamente institución alguna, no ha habido
sistema superior al de la administración gubernamental descentralizada.
El Banco Mundial, en un importante
estudio que hizo a mediados de los años noventa del siglo pasado, concluía que
la reforma de las instituciones estatales debe contemplar la descentralización,
pues ésta es una tendencia positiva en el grave asunto del suministro de los
bienes públicos.
En ése trabajo titulado “El Estado
en un mundo en transformación” (Informe sobre el desarrollo mundial, 1997),
el Banco Mundial, cuando nos habla de acercar el Estado a la sociedad, nos
plantea precisamente la fórmula de la distribución del poder y de los recursos
estatales. Así, afirma: “La descentralización brinda la posibilidad de
adaptar con mayor precisión los servicios públicos a las demandas y
preferencias locales y de instaurar, desde abajo, un sistema de gobierno más
atento y responsable”.
Aun cuando dicha institución alerta
sobre algunos inconvenientes políticos o financieros que puede haber en la
descentralización en algunos contextos sociales, no vacila en señalar que en
cualquier caso siempre el balance de esta política es positivo.
En nuestro país, la experiencia que
se tuvo, sin duda, fue satisfactoria, desde todo punto de vista, y a pesar de
que aún era necesaria la profundización de políticas descentralizadoras.
En lo político, el logro fue
trascendental. La elección de gobernadores y alcaldes por los ciudadanos de
cada región o localidad ha sido, sin duda, la verdadera revolución política de
los últimos tiempos en nuestro país. Esta posibilidad de accountability (rendición
de cuentas) más cercana al ciudadano es un gran avance político y civilizatorio
de naturaleza democrática. El federalismo contemplado en nuestras
constituciones fue reconocido y realzado por los dispositivos legales
descentralizadores que fueron sancionados en las décadas últimas del siglo
anterior.
De este modo, los ciudadanos han
tenido más visibles y accesibles a sus gobernantes. Y en cuanto a ciertas
necesidades de servicios básicos han dejado de depender directamente del centro
de poder ubicado en la capital de la República.
Con este entramado institucional, las
reivindicaciones de provincia y locales se potenciaron, obligando a las
instancias responsables a mejorar en sus respuestas, aumentando su capacidad y
la calidad de los servicios. Incluso, la sana competencia entre gobernaciones y
alcaldías por brindar más y mejores bienes públicos a sus ciudadanos, ha tenido
un efecto positivo para éstos.
Hoy resulta un absurdo político,
administrativo y práctico pretender que todo se resuelva desde una oficina
ministerial ubicada en Caracas. Es un anacronismo seguir pensando que las
colectividades regionales y locales no están en capacidad de resolver sus
propios problemas. Obviamente, para ello requieren de los instrumentos legales
y financieros que les permitan realizar cabalmente la tarea.
Por otro lado, debe quedar claro que
son sólo las instituciones gubernamentales debidamente constituidas y provistas
de los técnicos y profesionales necesarios, las que deben asumir ese rol
político-administrativo, y no fantasiosas organizaciones de masas,
incontrolables y/o anárquicas, frente a las cuales no se tienen, por
imposibles, mecanismos efectivos de vigilancia, evaluación y supervisión,
propios de todo ente estatal.
El federalismo y la descentralización
que conlleva es la mejor vía para la perfección de la democracia política y un
desarrollo económico equilibrado. Pero también, bien estructurada y ejecutada,
es la solución más expedita, eficaz y menos costosa para los problemas de la
gente en punto a los servicios públicos. Oponerse o suprimir la
descentralización, tal y como lo ha hecho el gobierno actual, es colocarse a
espaldas de las corrientes modernas globales de transformación del aparato
estatal.
Las elecciones de diciembre próximo
son una inmejorable oportunidad para reafirmar nuestra voluntad de aspirar a un
país mejor gobernado, con una administración regional más eficaz en la solución
de sus problemas y cercana a los gobernados.
@ENouelV
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