Alerta del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia: policía boliviana repele violentamente vigilia pacífica convocada por indígenas.
Julio de 2012
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia se une al Observatorio de Género en solidaridad con los y las marchistas indígenas y de la sociedad civil boliviana cuya vigilia pacífica por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) han sido intervenidas violentamente por parte de las fuerzas policiales bolivianas.
Los manifestantes, ubicados en una vigilia cerca de sede de gobierno y en medio de lo que denominan la IX Marcha Indígena a favor del TIPNIS, han sido vulnerados por efectivos policiales quienes repelieron la vigilia con granadas de gases lacrimógenos, chorros de agua y tratos inhumanos contra mujeres, hombres, niñas y niños.
El proyecto vial que desea construir el gobierno, atravesaría el territorio indígena que posee una extensión aproximada de 1.236.296 hectáreas y que fue declarado territorio indígena en 1990. La carretera, cuyo valor asciende los US$ 442 millones y sería construida por la empresa Brasilera OAS, amenazaría gravemente la flora y fauna del territorio, los recursos hídricos presentes y atacaría directamente a las poblaciones indígenas que habitan en el lugar. Es por ello, que las organizaciones y mesas indígenas y campesinas se han unido para elevar la voz al gobierno desde hace casi un año.
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos, integrada por más de 450 organizaciones entre ellas plataformas y organizaciones indígenas de la región, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD):
- Se une al Observatorio de Género: Coordinadora de la Mujer y se solidariza con las organizaciones indígenas y ciudadanas que participaron activa y pacíficamente en la IX Marcha Indígena por la defensa de los territorios indígenas bolivianos y el respeto de sus derechos humanos.
- Repudia el uso de la fuerza policiaca abusiva e ilegítima sobre manifestantes pacíficos, lo cual constituye una clara violación de los derechos civiles y políticos de la población boliviana.
- Insta al gobierno del Presidente Evo Morales a respetar la figura del manifestante pacífico, derecho inalienable para todo ciudadano de una democracia real.
- Urge al gobierno boliviano para que respete los derechos de los pueblos indígenas y desista de sus pretensiones de construir una carretera en medio de una población indígena vulnerable en donde además existen ecosistemas protegidos por leyes ambientales preexistentes en el país.
- Rechaza la criminalización de la protesta pacífica, la desacreditación y hostigamiento de la demanda social y la reivindicación de derechos.
- Hace un llamado al diálogo, al cese del uso de la fuerza bruta contra los y las marchistas pacíficos y el respeto de los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas representados y cuyos derechos están siendo violentados.
- Solicita el Respeto a los acuerdos logrados la mesa de negociación de fechas pasadas, acordada por el gobierno y más de 45 organizaciones indígenas, así mismo, se convoca a retomar y revisar el cumplimento de estos acuerdos.
- Exige al gobierno el respeto de los derechos ambientales estipulados en la Declaración Universal de Derecho Indígenas por parte de la ONU, en el acuerdo 169 de la OIT, así como de la OMPI (Declaración Mundial de la Propiedad Intelectual que incluye conocimientos tradicionales, recursos genéticos y expresiones culturales tradicionales) y los Convenios Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
- Exigencia el reconocimiento a los Pueblos Indígenas como Sujetos de Derechos para el uso y manejo de su Territorio y el respeto a la vida de cualquier ser humano.
- Se solidariza con la lucha de los pueblos indígenas de las Américas en defensa de sus tierras ancestrales y la protección del medio ambiente, exige respeto a los gobiernos, cuerpos de seguridad y empresas privadas a los derechos inalienables de los pueblos y comunidades indígenas, así como exige la protección inmediata contra la violencia de gobiernos, empresas y grupos irregulares.
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