Ha mencionado el
candidato de la unidad democrática el trabajo que se adelanta en vistas a una
ley de transición que, según entiendo, estaría destinada a impedir que la
"administración" (es un decir) saliente pueda comprometer recursos
financieros de forma arbitraria durante ese interregno que va desde las
elecciones hasta la toma de posesión del nuevo presidente. Período
excesivamente largo y para cuya gestión no hay en verdad previsión alguna, por
lo inédito del proceso. Perdón: sí la hay en el sentido constitucional, porque
evidentemente la Constitución supone que la instalación de un nuevo gobierno no
debería causar mayor alteración de la gobernabilidad, pues en ella se pauta, en
efecto, un régimen irrevocablemente alternativo, según el artículo 6.
No conozco los detalles del proyecto, pero lo importante es su
intención política: poner en la conciencia pública no sólo que el cambio viene
sino que hay voluntad para hacerlo respetar.
Se apunta con ello a diluir la ruda estrategia del régimen,
tejida de amenazas abiertas y veladas acerca del caos que seguiría a su derrota
en las elecciones.
Sin desestimarlas, sin trivializar o disminuir el impacto de la
táctica "ejemplarizante", propia de las dictaduras del siglo XXI (que
ya no recurren a la represión abierta y generalizada, sino a esbirros togados
que seleccionan cuidadosamente casos emblemáticos como el de Globovisión, los
procesos judiciales de presos políticos y el acoso a personas que incomodan con
su rectitud), conviene también ponerlas en la justa perspectiva: hay que darle
respuestas políticas que hagan visible la voluntad de enfrentar cualquier clase
de violencia "transicional", y eso mismo contribuye a disminuir la
probabilidad de que ocurra, porque aumenta el costo político de provocarla.
También se está poniendo de bulto que no es un simple cambio de
gobierno el que se avecina, porque hay un compromiso con la restitución de la
democracia y de la vigencia de las garantías constitucionales, obvia y
deliberadamente violadas durante los últimos años. Sin embargo, es difícil
calificar como "transición" regimental lo que probablemente
acontecerá.
La experiencia reciente en el mundo no es tan clara como para
crear un criterio definitivo. Una serie de países, hace veinte años, transitó
desde regímenes autocráticos, tanto comunistas como anticomunistas, hacia
democracias liberales. Quedaron experiencias diversas: las de Europa oriental,
las latinoamericanas, la sudafricana. Cada nación buscó la manera de castigar
los delitos de los regímenes salientes, dentro del difícil contexto de asegurar
la gobernabilidad de los nuevos y considerando, al mismo tiempo, a las
víctimas. Hay abundancia de reflexión sobre esta justicia transicional (es de
rigor el libro de Jon Elster, Rendición de cuentas. Justicia transicional en
perspectiva histórica, Buenos Aires, Katz, 2006).
Pero también, en los últimos años ha ocurrido el fenómeno
contrario: se han producido regresiones democráticas, en esa forma ominosa que
algunos llaman democracias "iliberales", formas plebiscitarias o
populismos autocráticos, de las que Venezuela no es el único ejemplo, desde
luego. Ya lo difuso de la taxonomía indica lo intrincado de la cuestión que
aparece, claramente, asociada a un desgaste, digamos universal, del rendimiento
de la democracia en comparación con la promesa que contiene.
¿La restitución de la democracia y de la Constitución implica un
nuevo régimen, considerando que formalmente ellas siguen vigentes, aunque
impotentizadas y violadas por un entramado de decretos, leyes, instituciones
paralelas y arbitrariedades? No es un asunto académico que se resuelve en el
papel. Quizás es más bien la oportunidad para marcar la diferencia y afirmar
los valores democráticos como intangibles que no se relativizan ni se funden al
calor de un alza de precios petroleros o del delirio carismático.
@cocap
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