PACIANO JOSÉ PADRÓN VALLADARES, ESTADO DEPRAVADO

El que hoy tenemos es un despropósito, un Estado depravado como lo evidencia una vez más Aponte Aponte, coronel y magistrado (así, con minúscula). Si el hombre es libre -tal como lo es por derecho propio- lo único que justifica la existencia del Estado y su fuerza coercitiva es garantizar los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. 

El Estado no existe para servirse a sí mismo, sino para servir a los hombres y garantizar la igualdad, para que nadie abuse en detrimento de sus congéneres, para hacer justicia, no para someter, humillar, cercenar las libertades y conculcar los derechos. El artículo 3 de la Constitución reza “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona”. El Estado depravado que hoy tenemos en Venezuela no es el que la Constitución consagra.

Lo mejor que han tenido las deplorables declaraciones del coronel magistrado es que -aun si decir nada que no supiéramos- nos golpea violentamente, nos da una bofetada que despierta (y es muy importante que despertemos) al poner de bulto sobre el tapete, de un solo golpe, las verdades de un régimen sometido a la voluntad de un solo hombre, del cual todo depende: él legisla, él gobierna, él mueve el brazo de la justicia.  Nada ocurre bajo el cielo de Venezuela si no ha recibido su visto bueno; de lo contrario, su furia se disparará contra quien será llenado de epítetos que bien conocemos.

Montesquieu -de los primeros en resaltar la imperiosa necesidad de la separación de poderes- escribe en el siglo XVIII: “Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona, entonces no hay libertad, porque es de temer que hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder Judicial no está separado del poder Legislativo y del Ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el Estado en que un hombre solo administrase los tres poderes, todo se perdería enteramente”. Exactamente lo que hoy ocurre en Venezuela, ¿o no?

El militar magistrado confiesa que hay presos políticos y que las sentencias son dictadas desde Miraflores, a través del despacho del Vicepresidente; desenmascara sentencias tomadas “desde arriba” y menciona casos concretos, los paracachitos, el diputado Mazuco y la juez Afiuni, entre otros; divulga que el nuestro es hoy un narco-Estado dominado por el “Cartel de los Soles”, corriendo el velo que muestra narco-complicidad de militares, jueces y altos funcionarios.

Que todos los funcionarios tengan en cuenta que constitucionalmente “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley”, de modo que el que “la orden vino de arriba” no exculpa al transgresor”.

Que los jueces recuerden el 254, artículo constitucional que establece la independencia del Poder Judicial, al que se le garantiza “autonomía funcional, financiera y administrativa”; que no olviden los jueces y magistrados que “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones… no podrán llevar a cabo activismo político partidista, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función”, ni siquiera “podrán asociarse entre sí”. Todo esto evidencia la aberración confesada por el militar-magistrado.

El Estado depravado debe abrir puertas al Estado promotor, al que la Constitución estipula “como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad”. Pa’llá vamos, hay un camino.

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