En la Venezuela de hoy, observamos un Estado rico con una estructura
económica disminuida y altamente obsoleta; realidad que induce un crecimiento
económico con débil generación de empleo de calidad, digno, productivo y bien
remunerado; con evidente efecto sobre las posibilidades de alcanzar el progreso
social, ubicándonos en una situación de crecimiento sin desarrollo.
Ante tal escenario, cabe preguntarnos: ¿Para cual Venezuela
educamos?; ¿Qué tipo de demandas formula
el sistema económico al sistema educativo?;
¿Se han disminuido las desigualdades sociales generadoras de pobreza?;
¿Se han instrumentado políticas activas de empleo?; ¿Se han definido las
competencias aspiradas de un trabajador y de un empresario?
Se acepta, como en efecto es, que el crecimiento económico implica por sí
mismo un aumento en la actividad del aparato productivo, y por ende, una mejora
en el nivel de empleo, a la par de disminuir la pobreza coyuntural. En lo
específico de la pobreza, vale resaltar que ella presentará permanentemente una
circularidad en su comportamiento, a menos que las personas puedan potenciar
sus capacidades para mejorar su desempeño en una equilibrada relación entre el capital y el
trabajo, teniendo al sistema educativo como su eje transversal; lo cual equivale
a sostener que se ha de brindar al
ciudadano un acceso universal al conocimiento a la luz de una educación de
calidad que le aumente su potencialidad para enfrentar el dilema de la
movilidad social, teniendo al empleo digno como su aliado estratégico.
En tal sentido, la economía tanto en su enfoque macroeconómico como
microeconómico, debe colocarse al servicio de los seres humanos y sus
necesidades, hasta procurar su bienestar en el tránsito hacia satisfacer sus
esperanzas. Por otro lado, y en el marco de una política educativa moderna y
flexible, se deben promover innovadoras modalidades para la capacitación tanto
del trabajador como del empresario, en aras de facilitarles la adaptación a los
cambios en materia económica y tecnológica; y muy especialmente facilitarles el
acceso a las Nuevas Tecnologías, en procura de ayudarlos a convertir en
conocimiento el caudal de información que circula en el mundo de la
virtualidad.
Las políticas económicas, teniendo al pleno empleo como base del
desarrollo, han de formularse en un contexto social, político y jurídico que
facilite su ejecución, y se reviertan en una más justa distribución de los
resultados positivos del crecimiento económico. Para ello, se hace necesaria la
existencia de una integración y apoyo mutuo entre las políticas económicas y
educativas, en un escenario de diálogo permanente con la sociedad a los efectos
de formular dichas políticas, las cuales deben tener como referencia
obligatoria el Plan de Desarrollo Nacional, y contener orientaciones fundamentales
en materia de formación de recursos humanos, con la persona como eje central.
De igual modo, y siendo la educación la herramienta fundamental para la
generación del empleo pleno y productivo, ha de establecerse un vínculo
indisoluble entre las políticas educativas y el mercado laboral, que incluya la
obligante transición entre el aprendizaje y el trabajo; apoyando para tal fin
un fortalecimiento del sector educación en
uno de sus roles básicos como es el de facilitador del aprendizaje de
conocimientos, habilidades y destrezas; aunado a programas de aprendizaje
permanente, de capacitación profesional y de readiestramiento que permitan, por
una parte, mejorar la productividad del trabajo, y en consecuencia la elevación
de la remuneración de la fuerza de trabajo, y por la otra,
el fomento del emprendimiento y del empleo independiente con el concurso
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs); donde la agrupación de
empresas y su correspondiente especialización en determinadas actividades productivas,
bajo la figura de los denominados clúster pueden y deben jugar un papel de
trascendencia.
En relación al tema de las competencias necesarias para un buen desempeño
laboral u ocupacional, debe abordarse el análisis e instrumentación de enfoques
que faciliten conocer tanto las que posee el individuo, como identificar las
que se requieren para el ejercicio de una determinada ocupación, facilitando de
tal forma la participación activa del sector educativo en aras de equilibrar
ambos aspectos. Es claro, que el análisis e identificación de competencias
estará influenciado por el paradigma teórico del cual se parta, dentro de los
cuales, y apoyándonos en distintos autores, podemos mencionar: conductista,
funcionalista y constructivista.
El paradigma conductista, persigue la localización y descripción de
aquellos atributos causalmente relacionados con un desempeño eficiente de las
personas en sus puestos de trabajo. De
tal forma, las competencias se refieren muy especialmente a: rasgos de
personalidad, habilidades, actitudes, valores y conocimientos.
El paradigma funcionalista, se basa en la identificación de criterios
directamente relacionados con resultados concretos, a fin de adaptar los
sistemas de formación y capacitación profesional a las necesidades del mercado
laboral; razón por la cual las empresas son entendidas como sistemas sociales
abiertos en constante interacción con su entorno, habida cuenta que su
funcionamiento depende de sus relaciones con el mercado y otras instituciones.
El paradigma constructivista, tiene como objetivo la definición de normas
de tipo contextual que eviten las disfunciones que puedan surgir en las
organizaciones en lo atinente a la
formación y el empleo; lo cual puede conducir a la modificación o generación de
competencias. Este enfoque, convertido en una política de gestión por
competencias, implica superar los límites del aprendizaje tradicional,
ofreciendo a las personas un sistema de formación con prácticas en alternancia
en el que participan de forma activa e interrelacionada, tanto las
instituciones y agentes educativos, como las organizaciones del entorno
laboral.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), en distintas Cumbres de
las Américas ha abordado reiteradamente el tema del Desarrollo Económico Sostenible,
y es así que en la Declaración de Nuevo León, 2004, se señaló que cada país es
el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de
políticas racionales, buen gobierno y un eficiente estado de derecho; en el
entendido que el crecimiento económico sostenido, con equidad e inclusión
social, es una condición indispensable para crear empleo, enfrentar la pobreza
y superar la desigualdad (Declaración de Mar del Plata,2005); sin embargo
reconocen que el crecimiento económico es una condición básica e indispensable
pero no suficiente, para enfrentar las elevadas tasas de desocupación, pobreza
y expansión de la economía informal.
Muchos países han pasado por períodos de crecimiento económico que no se
ha traducido en tasas de empleo equivalentes, acentuando los problemas
existentes de alta concentración de ingresos, pobreza e indigencia; razón por
la cual el desafío consiste en sostener
tasas más altas de crecimiento con equidad e inclusión social, que generen
mayores oportunidades, inversión y desarrollo social.
En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido, de largo plazo y
equitativo que cree trabajo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los
niveles de vida de la población, se hace necesario instrumentar políticas
macroeconómicas sólidas encaminadas a mantener índices altos de crecimiento,
pleno empleo, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas de
cambio apropiadas, todo ello complementado por una gestión prudente de la deuda
pública, la diversificación de la economía y el mejoramiento de la
competitividad.
En un todo de acuerdo con lo antes expuesto, se ratifica el argumento
según el cual para reducir la pobreza, el hambre, crear trabajo decente y
digno, y elevar el nivel de vida, se deben lograr mayores niveles de desarrollo
empresarial y de crecimiento económico sostenible con equidad, para lo cual se
requiere promover mayor responsabilidad empresarial y mejor competitividad
(Declaración de Puerto España, 2009); e igualmente otorgarse mayor atención al
incremento del ritmo de crecimiento económico y la reducción de la pobreza, de
manera que ambos factores se refuercen, y que esta prioridad incluya políticas
sociales sectoriales que logren la efectiva reducción de la pobreza, así como
una mayor inversión en la población que resalte un mejor acceso a la educación
y a los servicios de salud (Plan de Acción de Québec, 2001); asumiendo el
Estado la garantía para el financiamiento de los servicios sociales, en el
marco de una definida política social.
Ante la realidad de la existencia de una Sociedad de la Información, ella
debe estar enfocada en el ser humano, incluyente y orientada al desarrollo e
inspirada en los objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y logro
del progreso en el marco de un desarrollo económico social equilibrado
(Declaración de Nuevo León, 2004).
Especial importancia se le concede a la participación del sector privado
a los fines del desarrollo; destacando que las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMEs) constituyen un componente fundamental para el crecimiento
económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza; hecho que
induce la formulación de políticas y programas que faciliten la consolidación y
formalización de las MIPYMEs (Declaración de Nuevo León, 2004).
Resulta axiomático para la ciencia económica afirmar, que la primera
condición para que un país se desarrolle es que cuente con empresas que
realicen inversiones de capital físico y humano, hasta estructurar un tejido
empresarial fuerte y competitivo. Esta verdad precisa de una serie de
condiciones, y muy especialmente un marco jurídico que garantice los derechos
de propiedad y exija el cumplimiento de los contratos; en síntesis un Gobierno democrático que
refleje una administración pública eficiente y respetuosa de la
institucionalidad.
En concordancia con lo expresado, se infiere que uno de los principales
desafíos a la estabilidad democrática es generar empleos productivos y de
calidad, con el interés superior por alcanzar que la mayoría de los ciudadanos
se beneficien de la prosperidad económica (Declaración de Mar del Plata, 2005).
Finalmente, vale destacar la importancia de adoptar políticas y
estrategias que alienten cambios en los patrones de producción y consumo para
alcanzar el desarrollo y una mejor calidad de vida, así como para contribuir a
la superación de la pobreza. A los fines de este propósito, la democracia es
esencial para la paz, la justicia y el desarrollo; al igual que para el
fortalecimiento de las instituciones y valores democráticos; convirtiéndose en
el ambiente propicio para labrar un camino hacia el progreso.
Jesús Alexis González
observatorio2012@gmail.com
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