Dueños de bienes inmuebles, grandes o pequeños, duermen intranquilos en Venezuela por estos días. Luego de que la oposición ganara estrechamente una mayoría del voto en las elecciones legislativas en septiembre, Hugo Chávez, el presidente izquierdista del país, ha emprendido una arremetida de nacionalización, al confiscar todo lo que se le atreviese, desde empresas en la industria siderúrgica pasando por embotelladoras hasta inmobiliarias. Cuando los trabajadores protestan, les lanza la Guardia Nacional. El gobierno ha justificado las confiscaciones con el argumento de que estaba rompiendo con monopolios o poniendo punto final al incumplimiento de reglas laborales o ambientales. Pero el objetivo pareciera enrumbarse contundentemente contra lo que Chávez denomina "la oligarquía" antes de que el nuevo parlamento, que tiene una marcada minoría de oposición, entre en sesiones en enero.
El 25 de octubre, la subsidiaria venezolana de la Owens-Illinois, fabricante estadounidense de envases de vidrio, pasó a ser la 200ª empresa nacionalizada en lo que va de año. Como es costumbre, los gerentes y trabajadores conocieron su destino durante una alocución televisada en vivo del presidente. Acusó a la empresa de explotar a sus trabajadores y causar grandes daños a los bosques. Pero el decreto de expropiación, publicado al día siguiente, no hizo mención de estos supuestos delitos, y en su lugar acusó a la empresa de aprovecharse de su posición dominante en el mercado.
Según los cálculos del mismo gobierno, se han confiscado unas 3.000 hectáreas de tierras y se propone confiscar otras 450.000 hectáreas el año entrante. Aunque la Constitución de 1999 garantiza los derechos de propiedad, los cambios sucesivos a la Ley de Tierras le han dado la potestad de apoderarse de la finca que le plazca, en muchos casos con poca o ninguna compensación.
No han salido mejor parados la industria y el comercio. Según la organización empresarial Fedecámaras, desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, casi 400 empresas han sido nacionalizadas, la vasta mayoría en los dos últimos años. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio informa que se pagó compensación a los dueños de apenas nueve de 44 compañías integrantes de la Cámara que fueron tomadas este año. La Constitución establece que no puede haber expropiación sin el veredicto final de los tribunales y sin una compensación justa. En la práctica, un plumazo del presidente es todo lo que hace falta.
En el transcurso de los años, ha cambiado la motivación oficial para la nacionalización. Las primeras adquisiciones forzosas se justificaron sobre la base de que la empresa (o finca) era improductiva. Luego el gobierno decidió que las áreas "estratégicas" de la economía debían pasar a manos del Estado. Así, en 2007 y 2008, asumió el control de empresas petroleras y eléctricas del sector privado, así como de compañías de telecomunicaciones, la industria del cemento y Sidor, la siderúrgica que fuera privatizada en la década de 1990.
Además, ahora el gobierno controla la cuarta parte del sistema bancario. Chávez señaló recientemente que cualquier banco que declinara "cooperar con el desarrollo nacional" al asignar créditos conforme a las prioridades gubernamentales también sería expropiado. Hoy día, los funcionarios declaran abiertamente que su objetivo consiste en implantar una economía socialista.
Paradójicamente, pese a las adquisiciones forzosas, la participación estatal en el PIB sigue estando alrededor del 30%, igual que en 1998. Esto se debe en parte a que el sector privado se expandió rápidamente durante el boom petrolero de 2004 a 2008. Pero también es porque muchas compañías nacionalizadas ahora producen menos de lo que producían cuando estaban en manos privadas. Gran parte de la industria alimentaria ha sido confiscada a fin de "garantizar la soberanía alimentaria". Pero el resultado ha sido un abrupto incremento en las importaciones. A principios de año, más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos importados por Pdval, un brazo de la compañía petrolera estatal, se hallaron en puertos y terrenos baldíos.
Hay una o dos excepciones. Los funcionarios alegan que la producción en Enlandes, una fábrica de lácteos nacionalizada, se ha elevado en 50% en dos años. El Ministro de Ciencias manifestó recientemente que la Cantv, la principal compañía de telecomunicaciones, cuenta con 65% más clientes desde su nacionalización, aunque no dio mayores detalles. Pero lo más típico es que una vez que las compañías pasan a manos del Estado, aumentan sus nóminas de empleados, los precios caen y se tornan más dependientes de los subsidios gubernamentales, a decir de Richard Obuchi del IESA, una escuela de negocios en Caracas. Adicionalmente, tienden a producir menos gama de productos.
La industria de la construcción ha sido duramente golpeada por la nacionalización. El cemento y las cabillas escasean (en ambas ha medrado el mercado negro). Sidor produjo 4,3 millones de toneladas de acero en su último año de administración privada; este año aspira alcanzar dos millones de toneladas. Otra razón por la que las constructoras se han ralentizado o detenido es que el gobierno les ha prohibido que ajusten los precios según la inflación, que está por encima de 30%. A principios de noviembre, Chávez expropió seis urbanizaciones en construcción, para el horror de la mayoría de los compradores. Los constructores, señala el presidente, son "bandidos" que no recibirán ninguna compensación por la medida.
La historia se repite en casi todas las áreas donde ha incursionado el gobierno. La nacionalización de la electricidad contribuyó a la escasez del suministro eléctrico, en presencia de un severo racionamiento a principios de año y constantes apagones en todo el país. La industria petrolera, gran parte de la cual ya era propiedad del Estado, ha visto decaer la producción del crudo y de los productos refinados (en cuánto, eso es materia objeto de debate).
Las encuestas sugieren que la mayoría de los venezolanos desaprueba las nacionalizaciones y respalda firmemente la propiedad privada. Pero Chávez al parecer sigue el consejo de Alan Woods, un trotskista galés devenido en asesor informal. Woods, más conocido en Caracas que Cardiff, la capital de Gales, exhortó públicamente al presidente a que respondiera ante su revés electoral "acelerando el proceso revolucionario", expropiando tierras, bancos y las principales industrias. Más les vale a los venezolanos prepararse para más nacionalización, escasez y declive económico.
Traducción: Conchita Delgado
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El 25 de octubre, la subsidiaria venezolana de la Owens-Illinois, fabricante estadounidense de envases de vidrio, pasó a ser la 200ª empresa nacionalizada en lo que va de año. Como es costumbre, los gerentes y trabajadores conocieron su destino durante una alocución televisada en vivo del presidente. Acusó a la empresa de explotar a sus trabajadores y causar grandes daños a los bosques. Pero el decreto de expropiación, publicado al día siguiente, no hizo mención de estos supuestos delitos, y en su lugar acusó a la empresa de aprovecharse de su posición dominante en el mercado.
Según los cálculos del mismo gobierno, se han confiscado unas 3.000 hectáreas de tierras y se propone confiscar otras 450.000 hectáreas el año entrante. Aunque la Constitución de 1999 garantiza los derechos de propiedad, los cambios sucesivos a la Ley de Tierras le han dado la potestad de apoderarse de la finca que le plazca, en muchos casos con poca o ninguna compensación.No han salido mejor parados la industria y el comercio. Según la organización empresarial Fedecámaras, desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, casi 400 empresas han sido nacionalizadas, la vasta mayoría en los dos últimos años. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio informa que se pagó compensación a los dueños de apenas nueve de 44 compañías integrantes de la Cámara que fueron tomadas este año. La Constitución establece que no puede haber expropiación sin el veredicto final de los tribunales y sin una compensación justa. En la práctica, un plumazo del presidente es todo lo que hace falta.
En el transcurso de los años, ha cambiado la motivación oficial para la nacionalización. Las primeras adquisiciones forzosas se justificaron sobre la base de que la empresa (o finca) era improductiva. Luego el gobierno decidió que las áreas "estratégicas" de la economía debían pasar a manos del Estado. Así, en 2007 y 2008, asumió el control de empresas petroleras y eléctricas del sector privado, así como de compañías de telecomunicaciones, la industria del cemento y Sidor, la siderúrgica que fuera privatizada en la década de 1990.
Además, ahora el gobierno controla la cuarta parte del sistema bancario. Chávez señaló recientemente que cualquier banco que declinara "cooperar con el desarrollo nacional" al asignar créditos conforme a las prioridades gubernamentales también sería expropiado. Hoy día, los funcionarios declaran abiertamente que su objetivo consiste en implantar una economía socialista.
Paradójicamente, pese a las adquisiciones forzosas, la participación estatal en el PIB sigue estando alrededor del 30%, igual que en 1998. Esto se debe en parte a que el sector privado se expandió rápidamente durante el boom petrolero de 2004 a 2008. Pero también es porque muchas compañías nacionalizadas ahora producen menos de lo que producían cuando estaban en manos privadas. Gran parte de la industria alimentaria ha sido confiscada a fin de "garantizar la soberanía alimentaria". Pero el resultado ha sido un abrupto incremento en las importaciones. A principios de año, más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos importados por Pdval, un brazo de la compañía petrolera estatal, se hallaron en puertos y terrenos baldíos.
Hay una o dos excepciones. Los funcionarios alegan que la producción en Enlandes, una fábrica de lácteos nacionalizada, se ha elevado en 50% en dos años. El Ministro de Ciencias manifestó recientemente que la Cantv, la principal compañía de telecomunicaciones, cuenta con 65% más clientes desde su nacionalización, aunque no dio mayores detalles. Pero lo más típico es que una vez que las compañías pasan a manos del Estado, aumentan sus nóminas de empleados, los precios caen y se tornan más dependientes de los subsidios gubernamentales, a decir de Richard Obuchi del IESA, una escuela de negocios en Caracas. Adicionalmente, tienden a producir menos gama de productos.
La industria de la construcción ha sido duramente golpeada por la nacionalización. El cemento y las cabillas escasean (en ambas ha medrado el mercado negro). Sidor produjo 4,3 millones de toneladas de acero en su último año de administración privada; este año aspira alcanzar dos millones de toneladas. Otra razón por la que las constructoras se han ralentizado o detenido es que el gobierno les ha prohibido que ajusten los precios según la inflación, que está por encima de 30%. A principios de noviembre, Chávez expropió seis urbanizaciones en construcción, para el horror de la mayoría de los compradores. Los constructores, señala el presidente, son "bandidos" que no recibirán ninguna compensación por la medida.
La historia se repite en casi todas las áreas donde ha incursionado el gobierno. La nacionalización de la electricidad contribuyó a la escasez del suministro eléctrico, en presencia de un severo racionamiento a principios de año y constantes apagones en todo el país. La industria petrolera, gran parte de la cual ya era propiedad del Estado, ha visto decaer la producción del crudo y de los productos refinados (en cuánto, eso es materia objeto de debate).
Las encuestas sugieren que la mayoría de los venezolanos desaprueba las nacionalizaciones y respalda firmemente la propiedad privada. Pero Chávez al parecer sigue el consejo de Alan Woods, un trotskista galés devenido en asesor informal. Woods, más conocido en Caracas que Cardiff, la capital de Gales, exhortó públicamente al presidente a que respondiera ante su revés electoral "acelerando el proceso revolucionario", expropiando tierras, bancos y las principales industrias. Más les vale a los venezolanos prepararse para más nacionalización, escasez y declive económico.
Traducción: Conchita Delgado
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